La justicia tiene dos carriles: el de la gacela para los enemigos y el de la tortuga para los amigos.
Por Diestra la Revista
La investigación de la tortuga
La justicia tiene dos carriles: el de la gacela para los enemigos y el de la tortuga para los amigos.
En Guatemala pareciera que la justicia tiene dos carriles: el de la gacela para los enemigos y el de la tortuga para los amigos. Cuando se trata de perseguir a quienes incomodan al poder, las instituciones pueden actuar con una velocidad sorprendente. Pero cuando las investigaciones alcanzan a funcionarios, antiguos colaboradores o personas relacionadas con las estructuras del Estado, comienzan las explicaciones, los procedimientos administrativos y los silencios que mantienen a la ciudadanía esperando respuestas. Los acontecimientos criminales registrados durante 2025 y 2026 ofrecen suficientes motivos para preguntarnos si la justicia avanza con la misma determinación para todos.
Un asesinato y una protección que no fue suficiente
El asesinato del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrido el 17 de octubre en Campo Marte, constituye un ejemplo reciente de las contradicciones que alimentan esa percepción. Solórzano Foppa contaba con protección policial proporcionada por el Estado desde 2010, reforzada durante 2025. Sin embargo, fue asesinado durante una actividad deportiva, en presencia de numerosos ciudadanos.
¿Dónde estaban los agentes responsables de su seguridad? ¿Se cumplieron los protocolos? ¿Se evaluaron las amenazas que podía enfrentar? ¿Qué falló para que una persona con protección institucional terminara asesinada en aquellas circunstancias?
El Ministerio de Gobernación explicó que sus escoltas se encontraban aproximadamente a 30 o 40 metros, atendiendo la protección de su hijo, y que intentaron reaccionar cuando comenzaron los disparos. Esa explicación debe formar parte de una evaluación exhaustiva para encontrar la verdad, aún cuando al abogado asesinado ya no pueda confirmar esa instrucción.
Las capturas que abrieron nuevas interrogantes
Después llegó la reacción policial. Dos hermanos indígenas, Rigoberto y Daniel Choc Toz, fueron detenidos y presentados públicamente como sospechosos. La noticia recorrió rápidamente los medios de comunicación, proyectando la impresión de que las autoridades habían alcanzado un resultado inmediato.
Pero aquella versión comenzó a debilitarse cuando el Ministerio Público solicitó falta de mérito y un juez ordenó su libertad por insuficiencia de indicios para vincularlos judicialmente.
En el procedimiento apareció una carabina cuya procedencia y relación con los detenidos fueron cuestionadas. Los hermanos denunciaron una posible implantación del arma, mientras el Ministerio Público comenzó a examinar las actuaciones de los agentes involucrados.
Y aquí comienza el verdadero recorrido de la tortuga.
¿Cómo apareció aquella arma? ¿Quién la transportó? ¿Quién tuvo acceso a ella? ¿Cómo fue documentado su hallazgo? ¿Qué registros existen de su custodia y de los procedimientos utilizados durante la detención?
La circunstancia de que los hermanos hayan recuperado su libertad por falta de mérito no representa jurídicamente una absolución definitiva, pero sí demuestra que los indicios presentados inicialmente no resultaron suficientes para sostener su vinculación al proceso.
Y si se comprueba que existió manipulación de pruebas, estaríamos frente a posibles responsabilidades penales que no deberían resolverse únicamente mediante procedimientos disciplinarios.
Siete agentes de la Policía Nacional Civil quedaron bajo investigación. El Ministerio de Gobernación anunció actuaciones internas. Sin embargo, la ciudadanía tiene derecho a preguntar qué medidas se han adoptado para establecer responsabilidades individuales y preservar la evidencia.
No se trata de exigir encarcelamientos sin pruebas ni de condenar anticipadamente a los policías. Se trata de recordar que una institución encargada de investigar delitos debe aplicar dentro de sus propias filas el mismo rigor que exige a los ciudadanos.
Hay otra pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo y cuántos recursos pudieron haberse destinado a unas capturas que finalmente no se sostuvieron ante el juez? ¿Afectó aquello las primeras diligencias destinadas a identificar a quienes realmente ejecutaron el ataque? O fue una acción para evitar dar con los verdaderos asesinos?
Los hermanos Choc Toz exigen disculpas y resarcimiento al Estado
El caso incorpora ahora un nuevo capítulo que merece especial atención. Los hermanos Choc Toz han exigido al Estado de Guatemala una disculpa pública y un resarcimiento por los daños que consideran haber sufrido durante su detención y posterior exposición como sospechosos del doble asesinato. Según la exigencia comunicada por su defensa, concedieron un plazo de 48 horas para que las autoridades atiendan sus peticiones y anunciaron que, de no obtener una respuesta satisfactoria, buscarán acompañamiento de organismos internacionales y promoverán acciones legales contra el Estado.
El abogado Karlos de León, representante de los hermanos, considera necesario que el presidente Bernardo Arévalo se pronuncie sobre lo ocurrido. El profesional también ha manifestado haber recibido amenazas, aunque no ha detallado públicamente las circunstancias que permitan establecer su origen o identificar a los posibles responsables. Esta denuncia merece una evaluación seria por parte de las autoridades competentes.
El nuevo escenario coloca al Gobierno frente a un desafío que trasciende la actuación de siete policías. ¿Quién asume la responsabilidad institucional cuando dos ciudadanos son presentados como sospechosos de un crimen de alto impacto y posteriormente recuperan su libertad porque los indicios no fueron suficientes? ¿Qué mecanismos existen para examinar los posibles daños a su reputación, a su integridad y a sus actividades laborales? ¿Y qué procedimientos deben seguirse para establecer si corresponde una reparación?
Las disculpas públicas y una eventual indemnización no pueden resolverse únicamente mediante declaraciones políticas. Exigen determinar las circunstancias de la detención, la legalidad del procedimiento, los daños demostrables y las responsabilidades que pudieran corresponder conforme a la legislación.
Pero el Estado tampoco debería ignorar la dimensión humana del acontecimiento. Los hermanos regresaron a sus actividades y a sus familias después de haber sido señalados públicamente por un asesinato que conmocionó a Guatemala. La resolución judicial no elimina automáticamente las consecuencias personales y sociales que pudo producir aquella exposición.
La pregunta es inevitable: ¿por qué el Estado parece capaz de actuar con velocidad para detener y señalar, pero necesita procedimientos mucho más prolongados para explicar, corregir y eventualmente reparar los errores de sus instituciones?
El presidente Arévalo había manifestado que se evaluarían mecanismos de apoyo para los hermanos. Ahora corresponde conocer qué decisiones concretas adoptarán las autoridades ante las peticiones de la defensa, sin anticipar responsabilidades que todavía deben establecerse legalmente.
Y mientras los afectados reclaman respuestas en un plazo de 48 horas, las investigaciones administrativas y penales continúan su propio recorrido.
Otra vez, la gacela y la tortuga.
Los crímenes de 2025 que siguen planteando preguntas
Pero la historia de la tortuga no comenzó con el asesinato de Solórzano Foppa.
El 25 de junio de 2025 fue asesinado Francisco Edgar Domínguez Higueros, conocido como -Paco-, a quien las autoridades habían vinculado con una estructura criminal denominada Los Caradura.
Meses después trascendieron grabaciones de conversaciones entre Domínguez Higueros y el político Roberto Arzú García-Granados, relacionadas con asuntos económicos, préstamos y deudas. Arzú reconoció la autenticidad de una conversación, pero aseguró que se trataba de relaciones comerciales y negó conocer los vínculos criminales atribuidos a Domínguez.
Ese antecedente permite formular preguntas legítimas. ¿Se investigaron suficientemente las relaciones económicas mencionadas? ¿Se examinó el origen y destino de los recursos? ¿Existían operaciones comerciales ordinarias o movimientos con alguna posible relevancia electoral?
No corresponde afirmar que aquellas grabaciones demuestran por sí mismas un delito de financiamiento político ni que determinan automáticamente la inelegibilidad de un aspirante. Semejantes conclusiones necesitan pruebas, procedimientos y decisiones de las autoridades competentes.
Pero tampoco debería confundirse la presunción de inocencia con la imposibilidad de investigar. Y pasados tantos meses aquí también parece que es la tortuga quien investiga. El político de la conversación será idóneo?, según la ley electoral y de partidos políticos.y los otros mencionados entonces qué? Qué pasara judicialmente con ellos?
La pregunta sigue siendo: ¿qué diligencias se han realizado y qué resultados pueden comunicar las autoridades dentro de los límites que permite la ley?
También permanece la obligación de esclarecer plenamente el asesinato de Domínguez Higueros, identificar a sus responsables y determinar si las investigaciones sobre sus relaciones económicas revelan hechos jurídicamente relevantes.
Veinte pandilleros fugados y un exministro sin localizar
Otro episodio que marcó 2025 fue la fuga de 20 integrantes del Barrio 18 de la prisión Fraijanes II, conocida públicamente en octubre de aquel año, evasión descubierta por el abogado asesinado el sábado 17, Juan Francisco Solorzano Foppa, puso la denuncia pública.
La evasión puso al descubierto profundas debilidades en los controles penitenciarios y provocó una crisis institucional que terminó con la salida del entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez Irungaray, y otros funcionarios. Otra interrogante surge:
Por qué el presidente destituyó a Jiménez pero lo dejó a cargo del Ministerio, acciones aunque puedan ser administrativamente legales, a los ojos de las dudas es que dejaron a Drácula cuidando el hospital de sangre.
Las investigaciones posteriores derivaron en señalamientos judiciales contra antiguos responsables del sistema penitenciario y en una orden de captura contra Jiménez.
La pregunta es inevitable: ¿cómo pudo producirse una fuga de semejante magnitud? ¿Quiénes participaron o facilitaron la salida? ¿Qué controles fueron incumplidos? ¿Quiénes tenían conocimiento de las vulnerabilidades de la prisión?
Un año después, las autoridades habían localizado a 11 de los 20 fugados, diez de ellos recapturados y uno hallado sin vida, mientras nueve continuaban prófugos.
Las recapturas, incluidas operaciones de cooperación con México, representan avances. Sin embargo, no eliminan las preguntas sobre las responsabilidades que permitieron la fuga.
En cuanto a Francisco Jiménez, las autoridades deben explicar los resultados de los mecanismos nacionales e internacionales destinados a localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia.
Han circulado versiones sobre su posible paradero y contactos con antiguos colaboradores. Sin evidencia corroborada no corresponde tratarlas como hechos, pero las autoridades sí tienen la obligación de investigar cualquier información verificable que pudiera contribuir a su localización.
También merece evaluación la continuidad de los equipos de seguridad e inteligencia que permanecieron en funciones después de los cambios ministeriales. Permanecer en un cargo no constituye prueba de deslealtad ni de encubrimiento, pero ninguna institución debería estar exenta de evaluaciones profesionales.
La lealtad de los funcionarios corresponde al Estado y a la Constitución, no a la persona que los nombró.
Huité, Zacapa, y la igualdad ante la ley
La tragedia de Huité, Zacapa, ocurrida el 27 de septiembre de 2026, dejó ocho personas fallecidas y provocó nuevas investigaciones sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.
El Ministerio de la Defensa informó sobre el relevo de dos mandos y la puesta a disposición del Ministerio Público de 107 militares, junto con su armamento y equipo. Estas actuaciones no constituyen sentencias ni determinan responsabilidades penales, pero muestran la necesidad de esclarecer lo ocurrido. El Ministerio de la Defensa creo una comisión por instrucciónes de su comandante general, el presidente Bernardo Arévalo, para investigar lo ocurrudo en esta comunidad. Pero el Ejército no puede ser juez y parte y entonces el papel del Ministerio Público lo realiza esta comisión?
El antecedente de la Cumbre de Alaska, en Totonicapán, ocurrido en octubre de 2012, continúa presente en la memoria nacional. Aquel episodio dejó seis personas fallecidas y numerosas heridas. Los procesos judiciales se prolongaron durante años, con condenas contra siete militares y una absolución del coronel Juan Chiroy por insuficiencia probatoria. En aquella ocasión el personal militar fue procesado rápidamente, hoy la historia es de la tortuga.
Las circunstancias de Alaska y Huité no son idénticas. Precisamente por ello, cada caso exige su propia investigación, con pruebas, responsabilidades individuales y respeto al debido proceso.
La justicia no puede cambiar de principios dependiendo del uniforme, del gobierno o de la identidad de los señalados.
La responsabilidad del Gobierno y del Ministerio Público
El presidente Bernardo Arévalo enfrenta la responsabilidad política de garantizar que las instituciones de seguridad bajo la conducción del Ejecutivo funcionen adecuadamente. Por su parte, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar de manera independiente los hechos que puedan constituir delitos.
No se trata de confundir sus competencias, sino de exigir que cada institución cumpla las funciones que la ley le asigna.
El Ministerio de Gobernación debe revisar los procedimientos policiales, fortalecer los controles internos y garantizar que los agentes respondan por eventuales irregularidades. El Ministerio Público debe investigar los posibles delitos y presentar ante los tribunales los casos que cuenten con sustento probatorio.
La lealtad de un funcionario hacia el Gobierno que lo nombró nunca debe confundirse con complicidad.
Servir a una administración no significa proteger actuaciones ilegales, justificar errores graves ni guardar silencio cuando existen indicios de abuso de autoridad.
También los medios de comunicación enfrentan un compromiso fundamental: investigar con el mismo rigor, independientemente de sus simpatías políticas. Las primeras capturas pueden ocupar grandes titulares, pero su posterior cuestionamiento judicial merece un seguimiento igualmente visible.
El silencio no puede sustituir a la justicia
Guatemala no necesita culpables escogidos anticipadamente ni inocentes definidos por afinidades políticas.
Necesita investigaciones serias, procedimientos transparentes y decisiones judiciales fundamentadas.
La sociedad tiene derecho a preguntar qué ocurrió con las escoltas de Solórzano Foppa, quién introdujo la carabina en el procedimiento de detención, qué responsabilidades podrían existir en la fuga de Fraijanes II y qué avances registran las investigaciones de otros crímenes de alto impacto.
Ahora debe sumarse otra pregunta: ¿qué respuesta dará el Estado a los hermanos Choc Toz y cómo garantizará que sus reclamos sean examinados de manera independiente y con respeto a sus derechos?
¿Por qué la justicia parece correr como gacela cuando anuncia capturas, pero avanzar como tortuga cuando debe esclarecer actuaciones de funcionarios o antiguos responsables del Estado?
La respuesta no llegará mediante comunicados ni explicaciones que se contradigan con el paso de los días. Llegará mediante pruebas, investigaciones independientes y resultados que puedan ser sometidos al escrutinio público.
Porque la confianza ciudadana puede perderse con una sola actuación irregular, pero recuperarla exige mucho más que promesas.
Y mientras la tortuga continúa caminando, Guatemala sigue esperando respuestas. Y hoy la desconfianza hacia las autoridades esta creciendo con una velocidad parecida a la de la Gacela.
El futuro ya no será el que era. (FBF)
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