OPINION
La política latinoamericana parece estar entrando en una nueva etapa. Si se confirma el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella en Colombia, aun por un margen estrecho, el resultado enviaría un mensaje que trasciende las fronteras colombianas: una parte significativa de la ciudadanía estaría optando por un rumbo distinto al impulsado durante los últimos años por el gobierno de Gustavo Petro. Más allá de nombres y partidos, el resultado representaría el deseo de millones de colombianos de recuperar la confianza en las instituciones, fortalecer la seguridad y reactivar las oportunidades de desarrollo económico.
Sin embargo, antes de analizar los resultados electorales, conviene hacer una pausa para observar el país que heredará la próxima administración. Los desafíos son enormes. Informes especializados advierten que Colombia enfrenta una expansión de las economías criminales, un aumento significativo en el número de combatientes ilegales y un fortalecimiento de estructuras armadas que disputan territorios en más de diez departamentos. Los cultivos de coca alcanzan niveles históricamente elevados, la producción de cocaína continúa creciendo y regiones enteras viven bajo la presión de grupos criminales que compiten por el control de rutas, extorsiones y minería ilegal.
Las cifras son preocupantes. Según el análisis elaborado a partir de estudios de InSight Crime, los grupos armados ilegales superan los 27 mil integrantes, más del doble de los registrados en 2018. Al mismo tiempo, los cultivos de coca alcanzan más de 262 mil hectáreas y la producción de cocaína supera las tres mil toneladas métricas. A ello se suma una crisis humanitaria que ha provocado más de cien mil desplazados en zonas como Catatumbo. Estas estadísticas no pueden ser ignoradas por quienes han tenido responsabilidades de gobierno durante los últimos años.
Los críticos de la administración Petro sostienen que la estrategia de «Paz Total» produjo resultados distintos a los esperados. Argumentan que, lejos de debilitar a las organizaciones criminales, la fragmentación de los grupos armados terminó generando estructuras más pequeñas, flexibles y difíciles de combatir. Incluso el informe señala que la fragmentación coincidió con un fortalecimiento de las capacidades militares y territoriales de estas organizaciones. Esa realidad será uno de los principales retos para cualquier nuevo gobierno.
En ese contexto, diversos sectores políticos han cuestionado también la gestión de algunos funcionarios que ocuparon posiciones clave durante el actual mandato, entre ellos el exministro de Defensa Iván Velásquez. Sus detractores consideran que varias decisiones adoptadas durante este período contribuyeron al debilitamiento de capacidades estatales en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Corresponderá a las instituciones competentes determinar responsabilidades políticas o administrativas donde existan señalamientos sustentados y, de ser necesario, actuar conforme a la ley. Velásquez, también debe ser procesado por los abusos que cometió en Guatemala, expresan dirigentes de grupos conservadores, que demandan que casos donde fallecieron guatemaltecos por instancias de las acciones del exministro de Defensa colombiano, no pueden ni deben quedar impúnes.
Lo cierto es que millones de colombianos han enviado un mensaje claro desde las urnas: la seguridad, el crecimiento económico y el fortalecimiento institucional continúan siendo prioridades fundamentales. Cuando, los ciudadanos, perciben deterioro en la seguridad, aumento de la criminalidad o dificultades económicas, suelen buscar alternativas políticas que prometan corregir el rumbo.
Lo ocurrido en Colombia también podría ser interpretado como parte de una tendencia más amplia en América Latina. En varios países de la región los electores han comenzado a cuestionar modelos políticos que, según sus críticos, no lograron responder de manera efectiva a problemas como la inseguridad, la corrupción y el estancamiento económico. Cada nación tiene sus propias circunstancias, pero el mensaje de los votantes parece coincidir en un punto: los resultados importan más que los discursos.
Para los gobiernos de la región, como México, Nicaragua y Guatemala, la lección es sencilla. Ninguna administración puede dar por sentado el respaldo popular. La ciudadanía exige transparencia, seguridad, empleo y oportunidades. Por ello analistas dicen que los dirigentes deben poner sus encanadas barbas en remojo. Porque cuando esos objetivos no se cumplen, las urnas terminan convirtiéndose en el mecanismo de corrección democrática.
Por eso, más allá de una elección presidencial o de una victoria partidaria, el mensaje que hoy emerge desde Colombia puede resumirse en una frase que resuena cada vez con más fuerza en América Latina:
El cambio ha llegado.
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