El presidente Arévalo pierde la mitad de su valoración positiva.
DIESTRA LA REVISTA | Guatemala, 13 de octubre de 2026
El presidente Bernardo Arévalo enfrenta un deterioro significativo en la evaluación ciudadana de su desempeño. Los resultados de la encuesta de CID Gallup para la Fundación Libertad y Desarrollo muestran que apenas el 15 % de los entrevistados considera buena o muy buena su gestión, frente al 30 % registrado en mayo de 2026. En contraste, la valoración negativa pasó del 52 % al 74 %, un incremento de 22 puntos porcentuales en apenas cuatro meses. Las respuestas intermedias o sin opinión definida descendieron del 18 % al 11 %. La comparación revela que el mandatario perdió la mitad de su evaluación favorable, mientras el saldo entre opiniones positivas y negativas se desplomó de −22 a −59 puntos. Más allá de la disputa partidaria, los resultados describen un escenario de profundo desgaste para una administración que llegó al poder ofreciendo transparencia, renovación política y fortalecimiento institucional.
Una caída que no puede explicarse únicamente por la oposición
La magnitud del deterioro exige un análisis que vaya más allá de las confrontaciones entre el oficialismo y sus adversarios. Cuando tres de cada cuatro entrevistados califican negativamente el desempeño presidencial, resulta insuficiente atribuir el descontento exclusivamente a campañas políticas, resistencia institucional o ataques de sectores contrarios al Gobierno. Las percepciones ciudadanas pueden responder a múltiples factores, pero una variación de 22 puntos en la evaluación negativa obliga a examinar los resultados de la gestión, la capacidad de ejecución y la distancia entre las expectativas generadas y las respuestas obtenidas. El Gobierno conserva el derecho de explicar las dificultades que enfrenta, pero también tiene la responsabilidad de reconocer que las encuestas reflejan un problema político que no se resuelve únicamente con discursos.
El costo de la vida y la inseguridad: preocupaciones que pesan sobre el Gobierno
El deterioro de la evaluación presidencial coincide con un entorno de preocupación por el costo de la vida, la seguridad pública y la capacidad de las instituciones para responder a los problemas cotidianos. La inflación, las dificultades económicas de los hogares y los episodios de violencia registrados durante los últimos meses forman parte del escenario en el que los ciudadanos juzgan la gestión gubernamental. A ello se suma el desafío de enfrentar estructuras criminales que continúan operando en distintos puntos del territorio nacional, mientras la población espera resultados concretos de las políticas de prevención, investigación y persecución penal. La percepción sobre un gobierno no depende solamente de sus declaraciones de principios, sino de su capacidad para transformar esos compromisos en mejoras visibles para la población.
Huité: una crisis que encuentra al Gobierno políticamente debilitado
Los acontecimientos del 27 de septiembre en Huité, Zacapa, donde ocho personas perdieron la vida durante una serie de ataques armados, incorporan un nuevo elemento de tensión institucional. El prolongado silencio gubernamental, las explicaciones iniciales que descartaban la participación militar y el posterior reconocimiento de la presencia de efectivos del Ejército, así como de disparos descritos oficialmente como disuasivos, han planteado interrogantes sobre la transparencia de la información proporcionada a la ciudadanía. La investigación debe determinar las circunstancias de las muertes y las eventuales responsabilidades, respetando plenamente la presunción de inocencia.
Es indispensable precisar que la encuesta se realizó entre el 12 de septiembre y el 1 de octubre, por lo que no permite establecer cuánto influyeron específicamente los acontecimientos de Huité en sus resultados. Sin embargo, la crisis se produce en un contexto de desgaste ya reflejado en la medición y representa una prueba adicional para la credibilidad del Gobierno. Cuando una administración enfrenta elevados niveles de evaluación negativa, las contradicciones oficiales y la falta de explicaciones pueden agravar la desconfianza existente.
La comunicación gubernamental no puede sustituir a los resultados
Uno de los mayores desafíos del Ejecutivo es comprender que la comunicación política tiene límites cuando no está acompañada de respuestas verificables. La administración Arévalo construyó buena parte de su legitimidad política sobre la promesa de una forma diferente de ejercer el poder, con transparencia, rendición de cuentas y respeto a las instituciones. Esas expectativas también establecieron un parámetro exigente para evaluar su desempeño.
La comunicación gubernamental puede explicar decisiones, contextualizar dificultades y presentar resultados. Lo que no puede hacer es reemplazar la gestión ni convertir los problemas pendientes en logros mediante una narrativa cuidadosamente elaborada. Cuando la valoración positiva se reduce a la mitad en cuatro meses, el desafío no consiste solamente en mejorar la imagen presidencial, sino en identificar las razones del descontento y corregir aquello que corresponda.
Los asesores de imagen pueden recomendar administrar los tiempos, reducir la exposición pública o esperar que determinados acontecimientos pierdan intensidad. Pero las encuestas recuerdan que el desgaste político no desaparece necesariamente con el paso de los días. Puede acumularse cuando las expectativas permanecen insatisfechas.
Una prueba para la conducción política
El presidente conserva las atribuciones constitucionales y la responsabilidad de conducir el Organismo Ejecutivo. Una encuesta desfavorable no altera por sí misma su legitimidad de origen ni determina el resultado de los próximos procesos electorales. Sin embargo, sí constituye una señal relevante sobre la percepción ciudadana de su desempeño y la necesidad de revisar prioridades.
La recuperación de la confianza requiere resultados en seguridad, respuestas a las preocupaciones económicas, capacidad de coordinación institucional y una relación más transparente con la ciudadanía. También exige reconocer errores cuando existan, explicar oportunamente las decisiones y evitar que las contradicciones oficiales se conviertan en una característica recurrente de la administración.
La investigación de Huité, la actuación independiente del Ministerio Público y las explicaciones sobre el despliegue militar representan responsabilidades que deben cumplirse al margen de cualquier consideración de popularidad.
El problema ya no es solamente la popularidad, sino la confianza
Los resultados de CID Gallup muestran un cambio profundo en la evaluación presidencial. En mayo, tres de cada diez entrevistados calificaban favorablemente el desempeño de Arévalo; en octubre, esa proporción se redujo a aproximadamente uno de cada siete. Paralelamente, la evaluación negativa pasó de poco más de la mitad a casi tres cuartas partes de los consultados.
La diferencia no es menor. Representa una señal de que el Gobierno enfrenta dificultades para conservar la confianza de sectores que, por distintas razones, hoy expresan una percepción desfavorable de su desempeño.
No corresponde interpretar estos resultados como una sentencia definitiva sobre el futuro político del presidente. Tampoco sería responsable atribuir toda la caída a un acontecimiento particular. Pero ignorar su magnitud sería igualmente equivocado.
El Gobierno debe comprender que la confianza ciudadana no se conserva por el recuerdo de una victoria electoral ni por la reiteración de promesas. Se sostiene mediante resultados, decisiones oportunas y capacidad de reconocer los problemas.
La caída del 30 % al 15 % en la evaluación positiva y el aumento del 52 % al 74 % en la negativa constituyen una advertencia política que merece atención.
El presidente Arévalo todavía tiene tiempo para modificar el rumbo de su administración. Lo que no puede recuperar mediante discursos es el tiempo que ya transcurrió sin convencer a una parte creciente de los ciudadanos de que su Gobierno está respondiendo a sus necesidades.
