NUEVA YORK.- Con la selección del jurado, este martes inicia oficialmente el juicio al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, donde anteriormente su hermano Antonio “Tony” Hernández fue sentenciado por cargos similares.
La principal acusación, liberada por un gran jurado en enero del 2022, señala que Hernández conspiró con otros para permitir la “importación de cocaína” hacia los Estados Unidos.
Son tres los cargos contra Hernández: 1) conspiración para la importación de cocaína, 2) posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y 3) conspiración para la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. El primer cargo tiene varios elementos por separado que podrían ser anexados como agravantes cuando el jurado decida sobre el caso.
Con el dinero recibido, Hernández es acusado de financiar su campaña electoral en los procesos de 2013 y 2017.
“[El acusado] provocó que se proporcionara información confidencial policial y militar a los narcotraficantes para colaborar en sus actividades delictivas; hizo que miembros de la Policía Nacional de Honduras y militares protegieran cargamentos de droga en Honduras; y permitió que se cometiera violencia brutal sin consecuencias”, se indica.
La investigación a Hernández abarca de 2004 al 2022, lo que derivó en su extradición en enero para enfrentar juicio en Nueva York ante el juez Kevin Castel; la defensa está integrada por los abogados Raymond L Colon, Sabrina P. Shroff y Renato Christian Stabile.
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Honduras como un “narcoestado”
En la acusación al expresidente de Honduras se indica que, debido a su colusión con el narcotráfico, el país terminó siendo un “narcoestado”, es decir, un gobierno liderado por un presunto narcotraficante.
“El acusado abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado, con el fin de enriquecerse y ganar y mantener el poder de manera corrupta”, dice la acusación. “Corrompió las instituciones legítimas de Honduras, incluyendo partes de la Policía Nacional, el ejército y el Congreso Nacional de Honduras”.
El Departamento de Justicia acusa que Hernández pretendía ser un aliado de los EE.UU., pero contribuyó a crear una ruta de droga hacia este país.
“Aunque públicamente pretendía ser un aliado de los Estados Unidos, contribuyó con sus cómplices a que Honduras se convirtiera en uno de los puntos de transbordo más grandes del mundo para los pasajeros con destino a los Estados Unidos”, dice la acusación.
Para las autoridades estadounidenses este proceso es histórico, debido al nivel que los grupos del crimen organizado llegaron para continuar con sus operaciones.
“El Departamento está comprometido a desarticular todo el ecosistema de las redes de tráfico de drogas que dañan al pueblo estadounidense, sin importar cuán lejos o cuán alto debamos llegar”, dijo el fiscal general Merrick B. Garland en abril del 2022, tras la extradición de Hernández.
Un caso histórico
Juan Orlando Hernández es el primer expresidente de América Latina que será procesado en EE.UU. por narcotráfico, aunque ha habido otros mandatarios a quienes se señala por corrupción o violaciones a los derechos humanos.
La mayor parte de los casos contra exmandatarios –por corrupción o abusos a derechos humanos– se desarrollaron en sus propios países, reporta un recuento de Americas Quarterly, una revista especializada en política de América Latina.
La revista no lo menciona, pero uno de los procesos abiertos por EE.UU. contra un mandatario es la acusación a Nicolás Maduro, por narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros cargos criminales, pero tras la liberación de Alex Saab, uno de los principales socios del presidente de Venezuela, no queda claro cómo continuará le proceso contra Maduro.
EE.UU. no ha presentado acusaciones formales contra ningún expresidente de México, pero en junio será sentenciado Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, acusado de liderar una organización criminal desde el gobierno.
En febrero, ProPublica reveló que la DEA investigó a miembros del equipo de campaña de 2006 del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no encontró evidencia de vínculos directos con el mandatario. Este diario confirmó con el gobierno de EE.UU. que esa investigación fue cerrada en 2011 “siguiendo los protocolos” sobre conclusión de indagatorias.