Ciudad de Guatemala, 14 agosto (Diestra).- La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló este miércoles que ha denunciado ante la justicia a una estructura de empresas que le facturaron al Estado más de 6,4 billones de quetzales (más de US$826,87 millones) entre 2021-2023, pero hicieron una millonaria defraudación fiscal.
El titular de la SAT, Marco Livio Díaz, explicó en una rueda de prensa que a la estructura de defraudación se le ha denominado «B410» por ser el número de empresas y que la investigación del caso les ha llevado 9 meses.
«Es un caso que nos duele porque son compañías que reciben fondos del Estado y se apropian del Impuesto al Valor Agregado (IVA)», afirmó el funcionario.
Díaz hizo un llamamiento a las cámaras empresariales, a las élites intelectuales y tanques de pensamiento y también a la sociedad civil a que emitan condenas sobre este caso, en el que la SAT tiene 644 folios de pruebas.
Enfatizó que son empresas que participan en contratos con el Estado pero se apropian del IVA para no pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Para tener las pruebas de la millonaria defraudación que por ahora suman 300 millones de quetzales (US$38,75 millones) pero que puede llegar a los US$103,35 millones, se realizaron auditorías y fiscalizaciones electrónicas, entre otras, detalló.
Dijo que se investigó la relación de compra y venta de las compañías y se detectó que en la mayoría tenían al mismo abogado y al mismo contador, pero las direcciones que registraron en la SAT son inexistentes.
Díaz dijo que las empresas alteran los documentos para inscribirse, en el ISR no presentan activos para prestar los servicios que ofrecen y se constituyen en las denominadas «zonas rojas» en donde no se puede ingresar.
«Si facturan pero no declarar todo y más de 200 direcciones no existen», enfatizó el funcionario del ente recaudador de impuestos en Guatemala.
En la investigación, en la que se estima que se emitieron más de 5,7 billones de facturas, participaron más de 70 funcionarios. Hasta ahora se han identificado 239 empresas que le venden al Estado, algunas directamente y otras a través de proveedores, involucradas en la defraudación pero que no presentan activos,
La Policía Nacional Civil (PNC), municipalidades, hospitales, el Ministerio de Cultura yu Deportes, el Fondo de Tierras y el de Desarrollo Social, son algunas de las instituciones que les pagaron a estas empresas defraudadoras de impuestos.
Días precisó que en la investigación se detectó que 16 contribuyentes le facturaron al Estado 4,342 millones de quetzales (más de US$560,98 millones) a través de proveedores, y que la mayor cantidad, 3,189 millones de quetzales (US$412,01 millones) fue a la Dirección General de Caminos que pertenece al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Sostuvo que las empresas no tienen capital de soporte y que no puede divulgar los nombres porque la investigación aún continúa.
Sin embargo, agregó que 5 empresas que le vendían al Estado ya son investigadas por el Ministerio Público (MP).
La denuncia de la millonaria defraudación tributaria al Estado guatemalteco fue presentada este miércoles ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia, pero se le entregó una copia al MP, a la Contraloría General de Cuentas (CGC) y a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Anunció que los contribuyentes que están implicados en el caso «B410» serán desactivados este mismo día de la SAT, que la investigación establecerá si hay funcionarios comprometidos y que confía en que el MP investigue.
