Ciudad de Guatemala, 24 octubre (Diestra).-Aunque con menor intensidad y pese a existir una resolución judicial para no obstaculizar la libre locomoción en Guatemala, este martes los pueblos indígenas retomaron el bloqueo de las carreteras para continuar con su demanda de renuncia o destitución de la fiscal general, María Consuelo Porras.
Al menos cinco bloqueos se realizan ya en la carretera Interamericana luego del anuncio que hiciera un alcalde indígena del departamento occidental de Sololá. La decisión fue adoptada durante una asamblea por los alcaldes indígenas luego de un receso que se dio desde el pasado viernes, dijo.
Durante 21 días desde el 2 de octubre, las comunidades indígenas mantuvieron bloqueos en las principales carreteras del país, medida que afectó el desabastecimiento de productos y combustibles en el mercado local, lo cual causó millonarias pérdidas a la economía guatemalteca.
«Queremos informar a toda la población guatemalteca que tomen sus precauciones para no quedarse varados en la carretera», alertó el dirigente al anunciar la nueva jornada de bloqueos en la ruta Interamericana.
Sostuvo que la lucha que iniciaron para exigir la renuncia de la fiscal general sigue en pie. En las afueras de la sede central del Ministerio Público (MP) que dirige Porras siguen decenas de manifestantes que se asentaron en el lugar desde el 2 de octubre.
Además de Porras piden la renunciar del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, por su interferencia en el proceso electoral.
Las nuevas medidas de hecho se registran en momentos en que el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, se encuentra de visita oficial en el país para reunirse con funcionarios de Estado y se garantice una transición presidencial pacífica.
Además, pese a existir una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, de no obstaculizar las carreteras y permitir la libre locomoción, ya que las fuerzas de seguridad están autorizadas a actuar para desalojarlos por la fuerza.
Las comunidades indígenas aseguran que las protestas es para defender la democracia y que se respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 20 de agosto pasado cuando el progresista Bernardo Arévalo, fue electo como presidente para el periodo 2024-2028.
