OPINIÓN
Gestaban una acción legal para apartarlo del cargo
Por Anthony Valdéz
En política, los golpes de Estado ya no se anuncian con tanques ni con cadenas nacionales. Se diseñan en silencio, se construyen desde adentro y se ejecutan con apariencia de legalidad. Son operaciones quirúrgicas que no rompen de inmediato el orden constitucional, pero lo empujan al límite hasta hacerlo colapsar. Y casi siempre, como lo demuestra la historia, no nacen en la oposición, sino en los círculos más cercanos al poder.
Lo ocurrido entre el presidente Bernardo Arévalo y el diputado Samuel Pérez no es un episodio menor ni una simple diferencia de criterios. Es la evidencia de una fractura profunda dentro del oficialismo, pero sobre todo, de una dinámica más peligrosa: la construcción de escenarios que podrían forzar al mandatario a cometer errores constitucionales. La propuesta de la facción Raíces para intervenir la Universidad de San Carlos de Guatemala no era una idea inocente. Era una invitación directa a cruzar una línea prohibida: la vulneración de la autonomía universitaria, un principio protegido por la Constitución de Guatemala.
Empujar al presidente hacia esa decisión habría abierto la puerta a un proceso de antejuicio, a un eventual desafuero y, en el peor de los casos, a su remoción. Es decir, un “golpe técnico”: sin violencia, sin ruptura formal, pero con consecuencias políticas devastadoras. Bajo esta lectura, la iniciativa no solo era inviable, sino potencialmente destructiva para la estabilidad del propio gobierno que decía representar.
Pero aquí aparece el elemento más inquietante: cuando los intereses personales se combinan con la incapacidad de gobernar con efectividad, el sistema comienza a resquebrajarse desde adentro. La falta de resultados concretos debilita la autoridad del líder, y en ese vacío emergen ambiciones. Los cercanos dejan de ver al presidente como conductor del proyecto político y empiezan a percibirse a sí mismos como alternativas de poder. En ese momento, la lealtad se diluye, y la política se convierte en una lucha interna donde todo parece justificarse, incluso forzar decisiones que rocen, o violen, el orden constitucional.
Es en ese punto donde el riesgo se vuelve estructural. Porque si dentro del propio oficialismo se normaliza la idea de que “cualquiera puede mandar”, que ahora las reglas pueden doblarse?, según la conveniencia del momento, entonces el problema ya no es un diputado o una facción: es la erosión misma del Estado de derecho. La Constitución deja de ser un límite y se convierte en un obstáculo a superar.
Lo sucedido expone una verdad incómoda: los enemigos del presidente Bernardo Arévalo no están únicamente en la oposición. Están en su entorno, operando con cálculo político, esperando el error, construyendo narrativas y, cuando llega el momento, actuando. La traición en política no es una excepción; es una constante. Pero se vuelve determinante cuando el poder pierde cohesión y dirección.
Hoy, el mayor desafío del gobierno no es solo gobernar hacia afuera, sino sobrevivir hacia adentro. Porque cuando el poder se percibe débil, los aliados se transforman en competidores, y los competidores, muchas veces, en arquitectos silenciosos de la caída.
