El estudio de CID Gallup y la Fundación Libertad y Desarrollo confirma una caída sostenida de la confianza ciudadana y coloca al actual mandatario entre los peores evaluados en el mismo período de gobierno desde el retorno democrático.
Por Diestra La Revista
El más reciente Estudio de Opinión Pública de Fundación Libertad y Desarrollo y CID Gallup revela un dato políticamente demoledor para el presidente Bernardo Arévalo: su administración ya ingresó oficialmente a terreno negativo en percepción ciudadana. El índice de evaluación presidencial cayó a -22, una cifra que refleja que las opiniones desfavorables superan ampliamente a las positivas.
La cifra adquiere mayor dimensión cuando se compara con otros mandatarios en períodos similares de gestión. En mayo de 2014, Otto Pérez Molina registraba un saldo positivo de +3, con 71% de opiniones favorables frente a 29% negativas. El estudio evidencia además que Bernardo Arévalo se ubica peor que Álvaro Colom (-10), peor que Jimmy Morales (-18) y solamente supera el desplome histórico de Alejandro Giammattei (-46) y Alfonso Portillo (-39). La lectura política es inevitable: el discurso anticorrupción y las expectativas de cambio que impulsaron a Semilla al poder empiezan a chocar contra una percepción social marcada por el deterioro económico, la inseguridad y la falta de resultados concretos.
Los datos del estudio muestran un país profundamente frustrado. El 76% considera que Guatemala va por el rumbo equivocado, mientras que apenas un 19% cree que el país avanza correctamente. A ello se suma que el 62% de los encuestados afirma que el costo de vida “ha subido mucho”, y un 57% percibe un aumento del crimen y la delincuencia en los últimos meses.
Pero la caída del presidente Bernardo Arévalo no solamente se explica por la economía, la inseguridad o la falta de resultados visibles. Otro de los factores que empieza a pesar con fuerza es la incapacidad del gobierno para comunicar de manera efectiva sus acciones públicas. El oficialismo apostó por discursos técnicos, frases rebuscadas y narrativas ideológicas que no lograron conectar con la población. Mientras el ciudadano reclama respuestas concretas sobre empleo, seguridad y costo de vida, el gobierno parece atrapado en mensajes abstractos y confrontaciones políticas permanentes. La consecuencia es evidente: el relato del cambio perdió impacto mucho más rápido de lo esperado.
Los constantes relevos dentro del Ejecutivo reflejan además un gobierno que no ha encontrado estabilidad administrativa. Históricamente, los cambios de ministros suelen ser señales de desgaste político, pero en apenas poco más de dos años de gestión, la administración Arévalo ya acumula cifras que comienzan a llamar la atención: cinco ministros en la cartera de Comunicaciones, tres secretarios de Comunicación Social, tres ministros de Agricultura, dos ministros de Salud y dos ministros de Gobernación. Precisamente esta última cartera ha quedado marcada por una de las mayores crisis de seguridad de la actual administración: la fuga de 18 líderes pandilleros del Barrio 18, un episodio que golpeó severamente la credibilidad del gobierno y dejó sombras que difícilmente desaparecerán.
A ello se suma la polémica maniobra alrededor del entonces ministro Francisco Jiménez, cuya salida fue manejada en medio de versiones, contradicciones y señalamientos internos que terminaron proyectando improvisación y debilidad institucional. En política, la percepción de desorden suele ser letal. Y hoy las encuestas comienzan a reflejar precisamente eso: un gobierno que llegó prometiendo eficiencia y transparencia, pero que empieza a ser percibido como una administración desgastada, fragmentada y sin capacidad de recuperar el control de la narrativa pública.
La propia encuesta refleja que la aprobación presidencial cayó desde un 50% en mayo de 2024 hasta apenas un 30% en mayo de 2026, mientras la desaprobación se disparó hasta el 64%.
La encuesta también desnuda un fenómeno más peligroso para cualquier gobierno: el desgaste de la esperanza. Solo el 24% cree que Arévalo podrá resolver las preocupaciones familiares de los ciudadanos, mientras que un 66% considera poco o nada probable que lo logre. Ese dato es devastador para una administración que llegó al poder precisamente prometiendo transformar el sistema político.
Otro elemento políticamente sensible es que la corrupción continúa siendo identificada como el principal problema nacional por el 36% de los encuestados, pero paradójicamente la evaluación positiva del gobierno en combate a la corrupción apenas alcanza el 29%. Es decir, incluso en el tema que fue la bandera electoral de Semilla, la administración comienza a perder credibilidad.
Desde Álvaro Colom hasta Bernardo Arévalo, la historia política reciente de Guatemala demuestra que ningún presidente ha logrado sostener intacto el capital político con el que llegó al poder. Pero el caso de Arévalo tiene un ingrediente distinto: el desgaste ocurre mucho más rápido de lo esperado para un gobierno que todavía intentaba proyectarse como “nuevo” frente a la vieja política.
La conclusión del estudio parece clara: la narrativa del cambio ya no basta. Hoy, la ciudadanía exige resultados tangibles en seguridad, economía y gobernabilidad. Y cuando los gobiernos no logran responder a esas demandas, las cifras comienzan a hablar con dureza. En política, entrar en números rojos no es solamente un dato estadístico; es la señal más evidente de que la paciencia ciudadana empieza a agotarse.
Documento base: Estudio de Opinión Pública CID Gallup/Fundación Libertad y Desarrollo, mayo 2026.
