OPINIÓN:
Durante más de tres décadas, América Latina ha financiado, con recursos públicos, uno de los principales motores económicos del régimen de Cuba: la exportación de brigadas médicas.
Lo que comenzó en los años noventa como cooperación sanitaria terminó convertido en un modelo estructural de captación de divisas. Países como México, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Uruguay han contratado contingentes bajo convenios que rondan los US$3,500 mensuales por brigadista. Diversos informes sostienen que una parte sustancial de esos recursos es retenida por el Estado cubano, consolidando el programa como una de las principales fuentes de ingresos externos de La Habana.
El problema no es la cooperación médica en sí, sino el modelo financiero y laboral que la sostiene. Mientras los Estados pagan miles de dólares por cada brigadista, muchos médicos locales perciben apenas una tercera parte de ese monto por funciones similares. Esa disparidad genera desmotivación, fuga de talento y un mensaje institucional preocupante: el profesional nacional termina siendo menos valorado que el importado. América Latina no puede hablar de soberanía sanitaria si debilita a su propio recurso humano.
En este contexto, el gobierno del presidente Donald Trump ha señalado el fenómeno y ha instado a los gobiernos latinoamericanos a revisar estos convenios, argumentando que ningún país puede consolidar su desarrollo si descuida a sus propios profesionales. Más allá de afinidades ideológicas, la discusión debe centrarse en transparencia, derechos laborales y sostenibilidad fiscal. Cuba ha exportado decenas de miles de médicos cada año —acumulando cifras que superan el millón de misiones en tres décadas—, pero el debate regional sigue siendo superficial y fragmentado.
Surge entonces una pregunta incómoda: ¿por qué el silencio de organismos como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos o la Unión Europea frente a este modelo? Son instituciones que con frecuencia participan activamente en la observación y supervisión de procesos electorales en América Latina, pero que han mantenido posiciones mucho más discretas respecto a la estructura contractual y laboral de estas misiones médicas. Algunos sectores interpretan esta cautela como una falta de voluntad política para abrir un debate incómodo en foros multilaterales. Otros lo ven como una señal de que el tema no ha sido suficientemente priorizado en sus agendas formales.
Lo cierto es que la región necesita una discusión seria, técnica y transparente. Si existen dudas sobre las condiciones laborales, la retención salarial o el uso de fondos públicos, corresponde a los Estados, a la sociedad civil y a los propios organismos internacionales analizar el modelo con rigor, no con consignas. América Latina debe decidir si continúa financiando estructuras externas en detrimento de su talento interno o si transforma esos recursos en inversión directa para dignificar a sus propios profesionales. Porque al final, la verdadera soberanía comienza por respetar y fortalecer el capital humano nacional.
Por qué muchos países se resisten de cerrar estos convenios, que ganan con esperar un año más, esta acción en cámara lenta, se interpreta como un desafío.
Lea también: https://diestralarevista.com/true-crime-cuando-el-crimen-es-solo-la-superficie-del-poder/
