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(Washington D. C.) – El Congreso de Guatemala debe garantizar un proceso de selección transparente y basado en mérito para los jueces de la Corte Suprema y de las Salas de las Cortes de Apelaciones, señaló hoy Human Rights Watch.
El 23 de septiembre de 2024, las Comisiones de Postulación presentaron al Congreso una lista de candidatos para los 13 cargos de la Corte Suprema y los 156 cargos de las Salas de las Cortes de Apelaciones para el período 2024-2029. Según la ley guatemalteca, el Congreso debe elegir a los jueces antes del 13 de octubre, con un voto de mayoría absoluta.
“La selección de jueces para las altas cortes de Guatemala ofrece una oportunidad histórica para comenzar a restaurar la integridad e independencia del poder judicial del país”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Los legisladores deben priorizar a los candidatos con historiales de integridad intachables y un compromiso demostrado con la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho”.
El poder judicial guatemalteco carece de suficiente independencia e integridad, lo cual socava el Estado de derecho y amenaza la protección de los derechos humanos. Ello se debe a problemas estructurales vinculados al proceso de selección judicial, incluyendo procedimientos de nominación poco transparentes y tráfico de influencias por parte de intereses privados y otros actores que buscan manipular el sistema en su propio beneficio. Estos problemas han permitido una corrupción generalizada y han facilitado que jueces y fiscales persigan arbitrariamente a defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas.
Durante el mandato de Consuelo Porras, el Ministerio Público ha presentado numerosas denuncias penales contra jueces, fiscales y periodistas independientes que han investigado y expuesto entramados de corrupción y el abuso de poder en Guatemala. Según la organización sin fines de lucro Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), al menos 91 personas habían huido al exilio debido a procesos penales, amenazas o acoso desde 2022.
Durante las elecciones presidenciales de 2023, el Ministerio Público y algunos jueces intentaron interferir ilegalmente en el proceso electoral e impedir que Bernardo Arévalo asumiera la presidencia. El Ministerio Público lideró esfuerzos para suspender la personalidad jurídica del partido de Arévalo, Movimiento Semilla, allanó su sede y confiscó más de 125.000 documentos electorales.
La legislación de Guatemala establece que las Comisiones de Postulación deben establecer los procedimientos para la selección de las nóminas de candidatos para la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Estos órganos, formados por rectores de universidades y decanos de facultades de derecho, magistrados y miembros del Colegio de Abogados y Notarios, están encargados de evaluar a los postulantes, garantizando que ostenten las cualidades profesionales y éticas indispensables para desempeñar su función, y presentar listados finales al Congreso.
Entre finales de julio y septiembre, las comisiones compilaron la lista de candidatos para la Corte Suprema y para las Cortes de Apelaciones. Miembros de organizaciones de la sociedad civil que monitorearon el proceso y una misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) documentaron falencias significativas en el proceso de selección. Entre otras, señalaron conflictos de interés de los integrantes de las comisiones, falta de transparencia y verificación adecuada de expedientes de los candidatos. En particular, cuestionaron la falta de una evaluación rigurosa de cualidades esenciales como la ética y la integridad de los candidatos. Asimismo, las limitaciones de tiempo llevaron a sesiones de votación aceleradas, especialmente para las Cortes de Apelaciones.
Aunque las comisiones de postulación han excluido a algunos candidatos creíblemente vinculados a corrupción y abuso de poder, organizaciones de la sociedad civil y mediosindependientes han expresado preocupaciones sobre algunos de los nominados. Estos incluyen a cinco candidatos (Carlos Rodimro Lucero Paz, César Augusto Ávila Aparicio, Gustavo Adolfo Morales Duarte, Jorge Eduardo Tucux Coyoy y Flor de María Gálvez Barrios), a quienes fiscales han investigado por su presunto rol en un esquema de tráfico de influencias para el nombramientos de altas cortes conocido como “comisiones paralelas”.
Otros candidatos para la Corte Suprema incluyen a Dimas Jiménez y Jiménez, un fiscal que ha dirigido una investigación abusiva contra manifestantes pacíficos que protestaron por la elección del rector de la Universidad de San Carlos, la universidad pública más grande del país.
Los legisladores deberían priorizar a los candidatos que demuestren un historial sólido en la búsqueda de justicia y una trayectoria comprobada de independencia e integridad, dijo Human Rights Watch.
Los estándares internacionales requieren que cualquier método utilizado para la selección de personal judicial garantice que los funcionarios no sean nombrados por motivos indebidos. Tal como señalan los principios de independencia judicial de Naciones Unidas, un poder judicial independiente debe manifestar sus opiniones “sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”. Según la Constitución de Guatemala, el nombramiento de cargos públicos debe basarse únicamente en “razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.
“El futuro de la justicia en Guatemala está en juego”, dijo Goebertus. “El resultado de este proceso no solo definirá la capacidad del país para combatir la corrupción y proteger los derechos humanos, sino también la calidad democrática de Guatemala”.
