Los aspectos positivos en asuntos migratorios impulsados por el Gobierno del presidente Joe Biden quedaron eclipsados por las falsas promesas de demócratas de una reforma migratoria, aunque el mandatario envió su propuesta al Congreso al inicio de su gobierno.
¿Qué se les atravesó a los demócratas para incumplir nuevamente cuando tenían el control de la Cámara y el Senado? La respuesta no es sencilla: la elección intermedia, el incremento de inmigrantes en la frontera, el control conservador de la Corte Suprema y las prioridades marcadas por la agenda en Europa y Asia con Ucrania y China al frente, pero principalmente la nunca declarada crisis económica que llevó al peor nivel de inflación al país en 30 años.
La reforma migratoria
Aunque los proyectos más importantes sobre una reforma migratoria se presentaron en 2021, durante el año que termina el debate se intensificó en el Congreso.
A inicios de año se mantuvo la intención de incluir una protección para millones de inmigrantes indocumentados, luego de que las propuestas fueron bloqueadas por la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough.
La aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), a través del proceso de Reconciliación, pudo abrir la puerta a incluir un beneficio migratorio, pero no hubo un plan concreto ni siquiera intenciones de “desobedecer” a la parlamentaria para avanzar con un proyecto.
La representante republicana de Florida, María Elvira Salazar, pidió apoyo bipartidista al denominado proyecto “Ley Dignidad”, que abriría el camino a la ciudadanía y contemplaba amplias medidas de seguridad en la frontera. No hubo respaldo demócrata.
En la Cámara de Representantes, la demócrata Zoe Lofgren (California), y en el Senado, el también demócrata Alex Padilla (California) presentaron la reforma a la Ley de Registro, la cual permitiría a unos ocho millones de indocumentados solicitar una Green Card, pero el plan no logró avanzar, a pesar de que 72 congresistas la co-patrocinaron.
El 63% de los votantes en general apoya una reforma migratoria, una cifra que aumenta a 77% cuando se cuenta solamente a latinos, según un sondeo realizado el 8 de noviembre durante las elecciones.
“Esta nueva encuesta deja en claro que el pueblo estadounidense continúa apoyando políticas críticas a favor de los inmigrantes por amplios márgenes”, dijo Sergio Gonzales, director ejecutivo del Immigration Hub.
Los ‘dreamers’ y DACA
Aunque el 82% de los votantes latinos quieren que el Congreso apruebe protecciones para los ‘dreamers’; mientras que el 68% de los votantes en general, de cualquier raza y etnia, apoyan la misma medida, no hubo acciones concretas al respecto.
El debate para la protección de ‘dreamers’ fue parte de la discusión sobre una reforma migratoria, aunque había planes en paralelo.
El más reciente parecía tener cierto futuro, liderado por la ahora senadora independiente Kyrsten Sinema (Arizona) y el republicano Thom Tillis (Carolina del Norte), quienes proponían la protección de unos dos millones de inmigrantes, la mayoría ‘dreamers’.
A cambio sugirieron ampliar la seguridad en la frontera, aumentar agentes y extender el Título 42 al menos durante un año, a fin de que la Administración Biden implementara un nuevo sistema de procesamiento de inmigrantes. El plan no avanzó, pero Sinema indicó que en 2023 el grupo continuará las negociaciones.
La urgencia de los ‘dreamers’ es que el Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito podría decidir la cancelación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) a inicios del 2023.
Título 42
En marzo del 2020, el entonces presidente Donald Trump implementó el Título 42, una política de salud avalada por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), para la expulsión expedita de inmigrantes, debido a la pandemia de COVID-19.
La Administración Biden ha intentado suspender dicha política, pero no considera que su implementación haya sido “ilegal”, incluso la ha defendido ante tribunales.
Solamente en el año fiscal 2022, esa política permitió la expulsión de más de un millón de inmigrantes, a quienes no se les otorgó el derecho de petición de asilo.
La Corte Suprema pospuso a febrero del 2023 su decisión sobre esta política en la frontera, en medio de un incremento de llegada de inmigrantes que incluso desató una alerta en El Paso, Texas, gobernada por el demócrata Oscar Leeser.
Un grupo de 19 estados gobernados por republicanos pidieron a la Corte Suprema mantener el programa, mientras la Administración Biden afirma tener listo el Título 8 con acciones adiciones para acelerar respuestas a peticiones de asilo, así como deportaciones y la implementación del castigo de cinco años a indocumentados.
Trabajadores agrícolas
Además del debate en el Congreso sobre la protección de ‘dreamers’, también se intentó impulsar un plan para la protección de trabajadores agrícolas, considerados durante la pandemia como “trabajadores esenciales”.
Los inmigrantes indocumentados comprenden el 54 por ciento de los trabajadores en la agricultura y las granjas, reportó el Center for Migration Studies (CMS).
La organización United Farm Workers (UFW) hizo un último esfuerzo a mediados de diciembre para convencer a congresistas de la importancia de proteger a estos inmigrantes.
Una delegación de trabajadores agrícolas y familiares de Arizona, California, Idaho, Michigan y Georgia, acudió al Congreso sin éxito.
“El estatus legal de los trabajadores agrícolas es esencial para la seguridad alimentaria de los Estados Unidos”, consideró la presidenta de la UFW, Teresa Romero. “Los empleadores agrícolas y sus aliados republicanos deben poner sobre la mesa el acuerdo bipartidista, que les ahorrará más de $430 millones de dólares en salarios solo el próximo año”.
USCIS y ICE
La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), dirigida Ur M. Jaddou, hija de inmigrantes, impulsó varios cambios a fin de enfrentar los severos retrasos en procesamientos.
Algunos de los ajustes que fueron beneficiosos para inmigrantes fueron las extensiones en periodos de vigencia de las Green Card, Autorización de Empleo, tiempo para responder a peticiones extra de información sobre distintos casos, entre otros.
Los ajustes de la agencia permitieron también que casi un millón de inmigrantes lograra la ciudadanía en año fiscal 2022, pero hubo severos retrasos con las visas laborales H-1B.
Mientras tanto, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) espera todavía en la Corte Suprema una decisión sobre las prioridades de deportación, las cuales orientarían las detenciones en inmigrantes con récord criminal.
La Administración Biden aumentó, en tanto, el monitoreo de cualquier indocumentado bajo proceso en cortes, con un sistema alternativo a la detención (ATD, en inglés) con grilletes con GPS y el sistema SMARTLink para vigilancia vía telefónica.
En el año fiscal 2022, la agencia reportó 316,700 personas bajo esos sistemas. Al inicio de la Administración Biden, unos 80,000 inmigrantes eran monitoreados de esa forma.
