La Corte Suprema se pronuncia 8-1 sobre la demanda vinculada a Cuba.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos abrió un nuevo capítulo en las disputas legales relacionadas con propiedades confiscadas por el régimen cubano tras la Revolución, al determinar que la empresa estadounidense Havana Docks puede reclamar indemnizaciones contra cuatro de las principales líneas de cruceros del mundo por utilizar muelles expropiados en el puerto de La Habana.
En una decisión emitida por ocho votos a favor y uno en contra, el máximo tribunal estadounidense concluyó que Havana Docks no estaba obligada a demostrar que sus derechos de propiedad habrían continuado vigentes si el gobierno cubano no hubiera confiscado los muelles décadas atrás. El juez Clarence Thomas escribió en la opinión mayoritaria que el uso de los muelles por parte de las compañías de cruceros “es suficiente para demostrar que utilizaron propiedad confiscada por el Gobierno cubano”.
La resolución revive la demanda presentada en 2019 por Havana Docks contra Royal Caribbean Group, Carnival Corporation & plc, Norwegian Cruise Line Holdings y MSC Cruises, compañías que operaron viajes hacia Cuba entre 2016 y 2019, durante el acercamiento diplomático impulsado por la administración de Barack Obama. Las empresas argumentaron que actuaron siguiendo las políticas autorizadas por Washington y sostuvieron además que los derechos legales de Havana Docks sobre los muelles ya habrían expirado independientemente de la confiscación realizada por el gobierno cubano.
El fallo del Supremo revoca así la decisión previa del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, que había favorecido parcialmente a las líneas de cruceros. Un tribunal inferior ya había considerado responsables a las compañías y fijado daños estimados en unos 440 millones de dólares, cifra que ahora vuelve a cobrar relevancia jurídica tras la resolución del alto tribunal.
La jueza Elena Kagan fue la única magistrada que emitió un voto disidente. El caso es observado de cerca por sectores empresariales y legales debido a que podría fortalecer futuras reclamaciones de compañías estadounidenses sobre propiedades confiscadas en Cuba tras la llegada de la Revolución liderada por Fidel Castro.
