OPINION
Por Diestra La Revista
La verdadera discusión detrás del acuerdo de seguridad con Estados Unidos
La reacción del gobierno del presidente Bernardo Arévalo frente a la publicación de The New York Times ha seguido un patrón que se ha vuelto recurrente en la actual administración: concentrarse en cuestionar la forma y evitar discutir el fondo. Funcionarios han dedicado horas a negar interpretaciones, matizar términos y rechazar versiones periodísticas, pero han dejado sin respuesta la interrogante central que plantea el reportaje: ¿por qué Guatemala necesita una cooperación militar y de inteligencia más amplia con Estados Unidos para combatir al narcotráfico?
La discusión no debería centrarse en si el periódico utilizó una palabra u otra, ni en si la participación estadounidense será más o menos visible. El verdadero tema es que una de las democracias más influyentes del mundo considera que la amenaza del narcotráfico en Guatemala ha alcanzado niveles que requieren mecanismos extraordinarios de cooperación. Esa realidad no surge de una percepción aislada, sino de años de crecimiento de estructuras criminales que han encontrado en el territorio guatemalteco un corredor estratégico para el tráfico de drogas, armas, personas y recursos ilícitos.
Lo que revela la información publicada es algo aún más preocupante: la percepción internacional de que las capacidades del Estado guatemalteco resultan insuficientes para enfrentar por sí solo a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas. Si las instituciones de seguridad estuvieran obteniendo resultados contundentes, difícilmente existiría presión para ampliar los esquemas de cooperación operativa, inteligencia aérea o planificación táctica con Washington. La sola posibilidad de que estas conversaciones estén ocurriendo constituye un mensaje sobre las limitaciones actuales de la estrategia de seguridad nacional guatemalteca.
Durante décadas, Guatemala ha recibido asistencia técnica, entrenamiento, equipamiento y programas de fortalecimiento institucional provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, el narcotráfico no desapareció; por el contrario, evolucionó, se adaptó y fortaleció sus redes de influencia. Los decomisos continúan, las capturas se anuncian con frecuencia y las autoridades presentan operativos exitosos, pero los resultados siguen siendo limitados frente al tamaño de la amenaza. La presencia constante de cargamentos de cocaína, armas de alto poder y organizaciones transnacionales demuestra que el problema permanece vigente.
Resulta comprensible que el gobierno busque evitar la percepción de una intervención extranjera. Ninguna administración desea proyectar una imagen de dependencia en materia de seguridad. Sin embargo, la credibilidad también exige reconocer las debilidades existentes. Negar el problema o intentar reducir el debate a una disputa semántica no cambia los hechos. Lo que preocupa a los ciudadanos y a los aliados internacionales no es quién lidera la operación, sino si el Estado está siendo capaz de recuperar el control de territorios y rutas utilizadas por organizaciones criminales.
Estados Unidos actúa porque considera que el narcotráfico que atraviesa Guatemala termina afectando directamente su seguridad nacional. La política impulsada por el presidente Donald Trump busca detener las amenazas antes de que lleguen a suelo estadounidense, y por ello ha incrementado la presión sobre varios países de la región para fortalecer operaciones conjuntas. Desde esa perspectiva, Guatemala forma parte de una estrategia regional más amplia, donde los resultados pesan mucho más que los discursos diplomáticos.
Al final, el gobierno puede continuar cuestionando titulares, desmintiendo interpretaciones o discutiendo filtraciones. Pero ninguna de esas acciones responde a la pregunta fundamental que hoy se hacen muchos guatemaltecos: si las estrategias implementadas han sido tan exitosas como se afirma, ¿por qué existe la necesidad de ampliar la participación estadounidense en la lucha contra el narcotráfico? Esa es la discusión de fondo. Y mientras las autoridades sigan enfocadas en atacar la forma, la percepción de incapacidad continuará creciendo dentro y fuera del país.
Y hay un elemento adicional que no puede pasarse por alto. Durante la campaña electoral y en distintas entrevistas, el presidente Bernardo Arévalo expresó públicamente su simpatía por la administración de Joe Biden y por las políticas impulsadas por el entonces mandatario estadounidense. Hoy, sin embargo, Guatemala se encuentra negociando y coordinando acciones de seguridad con una administración muy distinta, encabezada nuevamente por el presidente Donald Trump, cuya visión sobre migración, narcotráfico y cooperación regional es considerablemente más agresiva.
La pregunta es inevitable: ¿qué significado tiene ahora aquella preferencia política expresada por Arévalo? Más aún cuando es precisamente la administración Trump la que impulsa una estrategia de mayor presión sobre los países de la región para obtener resultados concretos en materia de seguridad y combate al narcotráfico. La política exterior obliga a los gobiernos a trabajar con quienes ocupan el poder y no necesariamente con quienes comparten afinidades ideológicas. Sin embargo, los acontecimientos recientes evidencian que, más allá de las preferencias personales o políticas, la realidad ha terminado imponiendo una agenda marcada por las prioridades de Washington.
Porque al final, más que las simpatías políticas, lo que cuenta son los resultados. Y si Guatemala ha llegado al punto de requerir una cooperación más amplia para enfrentar al narcotráfico, la discusión ya no gira en torno a quién ocupa la Casa Blanca, sino a por qué el Estado guatemalteco no ha logrado resolver por sí mismo una amenaza que continúa creciendo y desafiando su capacidad institucional.
El problema no es la narrativa ni la relación política con Washington, sino la efectividad del Estado para garantizar seguridad y combatir al narcotráfico.
Además: https://diestralarevista.com/del-entusiasmo-al-desgaste-arevalo-entra-en-zona-roja/
