El último fusilamiento registrado en Estados Unidos ocurrió el 11 de abril de 2025, cuando el estado de South Carolina ejecutó a Mikal Mahdi mediante pelotón de fusilamiento. Fue la segunda ejecución de este tipo en ese estado en pocas semanas.
Por Diestra La Revista
Washington, DC. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una nueva fase de endurecimiento en la aplicación de la pena de muerte federal, al confirmar que la administración del presidente Donald Trump restablecerá el uso del pelotón de fusilamiento, reactivará protocolos de inyección letal utilizados durante su primera gestión y simplificará los procedimientos internos para acelerar la ejecución de condenados a muerte. La medida, presentada como parte de una estrategia para “fortalecer” la justicia penal, representa uno de los giros más severos en materia criminal de los últimos años y vuelve a colocar a Estados Unidos en el centro del debate internacional sobre derechos humanos y castigo extremo.
Según el comunicado oficial, la administración sostiene que estas acciones buscan garantizar una respuesta ejemplar frente a criminales de alta peligrosidad y enviar un mensaje disuasivo a quienes pretendan cometer delitos de extrema violencia. Entre las nuevas disposiciones se incluye la ampliación de métodos de ejecución, incorporando nuevamente el fusilamiento como mecanismo legal, una práctica históricamente asociada a los castigos más severos del Estado y que durante décadas había permanecido prácticamente relegada del sistema federal.
La decisión no surge de manera aislada. Desde el primer día de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva respaldando la aplicación de la pena capital para delitos considerados de máxima gravedad. Además, instruyó al fiscal general a solicitar la pena de muerte en casos que involucren el asesinato de agentes del orden público y en homicidios cometidos con premeditación por extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular dentro del país. Esta última disposición introduce un componente político particularmente delicado, al vincular directamente la política criminal con el debate migratorio, uno de los pilares centrales del discurso republicano.
El regreso del pelotón de fusilamiento tiene una carga simbólica poderosa. No se trata únicamente de un método de ejecución, sino de una señal política que busca reforzar una narrativa de mano dura y autoridad absoluta frente al crimen. Para sus defensores, esta medida representa la recuperación del principio de castigo proporcional y la defensa de las víctimas; para sus críticos, constituye un retroceso civilizatorio que revive prácticas que muchas democracias modernas han dejado atrás por considerarlas incompatibles con los estándares contemporáneos de dignidad humana.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que ampliar los métodos de ejecución no resuelve los problemas estructurales del sistema judicial, especialmente en un país donde persisten cuestionamientos sobre errores judiciales, sesgos raciales y desigualdad en la aplicación de la pena capital. El temor de los sectores críticos es que la rapidez procesal anunciada por el Departamento de Justicia termine debilitando garantías fundamentales del debido proceso en casos donde una equivocación no admite reparación.
En el plano político, la decisión también fortalece el perfil electoral de Trump frente a su base conservadora, particularmente en estados donde la seguridad pública y el control migratorio son temas prioritarios. La pena de muerte deja así de ser solo una herramienta penal para convertirse en un símbolo de poder político y una bandera ideológica. En un país profundamente polarizado, el mensaje es claro: la Casa Blanca busca mostrar firmeza absoluta frente al crimen, aun si ello implica reabrir viejas heridas sobre el límite moral del poder del Estado para decidir sobre la vida de sus ciudadanos.
El último fusilamiento registrado en Estados Unidos ocurrió el 11 de abril de 2025, cuando el estado de South Carolina ejecutó a Mikal Mahdi mediante pelotón de fusilamiento, por el asesinato en 2004 del oficial James Myers. La ejecución tuvo lugar a las 18:01 en el Centro Correccional Broad River, convirtiéndose en el segundo reo ejecutado por este método en el estado en cinco semanas.Fue la segunda ejecución de este tipo en ese estado en pocas semanas.
Antes de eso, el caso más relevante había sido el de Brad Sigmon, ejecutado el 7 de marzo de 2025, también en South Carolina, convirtiéndose en el primer preso ejecutado por fusilamiento en Estados Unidos en 15 años. Condenado por el doble asesinato de los padres de su exnovia en 2001, Sigmon eligió este método sobre la silla eléctrica o inyección letal.
Previo a 2025, el último fusilamiento había sido el de Ronnie Lee Gardner, ejecutado el 18 de junio de 2010 en el estado de Utah. Tras pasar 25 años en el corredor de la muerte por el asesinato del abogado Michael Burdell durante una fuga en 1985. La de Ronnie Lee Gardner, fue la primera ejecución por fusilamiento en EE. UU. desde 1999, elegida por el propio reo.
Durante esos 15 años, el método permaneció prácticamente inactivo hasta su reactivación reciente.
Esto explica por qué la decisión de la administración de Donald Trump de reincorporar el pelotón de fusilamiento a nivel federal tiene un fuerte impacto simbólico: no solo revive un método históricamente polémico, sino que también envía un mensaje político de endurecimiento extremo en materia penal.
