La crisis diplomática que desnuda la doble moral del gobierno Arévalo
Por: Editorial Diestra
La carta enviada el 5 de noviembre por la representante de Florida, María Elvira Salazar al Secretario de Estado Marco Rubio, solicitando el retiro del embajador y del encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala, puso sobre la mesa un tema que muchos prefieren ignorar: la sospecha de injerencias diplomáticas en asuntos que son, sin discusión alguna, competencia exclusiva del Estado guatemalteco. Señalar presiones sobre jueces y operadores de justicia no es un asunto menor; es una alarma que cualquier gobierno responsable debería tomar con seriedad.
Pero la respuesta del presidente Bernardo Arévalo fue la de siempre: descalificar. Según él, todo es “mentira”, todo es “noticia falsa”, y quienes señalan estos riesgos son “enemigos de la democracia”. Un libreto repetido hasta el cansancio por gobiernos socialistas, si no mire al de Colombia, Brasil, Nicaragua y Honduras, que prefieren victimizarse antes que responder con transparencia.
El problema, sin embargo, es que el mandatario Arévalo no puede reclamar soberanía cuando le conviene y pisotearla cuando le resulta útil. Analistas señalan con preocupación que este gobierno recurre una y otra vez a organismos internacionales para involucrarse en procesos internos, especialmente en la elección de autoridades judiciales prevista para 2026. ¿En qué democracia seria es aceptable que actores externos vigilen o influyan en decisiones fundamentales de la justicia nacional?
» Cuando la retórica pretende cambiar la verdad, solamente resulta en una defensa débil y falsa».
La incoherencia es evidente: quienes hoy acusan “injerencia extranjera” cuando la crítica viene de Estados Unidos, son los mismos que justifican la intervención internacional cuando sirve a sus propios intereses políticos. Ese doble rasero es lo que realmente erosiona la institucionalidad y la confianza pública.
La democracia no se defiende buscando tutores extranjeros ni ocultándose detrás de discursos moralistas. Se defiende respetando la independencia de poderes, la soberanía y el Estado de derecho. Lo demás es propaganda.
Cuando un gobierno necesita convertir toda crítica en conspiración, cuando llama “enemigos de la democracia” a quienes exigen claridad, y cuando pretende que la retórica sustituya los hechos, lo que muestra no es fortaleza, sino fragilidad.
La verdad no se negocia. Y un país no puede darse el lujo de tolerar narrativas que maquillan la realidad mientras se juega, en silencio, con los pilares mismos de su institucionalidad. Porque como escribió alguien: » Cuando la retórica pretende cambiar la verdad, solamente resulta en una defensa débil y falsa».
