Washington propone aranceles de hasta 12.5% y advierte que no permitirá que productos vinculados a explotación laboral compitan con la producción estadounidense
Por Diestra La Revista
WASHINGTON, D.C. – La administración del presidente Donald Trump elevó la presión comercial sobre decenas de socios económicos al concluir que 60 economías mantienen prácticas insuficientes para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, una situación que, según Washington, perjudica a los trabajadores y empresas estadounidenses. La decisión fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que determinó que estas prácticas constituyen una carga y una restricción al comercio estadounidense bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Entre los países señalados figuran varias naciones latinoamericanas, incluyendo Guatemala, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Honduras, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. También aparecen importantes socios comerciales de Estados Unidos como China, India, Japón, Reino Unido, Australia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Singapur y Vietnam. De manera separada, Estados Unidos concluyó que Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán sí cuentan con mecanismos para prohibir la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso, pero han fallado en su aplicación efectiva.
El embajador y Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que la falta de controles adecuados crea una competencia desleal para los trabajadores estadounidenses. “El fracaso de nuestros socios comerciales más importantes para abordar la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso es inaceptable. Esto obliga a los trabajadores estadounidenses a competir en condiciones desiguales a nivel mundial”, declaró.
Según el informe de la USTR, la ausencia de prohibiciones efectivas contra productos vinculados al trabajo forzoso socava los esfuerzos internacionales para erradicar estas prácticas, permite que empresas que utilizan mano de obra explotada produzcan a menor costo, distorsiona las condiciones del mercado y afecta la rentabilidad de compañías que cumplen con estándares laborales legítimos. Washington sostiene además que esta situación facilita la evasión de las restricciones ya existentes contra mercancías producidas mediante explotación laboral.
Como respuesta, la administración estadounidense propuso imponer aranceles adicionales. Los países que han adoptado o se han comprometido a adoptar prohibiciones contra bienes producidos con trabajo forzoso enfrentarían un recargo del 10%, mientras que el resto podría quedar sujeto a tarifas adicionales del 12.5%. La propuesta también contempla un mecanismo especial para determinados productos textiles y de confección que permitiría el ingreso de ciertos volúmenes con tasas reducidas.
Las autoridades estadounidenses argumentan que la falta de controles en estos países expone a los productores estadounidenses a una competencia injusta tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales, al permitir que bienes elaborados a menor costo mediante trabajo forzoso desplacen productos fabricados bajo condiciones laborales legales y reguladas.
La USTR abrió un período de consulta pública para evaluar las medidas propuestas. Las solicitudes para participar en las audiencias deberán presentarse antes del 22 de junio de 2026, mientras que los comentarios escritos podrán enviarse hasta el 6 de julio. Las audiencias públicas fueron programadas para el 7 de julio, fecha en la que empresas, organizaciones y gobiernos podrán presentar argumentos a favor o en contra de los nuevos aranceles.
La medida representa uno de los esfuerzos comerciales más amplios emprendidos por Washington en los últimos años y podría generar tensiones con varios de sus principales socios comerciales, especialmente en América Latina y Asia, donde numerosos países han quedado incluidos en la investigación. Analistas consideran que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para endurecer las condiciones de acceso al mercado estadounidense y reforzar la protección de la producción nacional frente a prácticas consideradas desleales.
