Por La Opinión
Luego del fracaso por quitar el Título 42, una medida de expulsión impulsada por Donald Trump bajo el argumento de la crisis sanitaria, este 31 de mayo inicia un nuevo programa, donde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dará seguimientos a casos de asilo en la frontera con México, al confirmar su “regla final” que contempla procesos más rápidos en atender peticiones de inmigrantes, pero también la expulsión acelerada.
Según expertos, este nuevo plan no parece ayudar mucho al entorno que se vive en la frontera sur, pues el procedimiento instituido por el Gobierno del presidente Joe Biden para acelerar las audiencias de solicitantes de asilo recién llegados al país tiene al borde de la deportación a casi todas las solicitudes (99.1%), ya que no cuentan con un proceso justo, como reveló un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
Este plan viene desde 2021, cuando Joe Biden dio a conocer la propuesta para acelerar el manejo de las solicitudes de asilo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para abordar un récord de aproximadamente 1,300,000 de casos acumulados.
Será a partir de este martes 31 de mayo, que los solicitantes de asilo presentarán sus casos a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y no tendrán que esperar a los jueces para definir su situación migratoria.
El plan pretende agilizar los procesos de los migrantes que cruzan la frontera. Los oficiales de asilo tendrán 90 días para resolver los casos.
Al recibir la solicitud el funcionario valuará lo que se conoce como miedo creíble y entrevistarán al solicitante durante los primeros 30 días, de acuerdo a la cadena CBS. Después, los oficiales tendrán 60 días para denegar o conceder el asilo. Si el fallo es favorable podrán permanecer en el país y optar a la residencia permanente un año después de la decisión.
Si el oficial de asilo rechaza el pedido de un solicitante, el migrante puede solicitar una reconsideración de su caso ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, dentro de los siete días de la resolución de su caso.
