OPINIÓN
New York. Dos años bastaron para confirmar lo que muchos temían y otros se negaban a ver: el Estado guatemalteco atraviesa una crisis profunda de gobernabilidad, seguridad e inteligencia. Cada semana surge un nuevo episodio de violencia, y esta vez el propio Gobierno admite su fracaso al reconocer que “no hay inteligencia suficiente”. La confesión no es menor: siete agentes de la Policía Nacional Civil fueron asesinados mientras el Estado miraba, reaccionaba tarde y optaba por la improvisación.
La respuesta oficial fue el Estado de Sitio, una medida extrema que intenta contener el caos generado no solo por el crimen organizado, sino también por la corrupción y la inoperancia institucional. Un caos que encuentra eco y protección en más de 130 diputados, convertidos en caja de resonancia de un sistema político descompuesto. El columnista Ariel Montoya lo retrató con crudeza al describir el Presupuesto 2026 como “la noche de los sobres largos”: un atraco al erario público consumado en silencio, sin debate y de espaldas a un país empobrecido. No hubo sangre en el hemiciclo, pero sí muerte lenta en los territorios abandonados.
¿En qué falla el Gobierno ante este escenario? En casi todo. Falla al no contener la violencia diaria, falla en su sistema de justicia, falla en la prevención y, finalmente, falla cuando busca culpables externos para justificar su propia ineficiencia.
El Ejecutivo señala ahora a un cabecilla de la mara —catalogada como organización terrorista— Barrio 18, como responsable del terror vivido el fin de semana. El señalamiento, lejos de tranquilizar, expone el absurdo: si una sola persona tiene la capacidad de poner de rodillas al Estado y al gobierno del presidente Bernardo Arévalo, ¿por qué no fue aislada a tiempo? ¿Cómo es posible que un preso coordine una ofensiva criminal nacional desde una cárcel? La respuesta es simple y demoledora: el Estado no funciona.
Esta inoperancia es consecuencia directa de la impunidad. Nadie responde por la fuga de 20 jefes del Barrio 18, ni por quienes facilitaron o permitieron ese escape. Se menciona incluso al exministro Jiménez, hoy supuestamente viviendo sin sobresaltos en Canadá, mientras Guatemala entierra a sus policías.
El Estado de Sitio restringe garantías constitucionales: se limitan la reunión, la manifestación y la libre circulación; se habilitan detenciones sin orden judicial y la disolución forzada de concentraciones públicas. Aunque el presidente intente minimizarlo, la ley es clara: el país entra en una excepcionalidad que afecta incluso compromisos de Estado. Se restringen derechos, pero no se corrigen las causas del problema.
Ante este panorama surge la pregunta incómoda, pero inevitable: ¿tendrá el Estado de Guatemala el coraje de ir más allá de los parches? ¿Se atreverá a debatir seriamente la aplicación de la pena de muerte? ¿Adoptará un modelo de encarcelamiento efectivo como el de El Salvador? ¿O seguirá atado a los candados de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, que en la práctica han demostrado más preocupación por el discurso que por la seguridad de los ciudadanos?
Los próximos 30 días serán decisivos. Si somos realistas —y no complacientes—, es poco probable que la situación mejore. La violencia no se combate con comunicados, ni la gobernabilidad se impone con estados de excepción sin estrategia. Guatemala paga hoy el precio de un gobierno incompetente, ideologizado y superado por la realidad.
La pregunta ya no es si urge aplicar medidas drásticas. La pregunta es cuánto más está dispuesto el país a soportar antes de exigirlas.
Cabe advertir el riesgo de que estemos frente a una clásica “caja china”: una maniobra política diseñada para distraer a la opinión pública con un hecho de alto impacto, mientras el gobierno gana margen para justificar decisiones extraordinarias. En este caso, el temor no es menor, pues ese ruido artificial podría servir de pretexto para imponer medidas que, en condiciones normales, serían inaceptables y que solo encuentran sustento legal bajo un Estado de Sitio.
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