Ciudad de Guatemala, 18 otubre (Diestra).- El diálogo entre los líderes de los bloqueos de carreteras y las protestas en Guatemala con la fiscal general, María Consuelo Porras, previsto para este miércoles , fracasó por las condiciones impuestas por ambas partes.
Las autoridades indígenas y ancestrales de 48 Cantones de Totonicapán propusieron que la reunión se celebrará en el Palacio Nacional de la Cultura con la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la prensa.
Aunque en un principio el Ministerio Público (MP) había aceptado, en las últimas horas cambió su decisión y condicionó el diálogo a que los manifestantes desalojen los alrededores de la sede central del MP en la capital y otros lugares.
También planteó que el encuentro tenía que celebrarse en el edificio central del Ministerio Público.
Debido a que las partes no aceptaron las condiciones, no hubo diálogo y los bloqueos de las carreteras que ya dejaron un muerto y tres heridos de bala, continúan este miércoles en Guatemala por 17 días consecutivos.
Las autoridades indígenas que convocaron las protestas desde el 2 de octubre tienen cerrados más de 20 tramos carreteros, mientras en la capital se realizan varias manifestaciones, entre ellas de mercados que cerraron este día, para seguir exigiendo la renuncia de la fiscal general.
Foto archivo MP
Porras, a quien no se le ha visto públicamente, sigue aferrada al puesto en el que fue nombrada en mayo pasado por otros cuatro años más por el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien argumenta que tiene impedimentos legales para destituirla por la modificación que se hizo en 2016 a la Ley Interna del MP para proteger a la entonces fiscal general, Thelma Aldana.
De esa cuenta sigue la incertidumbre y sin visos de solución a la crisis que ya le costó el puesto al ministro de Gobernación (Interior), David Napoleón Barrientos, quien renunció por presiones del MP por no desalojar las carreteras y retirar a los manifestantes de la sede central de la Fiscalía en Ciudad de Guatemala.
En su lugar el presidente nombró al general retirado Byron René Bor, quien anunció que en la coyuntura actual las fuerzas de seguridad actuarán conforme a la ley para garantizar el orden público, pero respetando los derechos constitucionales de todos los guatemaltecos.
Mientras, las pérdidas económicas en el sector productivo guatemalteco siguen aumentando y solo en exportaciones e importaciones se calculan en más de 1.275 millones de dólares.
ORIGEN DE LAS PROTESTAS
Las protestas fueron convocadas por 48 Cantones de Totonicapán, conformada por autoridades indígenas y ancestrales, luego del allanamiento que realizó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) dirigida por Rafael Curruchiche, a quien también le exigen la renuncia, en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de donde secuestró las actas de las elecciones celebradas el 25 de junio y del balotaje del 20 de agosto en donde resultó electo como presidente para el periodo 2024-2028, el progresistas Bernardo Arévalo.
La FECI explicó que los allanamientos, con una orden del juez Fredy Orellana, a quien los indígenas también le piden su dimisión, era para buscar evidencia sobre las denuncias de un fraude electoral.
Sin embargo, la apertura de las cajas electorales fue calificado de «ilegal» debido a que la ley solo autoriza a los magistrados del TSE a abrirlas.
Diversos sectores consideran que ello fue una interferencia del MP en el proceso electoral con la finalidad e impedir la investidura de Arévalo, pese a que el presidente Giammattei ha asegurado públicamente que le entregará el poder el 14 de enero de 2024. Foto portada Diestra.
