Plantear la clausura o, al menos, una revisión profunda y radical del rol de la ONU y la OEA en América Latina no es una excentricidad ni un acto de rebeldía irracional.
New York. Durante décadas, América Latina se ha formulado la misma pregunta sin atreverse a mirar en el lugar incómodo: ¿por qué, pese a su riqueza natural, humana y estratégica, la región no logra desarrollarse como otras naciones del mundo?..Existen excepciones puntuales, El Salvador es hoy la más visible, pero el balance regional es desolador. Honduras, Guatemala y Nicaragua representan, con matices propios, el rostro más crudo de la decadencia institucional, social y económica en Centro América, por ejemplo.
No se trata de fatalismo histórico ni de una supuesta incapacidad cultural: se trata de decisiones, influencias y silencios prolongados.
Si hacemos una retrospectiva honesta, veremos que en las décadas de 1960, 1970 y 1980 gran parte de América Latina mostraba indicadores de prosperidad superiores a los actuales: infraestructura funcional, carreteras en buen estado, proyectos energéticos, crecimiento agrícola sostenido y una noción clara de seguridad ciudadana. Hoy, en cambio, la región parece atrapada en una espiral de pobreza, conflictividad social y dependencia crónica. ¿Qué ocurrió en el camino? Una de las respuestas menos exploradas, porque resulta políticamente incómoda, apunta a la influencia corrosiva de los organismos internacionales, en particular la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Estas entidades, presentadas como guardianes del desarrollo, la democracia y los derechos humanos, han operado en la práctica como estructuras burocráticas que se benefician de sociedades fragmentadas. La confrontación interna, la polarización política y el conflicto social no les resultan un problema: les resultan funcionales. A mayor crisis, mayor justificación para enviar “misiones”, “observadores”, “comisiones” y “expertos” que, lejos de resolver los problemas de fondo, se instalan indefinidamente y consumen recursos públicos sin rendición de cuentas real.
En ese esquema, estos organismos actúan como los nuevos piratas del siglo XXI: no llegan con banderas negras ni cañones, sino con discursos técnicos y lenguaje diplomático. Funcionarios internacionales viven a cuerpo de rey, con salarios, viáticos y privilegios impagables para cualquier ciudadano latinoamericano, mientras administran la miseria, la división y el estancamiento de las naciones que dicen venir a “ayudar”.
Lejos de impulsar crecimiento sostenible, la ONU y la OEA han promovido un modelo de tutela permanente que debilita la soberanía de los Estados. América Latina no es pobre: es empobrecida por un sistema que la mantiene dependiente. La región posee petróleo, oro, plata y minerales estratégicos; tierras fértiles, agua abundante y ríos capaces de generar energía limpia; y una fuerza laboral calificada, disciplinada y responsable. Sin embargo, en lugar de potenciar estas ventajas, se ha frenado el desarrollo mediante condicionamientos ideológicos, narrativas de confrontación y una intervención constante en la vida política y social de los países.
Más grave aún es la intromisión cultural promovida desde estos foros. Bajo el discurso de la “modernidad” y la “apertura”, se impulsan ideas ajenas a la identidad histórica y cultural latinoamericana, importando debates que fracturan a la sociedad y desvían la atención de los problemas estructurales: pobreza, educación deficiente, inseguridad y falta de oportunidades. Se pretende redefinir valores fundamentales desde escritorios internacionales, como si las naciones latinoamericanas carecieran de historia, criterio propio o derecho a preservar su esencia.
Plantear la clausura o, al menos, una revisión profunda y radical del rol de la ONU y la OEA en América Latina no es una excentricidad ni un acto de rebeldía irracional. Es una propuesta seria, sensata y necesaria. Los países de la región deben recuperar su soberanía de decisión, romper con la dependencia de estructuras que viven de la crisis y reenfocar sus prioridades en el desarrollo real de sus pueblos. Sin ese acto de emancipación política e intelectual, América Latina seguirá atrapada en una promesa incumplida, administrada desde afuera y pagada con recursos propios.
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