Arévalo Entre el Bien y el Mal
OPINION
El presidente Bernardo Arévalo enfrenta hoy uno de los momentos más delicados de su administración. La promesa de transparencia, legalidad y combate frontal a la corrupción comienza a erosionarse frente a una cadena de hechos que ya no pueden ser vistos como simples coincidencias políticas o errores administrativos. Cuando un funcionario señalado logra desaparecer antes de enfrentar a la justicia, podría hablarse de un hecho aislado. Pero cuando son varios los altos funcionarios vinculados a procesos penales que terminan prófugos o protegidos por la lentitud institucional, el país empieza a percibir un patrón preocupante que golpea directamente la credibilidad del gobierno.
El primer caso que estremeció a la administración fue el del entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, señalado de haber permitido la fuga de 18 reos de alta peligrosidad vinculados a la pandilla Barrio 18. Lo más grave no fue únicamente la evasión de los privados de libertad, sino la percepción de que se le otorgó tiempo suficiente para reorganizarse y abandonar el escenario antes de enfrentar consecuencias judiciales inmediatas. El mandatario decidió mantenerlo temporalmente en el cargo, aun después de anunciar su destitución, mientras encontraba a su sustituto. Ese margen de tiempo terminó convirtiéndose en una ventana perfecta para desaparecer. Allí también falló el Ministerio Público, que debió actuar de inmediato y establecer vigilancia, tomando en cuenta que el exfuncionario ya no gozaba de inmunidad. En aquella crisis también desaparecieron la viceministra encargada de seguridad y el director del sistema penitenciario, ampliando aún más la sensación de impunidad.
Posteriormente apareció el escándalo del exministro de Agricultura, Maynor Estuardo Estrada Rosales, actualmente prófugo de la justicia por el caso “Fertilizantes MAGA”. Sobre él pesa una orden de captura por delitos de peculado culposo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, derivados de presuntas anomalías en el manejo de aproximadamente Q144.8 millones destinados a fertilizantes. Las investigaciones señalan almacenamiento inadecuado, pérdidas de producto, compras sin justificación técnica y adjudicaciones a proveedores que no habrían cumplido requisitos legales. Mientras tanto, otros exfuncionarios vinculados al caso enfrentan prisión preventiva o continúan huyendo de la justicia. La imagen que recibe la población es devastadora: funcionarios de alto nivel desapareciendo uno tras otro mientras las instituciones reaccionan tarde.
Ahora el turno le corresponde al actual embajador de Guatemala en Honduras, Marco Livio Díaz, cuyo caso amenaza con convertirse en otro golpe político para el gobierno. Las investigaciones apuntan a que, presuntamente, se habría creado un entramado destinado al cobro de sobornos a contribuyentes denunciados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Según las pesquisas, en lugar de que los señalados enfrentaran multas y procesos judiciales conforme a la ley, existía una estructura paralela donde importantes pagos económicos habrían servido para evitar sanciones y eludir la justicia. Lo más delicado del caso es que las investigaciones señalan la posible participación de personas cercanas y familiares, configurando una estructura que operaba desde las sombras mientras se debilitaba la confianza ciudadana en el sistema tributario y judicial.
El presidente Arévalo se encuentra ahora atrapado entre dos caminos: el de la ley o el de la impunidad. Un funcionario prófugo puede interpretarse como un accidente político; dos podrían ser vistos como una grave falla institucional; pero tres casos consecutivos comienzan a consolidar la percepción de un gobierno incapaz, o quizá renuente, a permitir que la justicia alcance a quienes formaron parte de su entorno político y administrativo. La población empieza a preguntarse si existe verdadera voluntad de combatir la corrupción o si, detrás del discurso moralista, se está construyendo un sistema de protección silenciosa para aliados y cercanos.
El problema para Arévalo es que su discurso moral empieza a derrumbarse frente a la evidencia política. No se puede gobernar hablando de transparencia mientras los señalados abandonan el país o desaparecen antes de ser capturados. No se puede exigir respeto a la ley mientras el gobierno parece reaccionar únicamente cuando la presión pública se vuelve insoportable. Mucho menos puede construirse una narrativa ética cuando quienes rodean al poder terminan constantemente perseguidos por corrupción, abuso de autoridad o estructuras ilícitas.
Guatemala atraviesa uno de los peores momentos de inseguridad, violencia y deterioro institucional de los últimos años. El narcotráfico continúa infiltrando municipios, el crimen organizado domina corredores completos del país, los ciberataques exponen la fragilidad del Estado y la población sobrevive entre extorsiones, asesinatos y falta de oportunidades. En medio de ese caos, la percepción de impunidad dentro del gobierno resulta letal para la confianza ciudadana. El pueblo empieza a preguntarse si realmente cambió algo o si únicamente se reemplazaron viejos actores por nuevos rostros con los mismos métodos.
Hoy el presidente enfrenta una decisión que marcará su legado político. O se coloca definitivamente del lado de la ley y ordena el retorno inmediato del embajador Marco Livio Díaz para que responda ante la justicia, o terminará hundiéndose en el mismo pantano de impunidad que prometió combatir. Porque gobernar no es dar discursos moralistas en conferencias de prensa; gobernar es demostrar con hechos que ningún amigo, aliado o funcionario está por encima de la ley.
El tiempo se le agota a Arévalo. Y Guatemala comienza a descubrir que el mayor peligro para un gobierno que promete pureza moral no es la oposición política, sino la hipocresía de terminar protegiendo aquello que juró destruir.
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