Ciudad de Guatemala, 21 noviembre (Diestra).- Decenas de transportistas y choferes de taxis, camionetas y autobuses de pasajeros salieron este martes en caravana a protestar e defensa de la democracia en Guatemala, mientras las poblaciones ancestrales reiteraron que seguirán en resistencia en el país para que no se anulen las elecciones celebradas este año.
Desde la ruta Interamericana y procedentes del departamento occidental de Sololá, los choferes de los vehículos van en caravana hacia el centro de la capital guatemalteca pero sin bloquear el paso al resto del transporte que circula por la carretera.
Las autoridades ancestrales explicaron que esta protesta, que ellos llamas pacífica, es en contra de algunos funcionarios, especialmente del Ministerio Público (MP) y jueces, que pretenden anulas el resultado de las elecciones y evitar la toma de posesión de las personas que fueron elegidas el 25 de junio y 20 de agosto pasado.
El presidente del Consejo de 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, dijo en una rueda de prensa que los pueblos indígenas, que el 2 de octubre pasado iniciaron las protestas, continuarán con la resistencia pacífica hasta lograr que renuncie la fiscal general, María Consuelo Porras.
«Seguimos en resistencia porque esperamos que no se siga atentando contra nuestra democracia», dijo el dirigente.
En un comunicado firmado por todas las autoridades ancestrales afirman que la caravana de transportistas que este martes manifiestan demuestra que la «unidad es el camino para defender la democracia ante los intentos de una minoría de anulas las elecciones».
«Rechazamos que el MP monte un caso espurio» llamado USAC, botín político en el que impliquen a algunos catedráticos y al binomio presidencial electo -Bernardo Arévalo y Karin Herrera- pese a que el INACF (Instituto Nacional de Ciencias Forenses) dijo que no participaron en la ocupación» de esa casa de estudios, señalaron.
El MP ha pedido que se le quite la inmunidad al binomio presidencial por considerar que utilizar a la estatal Universidad de San Carlos (USAC) como una «plataforma política» para los comicios, pero hasta ahora los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que recién tomaron posesión de sus cargos tras ser electos por el Congreso, no han dicho cuándo conocerán este caso.
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