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jueves, junio 4, 2026

Centroamérica: cuando el pantano ya no disimula la podredumbre

OPINIÓN

El colapso que ya no admite disfraces

New York.  Febrero 4, 2026.   Centroamérica atraviesa un momento de definiciones históricas. En Costa Rica, la victoria en primera vuelta de Laura Fernández, candidata del partido oficial,  marca algo más que un resultado electoral: confirma que una parte de la región comienza a corregir el rumbo. Su perfil conservador refleja una comprensión básica pero fundamental: sin familia, sin autoridad moral y sin disciplina social, no hay Estado que funcione. Costa Rica se suma así a una tendencia regional que reconoce que la educación comienza en el hogar, que la superación se construye con esfuerzo y que la familia sigue siendo el eje insustituible de cualquier sociedad viable.

Hoy, únicamente Nicaragua y Guatemala permanecen bajo gobiernos socialistas que han expulsado deliberadamente a la familia del centro de la vida pública. No se trata de una casualidad ideológica, sino de una decisión política cuyas consecuencias están a la vista: deterioro institucional, captura del Estado y avance del crimen organizado. Daniel Ortega y Bernardo Arévalo, aunque provienen de trayectorias distintas, comparten un mismo patrón de gobierno: la complicidad activa o pasiva con la destrucción de sus propias naciones.

El caso nicaragüense es ya una tragedia sin maquillaje. Ortega, un mandatario agotado, trasnochado y crecientemente aislado, ha perdido incluso la lealtad de sus aliados históricos tras entregar la conducción real del país a su pareja. Cada semana que pasa, su régimen pierde legitimidad, respaldo social y capacidad de control.

En Guatemala, la historia aún intenta presentarse como “proceso democrático”, pero los hechos desnudan otra realidad: un gobierno incapaz de gobernar y peligrosamente tolerante con estructuras criminales.

Las investigaciones publicadas por Prensa Libre no dejan espacio para la duda.

El primer reportaje documenta cómo el aparato estatal permitió la fuga de al menos 20 cabecillas del Barrio 18, organización criminal que, junto con la Mara Salvatrucha, fueron declaradas terroristas por Estados Unidos.

El 12 de octubre de 2025 no ocurrió una evasión: ocurrió una operación.   En audiencias judiciales, los pandilleros expresaron que salieron vestidos de policías, en autopatrullas y tras pagar dinero. No fue una falla del sistema; fue el sistema funcionando para el crimen.

La responsabilidad política alcanza directamente al presidente Bernardo Arévalo. Destituyó al ministro de Gobernación Francisco Jiménez, pero lo mantuvo en funciones durante un período crítico, esperando que el sustituto llegara a asumir, facilitando lo que terminó siendo una fuga anunciada.

Luego, funcionarios del sistema penitenciario, una viceministra cuestionada y el propio Jiménez simplemente desaparecieron. No hubo capturas, no hubo explicaciones, no hubo consecuencias.  En Guatemala, fue tratado como una nota más del día.

El segundo reportaje es aún más grave. Revela cómo funcionarios del actual gobierno intentaron ignorar alertas de inteligencia de Estados Unidos, que llegaron en la víspera de Navidad, sobre un gigantesco cargamento de droga ingresado por Puerto Quetzal.

Se señala, incluso, que contenedores salieron del puerto por órdenes irregulares.

Y frente a este escándalo, el presidente optó por el peor camino: el del maquillaje. Asesorado por su equipo de imagen, salió a felicitar a la Policía Nacional Civil, intentando apropiarse de un golpe que no fue suyo. La embajada estadounidense fue clara y demoledora: «se trató de una de las incautaciones de cocaína más grandes en la historia de los puertos guatemaltecos, lograda bajo el liderazgo del presidente Donald Trump». El mensaje fue inequívoco: sin la alerta y presión de Estados Unidos, la droga habría seguido su camino. El gobierno guatemalteco no lideró la acción; fue advertido, empujado y expuesto.

Mientras El Salvador, Honduras y ahora Costa Rica entienden que solo gobiernos firmes y conservadores pueden enfrentar el crimen, Guatemala y Nicaragua siguen atrapadas en el pantano.

La pregunta ya no es política, es existencial: ¿cuánto más aguantará Nicaragua bajo los Ortega-Murillo? ¿Cuánto más soportará Guatemala la inoperancia, la corrupción y la simulación?

El pantano no avisa cuando ahoga. Y cuando lo hace, ya es demasiado tarde. La pregunta final ya no admite evasivas ni discursos de ocasión. Los guatemaltecos tendrán aún fuerzas para aguantar el desenlace, o sacarán toda la energía necesaria para cambiar el rumbo del deteriorado sistema de gobernar impuesto por mentes criminales. El tiempo de la espera terminó. Lo que sigue es decisión —o resignación— de dos países enteros.

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