El contrato con Banrural y los cuestionamientos sobre pagos por asesorías o chayote
Por Diestra La Revista
Ciudad de México. Mientras nuevas investigaciones rodean al embajador de Guatemala en México, Edgar Gutiérrez Girón, ahora resurgen documentos que permanecieron archivados durante años y que hoy vuelven a colocar bajo cuestionamientos su relación con estructuras financieras, políticas y de poder en Guatemala.
Uno de esos documentos es un contrato privado de prestación de servicios profesionales suscrito entre el Banco de Desarrollo Rural, S.A. (Banrural) y Edgar Armando Gutiérrez Girón, fechado el 12 de febrero de 2020, por U$2,500 mensuales, mediante el cual el diplomático fue contratado como “consultor en análisis y prospectiva estratégica”.
El convenio, cuya copia consta de diez páginas, establece que Gutiérrez Girón debía prestar asesoría estratégica directa a Banrural y a entidades del Grupo Financiero Banrural, elaborando análisis macro y microeconómicos, estudios políticos y sociales, mapas conceptuales de incidencia de sociedad civil y evaluaciones del entorno nacional. El documento también señala que debía facilitar relaciones estratégicas con sectores de sociedad civil “en la coyuntura que vive el país”.
La cláusula sexta del contrato detalla que el consultor debía atender requerimientos de directores, ejecutivos y gerentes del banco, desplazarse a cualquier punto del territorio nacional donde fueran requeridos sus servicios y emitir informes periódicos de sus funciones. Además, el contrato exigía dedicación, diligencia, confidencialidad absoluta y protección de toda la información generada o recibida durante la relación contractual.
El acuerdo establecía honorarios mensuales por Q20 mil quetzales (U$2,500.00), impuestos incluidos, pagos que debían efectuarse contra entrega de factura e informe mensual de actividades realizadas. También contemplaba cláusulas anticorrupción, prohibiciones expresas sobre cobros ilegales, conflictos de interés y cualquier acción que pusiera en riesgo la reputación del banco.
Sin embargo, ahora surgen interrogantes sobre si dichas asesorías realmente fueron ejecutadas, si existieron informes entregados, cuáles fueron los productos estratégicos desarrollados y qué impacto concreto tuvieron dentro de la institución financiera. Las dudas aumentan debido a que el contrato contenía obligaciones específicas de producción documental, participación activa en reuniones y generación de análisis técnicos de alto nivel.
Otro elemento que llama la atención es que el contrato permitía al banco efectuar auditorías, inspecciones y revisiones directas de las actividades desarrolladas por el consultor. Incluso, Banrural podía terminar anticipadamente el convenio si el profesional abandonaba funciones, incumplía obligaciones, divulgaba información confidencial o no presentaba los informes requeridos.
Las cláusulas también prohibían expresamente utilizar la relación contractual para actos anómalos, lavado de dinero, financiamiento ilícito o actividades que afectaran la honorabilidad de la entidad financiera. Paradójicamente, años antes, el nombre de Banrural ya había aparecido en uno de los casos políticos más explosivos en la historia reciente de Guatemala: el caso Rosenberg.
Analistas consideran que, por la amplitud de obligaciones establecidas en ese convenio, incluyendo análisis macroeconómicos, estudios políticos, incidencia social, mapas estratégicos y generación constante de informes técnicos, habría sido necesario contar con una estructura profesional amplia, posiblemente integrada por varios especialistas y asistentes técnicos, para cumplir eficientemente con todas las exigencias contractuales.
El contrato con Banrural se mantuvo vigente hasta años recientes, extremo que aún deberá ser determinado documentalmente. Sin embargo, hasta ahora no han trascendido públicamente informes, productos técnicos o evidencia concreta del trabajo estratégico que supuestamente sustentaba los pagos mensuales al consultor.
El banco pagaba (chayote) por ser protegido por Gutierrez y no salir atacado en las noticias?
Contratos, Pagos y Nuevas Sombras
Otro elemento que vuelve a despertar cuestionamientos alrededor de Edgar Gutiérrez Girón son los pagos que habría recibido mientras fungía como asesor del entonces Secretario Privado de la Presidencia, Juan de Dios Rodríguez, durante el gobierno del Partido Patriota encabezado por Otto Pérez Molina.
Documentos y registros difundidos públicamente señalan que Gutiérrez habría devengado alrededor de cuatro mil dólares mensuales por servicios profesionales prestados a la Secretaría Privada de la Presidencia. De mantenerse esos pagos durante el período en que Otto Pérez Molina permaneció en el poder, el hoy embajador guatemalteco en México habría acumulado al menos 172 mil dólares en honorarios.
La cifra abre nuevas interrogantes sobre el verdadero alcance de esos servicios profesionales y sobre la naturaleza de la relación política que mantenía con una de las estructuras más poderosas del gobierno patriota. Sectores críticos cuestionan si se trató de asesorías efectivamente ejecutadas o si los pagos respondían a una forma de compensación política discreta . En círculos periodísticos, incluso, resurgen expresiones populares utilizadas históricamente para describir pagos opacos o favores políticos disfrazados de consultorías, con chayote.
Las dudas aumentan debido a que públicamente nunca se observó a Edgar Gutiérrez Girón participando activamente en actividades oficiales, conferencias, actos de gobierno o espacios políticos visibles relacionados con la administración de Otto Pérez Molina, como normalmente ocurre con asesores estratégicos de alto nivel dentro de estructuras presidenciales.
El pasaporte que nunca fue falso
Ahora, un tercer elemento se suma a las dudas que rodean al representante del gobierno guatemalteco en México: la revelación de que un prófugo internacional habría logrado obtener documentación guatemalteca legítima, permitiéndole evadir controles migratorios y movilizarse internacionalmente sin levantar sospechas.
La captura en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna abrió una nueva línea de cuestionamientos sobre los mecanismos de emisión de documentos guatemaltecos en el extranjero y el posible uso de estructuras diplomáticas para facilitar identidades legales a operadores internacionales. Según autoridades argentinas, el detenido utilizaba un pasaporte guatemalteco auténtico, no falsificado, situación que evitó alertas migratorias inmediatas y le permitió desplazarse internacionalmente sin mayores obstáculos.
Antes de ser ubicado en territorio argentino, existen registros de que Farías Laguna salió hacia Florida, Estados Unidos, en agosto de 2024, sin que existan registros oficiales de sobre salida y retorno a Guatemala. La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, afirmó públicamente que el capturado era considerado pieza clave dentro de una estructura criminal dedicada al tráfico de combustible, utilizando mecanismos de simulación para hacer pasar carburantes como aceites y aditivos industriales.
Fuentes vinculadas a la investigación consideran que el uso de un pasaporte auténtico y no alterado, abre interrogantes sobre dónde y cómo fue gestionada la documentación. Distintas líneas de análisis apuntan a que el documento pudo haber sido emitido en la sede diplomática de Guatemala en Ciudad de México, representación que durante ese período estaba bajo la dirección del embajador Edgar Gutiérrez Girón.
La situación adquiere mayor sensibilidad debido a que en regiones fronterizas, como Tapachula, Chiapas, históricamente han operado redes dedicadas al tráfico y falsificación de documentos migratorios. Sin embargo, en este caso, las autoridades argentinas sostienen que el pasaporte utilizado por Farías Laguna no era falso ni artesanal, sino un documento oficial válido, lo que cambia completamente la dimensión de las sospechas y dirige la atención hacia posibles fallas, irregularidades o estructuras de facilitación dentro de los mecanismos oficiales de emisión documental guatemalteca en el extranjero.
La pregunta es Gutierrez recibió: honorarios, sobornos o chayotes?
Lea esta investigación del medio guatemalteco: República.com
