ExMinistro Francisco Jiménez es protegido por el Presidente guatemalteco, al dejarlo aún en funciones y ello evita que el Ministerio Público pueda solicitar su captura, mientras tanto se emitieron órdenes de detención contra exviceministra y exdirector del Sistema Penitenciario
Por: Diestra
Guatemala, 17 de octubre de 2023.- La reciente fuga de 20 reos del grupo criminal Barrio 18 ha desatado una ola de controversia en el gobierno guatemalteco, generando críticas hacia el presidente Bernardo Arévalo por su aparente protección al exministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Este último, acusado de complicidad en la escapatoria, estaría enfrentando una orden de detención que ha puesto en tela de juicio la transparencia y efectividad de las instituciones de seguridad del país.
A pesar de la renuncia de Jiménez, aceptada por Arévalo en un intento de asumir la responsabilidad política, el exministro continúa en su puesto en lo que el presidente describe como una «transición ordenada y efectiva». Sin embargo, analistas y críticos señalan que este movimiento podría percibirse como un intento de encubrimiento que complica la investigación en curso del Ministerio Público, crucial para esclarecer los hechos que permitieron la fuga de estos peligrosos criminales, catalogados por Estados Unidos como una amenaza terrorista.
Mientras las fuerzas de seguridad buscan a la exviceministra de Antinarcóticos Claudia del Rosario Palencia Morales, acusada de los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la evasión y a:
- Ludin Astolfo Godínez, exdirector general del Sistema Penitenciario.
- Víctor Arnoldo Albeño Barco, ex subdirector del grupo B de la cárcel Fraijanes II (ya detenido)
- Heladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide del grupo B de la cárcel Fraijanes II, por incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión.
El mandatario apoya la resistencia de Jiménez, para enfrentar la justicia. La fuga ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema penitenciario en Guatemala y ha suscitado preocupaciones sobre la integridad del aparato encargado de la seguridad. Las autoridades están bajo presión para esclarecer cómo un grupo de jefes criminales logró evadir la seguridad, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la eficacia de las reformas penales y de seguridad implementadas por el gobierno actual.
La situación se complica aún más dado el contexto político del país, donde la corrupción ha sido un tema recurrente. La decisión de Arévalo de mantener a Jiménez en su puesto, incluso tras la renuncia, ha sido interpretada por algunos como un intento de proteger intereses personales en lugar de priorizar la justicia.
La comunidad está a la espera de avances en la investigación, mientras los críticos exigen mayor transparencia y responsabilidad, con las miradas puestas en las acciones futuras del presidente, la situación en Guatemala se mantiene en un estado de alerta, resaltando la imperiosa necesidad de fortalecer el sistema judicial y de seguridad para prevenir que incidentes como este se repitan en el futuro. La fuga de los pandilleros no solo ha amenazado la estabilidad del país, sino que también pone de manifiesto la debacle de un gobierno que llegó al poder con la esperanza de un cambio significativo para superar la impunidad y corrupción, hoy deja un reflejo que el país muestra un peligroso retroceso.
En conferencia de prensa, las autoridades del ente investigador encabezadas por la fiscal general, Consuelo Porras, indicaron que las investigaciones realizadas tras confirmarse la evasión de estos reos permitieron evidenciar la cooperación de autoridades para permitir que dejaran la prisión. De igual forma, señalaron que continúan las investigaciones, por lo que los resultados presentados este día corresponden a la Fase 1 del caso.
Porras señaló que queda en evidencia los niveles de corrupción que existen en el Ejecutivo, por lo que hizo un llamado al presidente Bernardo Arévalo a actuar con seriedad, pues consideró que aceptar las renuncias de la cúpula de Gobernación se trató de «una burla» a la población.
«El país no necesita montajes ni simulaciones políticas, exige respuestas reales y acciones firmes frente a la corrupción, el desorden, la ingobernabilidad y la ineptitud», agregó la fiscal.
Según sus palabras, «la realidad es clara y contundente: hoy, en Guatemala, los hechos demuestran que las instituciones responsables del orden, la seguridad ciudadana y la gobernabilidad están en crisis».
