El máximo tribunal estadounidense rechazó la interpretación impulsada por el Ejecutivo y reafirmó la protección constitucional de la ciudadanía por nacimiento. Más allá del contenido del fallo, el caso vuelve a poner sobre la mesa el valor de respetar las decisiones de los tribunales constitucionales en una democracia.
Washington, DC.- La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de mantener la protección constitucional de la ciudadanía por nacimiento, 6 votos contra 3, al declarar incompatible con la Decimocuarta Enmienda la orden ejecutiva que buscaba restringir ese derecho, representa uno de los fallos más relevantes del año en materia constitucional. El máximo tribunal estadounidense concluyó que el texto de la Constitución y más de un siglo de precedentes judiciales continúan respaldando el principio de que, con limitadas excepciones, quienes nacen en territorio estadounidense adquieren la ciudadanía por nacimiento.
La resolución constituye además un ejemplo del funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a la democracia estadounidense. Aunque el presidente impulsó una política distinta mediante una orden ejecutiva, fue la propia Corte Suprema la que ejerció su función de control constitucional y fijó el alcance de la Carta Magna. En un Estado de Derecho, las diferencias entre los poderes públicos encuentran su cauce en las instituciones y en las resoluciones judiciales.
Las opiniones sobre el contenido del fallo pueden ser diversas. Habrá quienes lo consideren acertado y quienes sostengan una interpretación diferente de la Constitución estadounidense. Sin embargo, una característica esencial del sistema institucional de Estados Unidos es que las resoluciones de su máximo tribunal son acatadas por los órganos del Estado, aun cuando exista desacuerdo político o jurídico. Ese respeto institucional constituye uno de los pilares de cualquier democracia constitucional.
El caso también ofrece un punto de comparación con el debate institucional que actualmente vive Guatemala. La Corte de Constitucionalidad fue creada precisamente para interpretar la Constitución y resolver los conflictos entre los organismos del Estado. En una democracia, sus resoluciones pueden ser objeto de crítica jurídica, recursos legales o debate académico; sin embargo, cualquier desacuerdo debe canalizarse por las vías previstas en el ordenamiento constitucional y nunca mediante amenazas, presiones o actos de intimidación contra los magistrados.
Diversos sectores han expresado preocupación por publicaciones y denuncias relacionadas con mensajes dirigidos contra integrantes de la Corte de Constitucionalidad. De comprobarse la existencia de amenazas o intentos de intimidación, corresponderá a las autoridades competentes investigarlos y garantizar la seguridad e independencia de los magistrados, elementos esenciales para el funcionamiento del Estado de Derecho.
La experiencia estadounidense demuestra que la fortaleza de una democracia no depende de que todos compartan el criterio de un tribunal, sino de que todos respeten el marco institucional que la Constitución establece para resolver las diferencias. Esa es la esencia del constitucionalismo moderno: la supremacía de la Constitución sobre la voluntad circunstancial de cualquier gobierno o mayoría política.
La historia también recuerda que Guatemala vivió un momento similar en mayo de 1993, cuando la Corte de Constitucionalidad desempeñó un papel decisivo en la preservación del orden constitucional frente a la ruptura institucional conocida como el Serranazo. Ese precedente reafirmó que ninguna autoridad está por encima de la Constitución y que corresponde a los tribunales constitucionales ejercer el control sobre los actos del poder público cuando estos entran en conflicto con la Carta Magna.
En toda democracia madura, el respeto a las decisiones judiciales no significa renunciar al derecho de criticarlas. Significa aceptar que el camino para modificar una interpretación constitucional es el que establece la propia Constitución y la ley, no la presión política ni la descalificación de las instituciones. Esa diferencia entre confrontar ideas y confrontar a las instituciones constituye, probablemente, una de las mayores lecciones que deja el reciente fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
continúa leyendo: https://diestralarevista.com/violar-la-constitucion-el-limite-que-ninguna-ideologia-deberia-cruzar/
