Ciudad de Guatemala, 8 diciembre (Diestra).- El Ministerio Público pedirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE) anular las elecciones celebradas este año en Guatemala en la que resultó ganador como presidente para el periodo 2024-2028, el progresista Bernardo Arévalo, debido a irregularidades y fraude.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, aseguró que los hallazgos de la investigación son «contundentes» y que la información será trasladado al TSE para que sea el pleno el que tome la decisión.
«Desde nuestro particular punto de vista las elecciones deben anularse», sentenció el fiscal al señalar que todos los partidos políticos y todos los candidatos fueron afectados en los comicios.
Durante una rueda de prensa en la sede del Ministerio Público (MP), la fiscal auxiliar Leonor Morales detalló que al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se subieron datos antes de que se cerraran las votaciones el 25 de junio, día de las elecciones generales.
«Son datos falsos, ilegales y fraudulentos» y «no reflejan la voluntad popular», enfatizó Morales, al destacar también que la investigación que realizó la FECI ha sido minuciosa y objetiva, con la finalidad de deducir responsabilidades contra quienes sean loa responsables de las irregularidades.
«Qué certeza pueden tener los datos», se cuestionó Curruchiche, al explicar las irregularidades que se encontraron en las actas electorales, las cuales no coinciden.
Morales afirmó que los datos «se cargaron ilegalmente al sistema TREP» y que por ello han pedido la orden de captura en contra del director de Informática del TSE, Jorge Santos.
Los resultados de la primera vuelta del 25 de junio y del 20 de agosto fueron oficializado por el TSE, cuyos magistrados han dicho en reiteradas ocasiones que no hubo fraude y que las votaciones en las que se eligió a Arévalo como nuevo presidente fueron transparentes.
Cuatro de los cinco magistrados titulares del TSE, sin embargo, perdieron su inmunidad y deben ser investigados por una supuesta compra anómala del sistema informático para los comicios.
Se trata de Irma Palencia, expresidenta del TSE, Gabriel Aguilera, Mynor Franco y Ranulfo Rojas, quienes se encuentra fuera de Guatemala luego de ser desaforados por el Congreso.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó lo informado por los fiscales dijo que es un «intento de golpe de Estado».
Este es el pronunciamiento