ww.elespectador.com/foto afp archivo
La Fiscalía (Ministerio Público) de Guatemala informó en la tarde de este lunes que adelantará “acciones legales” contra el hoy ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez. A través de un comunicado oficial, el ente judicial declaró que el alto miembro del gabinete de Gustavo Petro incidió en “actos ilegales y abusivos”, cuando fue director de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig).
De acuerdo con la agencia EFE, los motivos de la investigación contra Velásquez tienen que ver con su desempeño al frente de una organización gubernamental guatemalteca entre 2013 y 2017. Jimmy Morales (el presidente en ese entonces) lo expulsó del país y lo declaró “persona no grata”, según indicó Velásquez en una entrevista con La W.
Velásquez, de 67 años, ejerció como director de a Cicig que se encargaba principalmente de desarticular estructuras de corrupción. Durante su período en Guatemala, fueron “desmanteladas decenas” de casos de corrupción dentro de instituciones gubernamentales, señaló EFE.
A través Rafael Curruchiche, fiscal guatemalteco, se dio a conocer el señalamiento e inicio de proceso contra el hoy ministro. Según la agencia, “fueron solicitadas tres nuevas órdenes de captura contra exfuncionarios de la Fiscalía y de la Cicig” relacionados con los casos de corrupción de Odebrecht en ese país. Sin embargo, hasta ahora no se ha especificado que Velásquez sea una de las personas que sería capturada.
“La Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos el excomisionado de Cicig Iván Velásquez”, aseguró Curruchiche durante un mensaje oficial.
Además, Curruchiche lanzó la misma advertencia para la abogada colombiana Luz Camargo Garzón, quien fungió como investigadora de estructuras de corrupción en Guatemala.
Velásquez es señalado de permitir la aprobación de acuerdos de cooperación que Curruchinche describe como “anómalos”. Dentro de las pesquisas, el fiscal también acusa a Velásquez de tener relaciones “con dos directivos de la constructora Odebrecht en 2017″, registró EFE.
En 2022, Curruchiche anuló los testimonios que los empresarios brasileños habían brindado en 2017, donde acusaban al exministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y al excandidato presidencial, Manuel Baldizón, de recibir sobornos de Odebrecht equivalentes a US$18 millones de dólares, a cambio de otorgar proyectos a la constructora.
