Foto ilustración: Codeca
Ciudad de Guatemala, 19 septiembre (Diestra).- Los comerciantes de la economía informal de Guatemala expresaron su rechazo a los bloqueos de las carreteras que realizan este martes los campesinos como parte de las medidas de presión para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras.
Hasta el momento, según las autoridades de Protección Vial, suman 10 los importantes tramos carreteros que tienen bloqueados los manifestantes convocados por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que advirtió que serán 23 las rutas en las que protestarán a lo largo del día.
Sin embargo, los comerciantes de la economía informal de la capital guatemalteca expresaron su rechazo a esta medida y demandan a las autoridades garantizar la libre locomoción en el país.
«Los problemas que tiene que resolver el partido Semilla no tienen que afectar nuestra situación económica, por ello rechazamos las medida de hecho», porque dejan sin abastecimiento a miles de guatemaltecos que a diario compran en los diferentes mercados de la ciudad, alertaron.
Según los comerciantes, los bloqueos causan millonarias pérdidas a quienes trasladan sus productos a la capital, atrasan el desarrollo del país y ponen en riesgo la vida de los guatemaltecos que buscan asistencia médicas.
Este es el segundo día consecutivo de protestas en Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general, así como del titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y del juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orella, pues el lunes manifestaron los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán.
La FECI tiene abierta una investigación en contra del Movimiento Semilla, que el 20 de agosto llevó al académico Bernardo Arévalo a ganar la presidencia de Guatemala en el segundo balotaje, para el periodo 2024-2028, por supuestamente haber falsificado firmas para su creación como partido político.
La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), también rechazó los bloqueos y los calificó de «abusos e ilegales» por violar derechos constitucionales.
