Las declaraciones desde Washington reabren el debate sobre hasta dónde debe llegar la cooperación internacional frente al crimen organizado transnacional y cuál será la posición de Guatemala ante una estrategia regional de seguridad cada vez más intensa.
OPINION
Washington, DC.- Las recientes declaraciones del Secretario de Guerra (Defensa) de Estados Unidos, Pete Hegseth, han colocado nuevamente a Guatemala en el centro de un debate que durante años ha generado tensiones políticas y diplomáticas: ¿hasta dónde debe llegar la defensa de la soberanía nacional cuando las amenazas del crimen organizado operan sin reconocer fronteras?
La respuesta ofrecida por el funcionario estadounidense durante una entrevista televisiva, al afirmar que podrían desarrollarse acciones similares a las realizadas contra estructuras criminales, como en Venezuela contra el jefe del grupo criminal: «Tren de Aragua» y en Guatemala y Ecuador, fue suficiente para encender las alarmas en el ambiente guatemalteco. Aunque el gobierno del presidente Bernardo Arévalo respondió reiterando que no existe autorización para operaciones militares extranjeras en territorio nacional, el episodio dejó en evidencia una realidad incómoda: la creciente preocupación internacional sobre la capacidad de los Estados latinoamericanos para enfrentar organizaciones criminales que han adquirido dimensiones transnacionales.
El problema de fondo no es la presencia o ausencia de tropas extranjeras. El verdadero debate gira alrededor de la efectividad de las instituciones guatemaltecas frente a redes criminales que movilizan drogas, armas, dinero y personas a través de múltiples países. Durante décadas, Guatemala ha sido identificada como un corredor estratégico para diversas actividades ilícitas, situación que ha provocado constantes llamados de organismos internacionales para fortalecer los mecanismos de seguridad, inteligencia y justicia.
En ese contexto surge una pregunta inevitable: ¿puede un Estado enfrentar por sí solo amenazas que operan simultáneamente en varios continentes y que poseen recursos económicos superiores a los presupuestos de muchas instituciones públicas? Washington parece considerar que la respuesta es negativa y por ello impulsa mecanismos de cooperación cada vez más amplios bajo iniciativas regionales como el denominado Escudo de las Américas. Desde la perspectiva estadounidense, la seguridad hemisférica requiere una coordinación mucho más profunda entre países aliados.
Para el gobierno guatemalteco, sin embargo, la situación resulta políticamente compleja. Cualquier acercamiento excesivo a estrategias impulsadas desde Washington puede ser interpretado por sectores nacionales como una cesión de soberanía. Pero una postura demasiado distante también puede generar dudas entre socios internacionales sobre el nivel de compromiso del país frente al combate del crimen organizado transnacional.
La dificultad aumenta cuando esta discusión ocurre en un momento de desgaste político interno. Diversas mediciones de opinión pública muestran una disminución en los niveles de respaldo ciudadano hacia la administración de Bernardo Arévalo, superando únicamente a la gobernante de Venezuela y al presidente de Perú, colocando en la altepenúltima posición de aceptación en América Latina, lo que convierte cualquier controversia relacionada con seguridad y relaciones exteriores en un asunto particularmente sensible. En política, las percepciones suelen ser tan importantes como los hechos, y la imagen de desacuerdo o distanciamiento con un aliado estratégico como Estados Unidos inevitablemente genera interrogantes dentro y fuera del país.
Más allá de las declaraciones y las interpretaciones, el desafío para Guatemala consiste en demostrar que puede fortalecer sus capacidades institucionales sin renunciar a su soberanía. La cooperación internacional no debería entenderse como una sustitución del Estado, sino como una herramienta para reforzar sus capacidades frente a amenazas cada vez más sofisticadas. El verdadero riesgo no está en colaborar con los aliados; el riesgo radica en que el crimen organizado continúe ampliando su poder mientras los gobiernos debaten dónde termina la soberanía y dónde comienza la responsabilidad compartida por la seguridad regional.
Las preguntas que hoy circulan en los círculos diplomáticos son inevitables: ¿considera Washington que Guatemala está haciendo lo suficiente para enfrentar estas amenazas? ¿Existe una diferencia de visión estratégica entre ambos gobiernos sobre cómo combatir al crimen organizado? ¿Podrá la administración guatemalteca equilibrar la defensa de la soberanía con las exigencias de una seguridad hemisférica cada vez más interdependiente? Las respuestas a esas interrogantes podrían definir una parte importante de la relación bilateral en los próximos meses. Y aquí aparece de nuevo un fantasmas: Biden o Trump, la respuesta publica de Arévalo fue: BIDEN.
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