Trump crea Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude en programas federales de beneficios
Washington, D.C. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva Orden Ejecutiva que establece el Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude, una iniciativa destinada a coordinar los esfuerzos del gobierno federal para combatir el fraude, el despilfarro y el abuso en los programas de beneficios financiados con fondos públicos.
De acuerdo con la orden presidencial, el nuevo grupo tendrá la responsabilidad de asesorar directamente al presidente y desarrollar una estrategia nacional para fortalecer los mecanismos de supervisión y control en programas federales de asistencia como vivienda, alimentación, atención médica y ayudas económicas administradas en coordinación con los estados y gobiernos locales.
El grupo será presidido por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, mientras que el presidente de la Comisión Federal de Comercio actuará como vicepresidente. El asistente del presidente para Seguridad Nacional ejercerá como asesor principal y un director ejecutivo supervisará las operaciones diarias del organismo.
La administración informó que los secretarios de gabinete y los jefes de las agencias federales pertinentes formarán parte de este grupo de trabajo, cuyo objetivo será coordinar acciones para mejorar los sistemas de verificación de elegibilidad, implementar controles de prepago, detectar tendencias de fraude de alto riesgo y desmantelar redes que se benefician ilegalmente de los programas federales.
Entre las medidas que impulsará el grupo se incluyen la implementación de requisitos mínimos de verificación contra el fraude, controles de identidad y documentación para los beneficiarios, auditorías y mecanismos de supervisión destinados a prevenir la explotación de recursos públicos.
Supervisión de programas federales
Según la Casa Blanca, muchos programas de beneficios federales son administrados por los estados, lo que ha generado diferencias en los mecanismos de verificación y supervisión. La administración señaló que algunas políticas estatales han permitido la autocertificación de elegibilidad o han ampliado el acceso a beneficios más allá de los parámetros establecidos originalmente por el Congreso.
La orden ejecutiva también menciona preocupaciones sobre posibles vulnerabilidades en algunos estados donde la supervisión federal ha sido limitada o donde las autoridades locales han restringido el acceso a datos necesarios para verificar la elegibilidad de los beneficiarios.
En julio de 2025, un grupo de 21 estados presentó una demanda en California para impedir que el gobierno federal realizara revisiones sobre la elegibilidad de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), lo que evidenció tensiones entre autoridades estatales y federales respecto a los mecanismos de supervisión.
Casos recientes de fraude
El gobierno federal también ha citado varios casos recientes que evidencian la magnitud del problema. En Minnesota, investigaciones federales han señalado que el fraude en programas como Medicaid podría alcanzar miles de millones de dólares. Además, el caso conocido como Feeding Our Future involucró el presunto desvío de cerca de 250 millones de dólares destinados a programas de alimentación para niños.
De acuerdo con autoridades federales, otras investigaciones también han detectado redes organizadas que habrían utilizado fondos federales destinados al cuidado infantil para adquirir propiedades, vehículos de lujo y realizar viajes internacionales.
La administración sostiene que estas irregularidades no solo afectan a los contribuyentes estadounidenses, sino también a los ciudadanos que realmente califican para recibir estos beneficios.
Estrategia contra el fraude
El presidente Trump afirmó que su administración está utilizando todas las herramientas disponibles para cerrar las brechas que permiten el fraude en los programas federales.
“El primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes indocumentados”, declaró el mandatario al referirse a las medidas adoptadas para fortalecer los controles en el uso de recursos públicos.
Entre las acciones recientes de la administración se incluyen varias órdenes ejecutivas firmadas durante 2025 para mejorar la supervisión financiera del gobierno federal, reforzar la capacidad del Departamento del Tesoro para detectar pagos indebidos y limitar el acceso a beneficios federales a personas que no cumplen con los requisitos legales.
Asimismo, en enero de 2026 el vicepresidente Vance anunció la creación de una nueva división dentro del Departamento de Justicia dedicada a reforzar la aplicación de la ley contra el fraude a nivel nacional.
Las autoridades federales indicaron que el nuevo Grupo de Trabajo presentará informes periódicos al presidente sobre los avances en la implementación de estas medidas.
