Denuncian actuar de la Magistrada Presidente y su aliada, ponen en entredicho una justicia pronta y cumplida
OPINION
Por años, Guatemala ha enfrentado crisis políticas, enfrentamientos ideológicos y disputas de poder que han puesto a prueba la resistencia de sus instituciones. Sin embargo, pocas veces el país había observado con tanta preocupación señales provenientes del propio órgano encargado de garantizar la supremacía constitucional. Cuando un magistrado de la Corte de Constitucionalidad denuncia públicamente retrasos injustificados, decisiones administrativas irregulares y prácticas que, a su juicio, vulneran la seguridad jurídica y la independencia judicial, el problema deja de ser interno y se convierte en una amenaza para toda la República.
La inhibitoria presentada por el magistrado Roberto Molina Barreto este 15 de junio constituye un documento de enorme trascendencia institucional. En ella describe cómo diversos expedientes relacionados con la elección del rector de la Universidad de San Carlos no fueron remitidos oportunamente a los tribunales correspondientes, pese a las recomendaciones formuladas por magistrados del propio tribunal. También denuncia retrasos de varios días en la firma de resoluciones ya adoptadas por el pleno, una situación que considera contraria a la Ley de Amparo y perjudicial para la certeza jurídica.
Lo verdaderamente alarmante es que estas denuncias no provienen de actores políticos externos, de organizaciones sociales o de sectores enfrentados en la controversia universitaria. Provienen de un magistrado titular de la máxima instancia constitucional del país. En otras palabras, es la propia Corte la que hoy expone señales de una preocupante crisis interna.
La Constitución y las leyes no fueron diseñadas para aplicarse según conveniencias políticas. Los plazos existen porque garantizan igualdad, previsibilidad y certeza. Cuando las resoluciones son retrasadas sin explicación convincente, cuando los procedimientos dejan de seguir el ritmo que exige la ley y cuando las decisiones parecen quedar atrapadas en consideraciones ajenas al derecho, la confianza pública se deteriora.
Es precisamente allí donde surge la mayor preocupación. Resulta imposible ignorar que detrás de muchas de las controversias que hoy rodean a la institucionalidad guatemalteca aparecen sectores políticos que han perdido credibilidad ante amplios segmentos de la población. Sectores que, incapaces de recuperar respaldo ciudadano por la vía del convencimiento democrático, parecen encontrar en la confrontación institucional una alternativa para mantener espacios de influencia.
Cada vez son más los ciudadanos que se preguntan si determinadas actuaciones dentro de la Corte responden exclusivamente a criterios jurídicos o si, por el contrario, existe una peligrosa coincidencia con intereses políticos externos. La sola existencia de esa duda representa un daño severo para la institucionalidad. La justicia constitucional debe inspirar confianza absoluta; no puede estar rodeada de sospechas, interpretaciones partidistas o percepciones de alineamiento político.
Guatemala se encuentra hoy en un momento delicado. La estabilidad democrática depende de que los poderes del Estado respeten sus límites y que las instituciones actúen con independencia real y visible. Cuando se percibe que actores políticos intentan influir en órganos constitucionales, se debilita uno de los pilares fundamentales de la República: la separación de poderes.
Por ello, el presidente Bernardo Arévalo y todos los funcionarios de su administración tienen una responsabilidad ineludible. Deben garantizar, con hechos y no únicamente con discursos, que la Corte de Constitucionalidad actúe libre de cualquier presión o influencia política. Gobernar no significa extender poder sobre instituciones independientes; significa respetar su autonomía, incluso cuando sus decisiones resulten incómodas para el Ejecutivo.
La Corte de Constitucionalidad no pertenece al Gobierno, ni a la oposición, ni a grupos ideológicos, ni a sectores de presión. Pertenece a la República de Guatemala. Su misión es proteger la Constitución y garantizar que nadie se coloque por encima de ella. Cuando esa misión se ve comprometida por retrasos, disputas internas o decisiones alejadas de la legalidad estricta, todo el sistema democrático comienza a resentirse.
La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿qué ocurre cuando quienes tienen la obligación de hacer cumplir la ley son señalados de incumplirla? En una democracia madura no puede existir inmunidad institucional frente a la rendición de cuentas. La independencia judicial es un principio esencial, pero jamás puede interpretarse como una autorización para ignorar procedimientos, plazos o responsabilidades establecidos por el ordenamiento jurídico.
Lo que hoy ocurre en la Corte de Constitucionalidad trasciende el conflicto universitario. No se trata únicamente de la elección de un rector ni de una disputa procesal. Lo que está en juego es la credibilidad del máximo intérprete de la Constitución y, con ello, la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho.
Guatemala está entrando en una zona de riesgo institucional que no debe subestimarse. Cuando la legalidad comienza a ceder frente a intereses coyunturales, cuando los procedimientos se vuelven secundarios y cuando las instituciones dejan de transmitir certeza, el daño puede extenderse durante generaciones. La historia latinoamericana está llena de ejemplos de democracias que no colapsaron de un día para otro, sino que fueron debilitándose lentamente por pequeñas concesiones al abuso, a la arbitrariedad y a la manipulación política.
Todavía hay tiempo para corregir el rumbo. Pero ello exige valentía institucional, respeto irrestricto a la ley y una firme voluntad de preservar la independencia de los órganos constitucionales. La Constitución debe seguir siendo el límite del poder y no una herramienta sometida a intereses circunstanciales.
Porque cuando la Constitución deja de ser el árbitro de la República y se convierte en el campo de batalla de intereses políticos, la democracia entera comienza a perder.
Llegados a este punto, también corresponde preguntarse cuál será la posición de aquellos organismos internacionales que durante años han afirmado acompañar los procesos democráticos y el fortalecimiento institucional de Guatemala. Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea han sostenido reiteradamente que su interés es respaldar la independencia de las instituciones y la vigencia del Estado de Derecho. Si hoy existen señales de preocupación sobre el funcionamiento de la justicia constitucional y sobre posibles afectos a la seguridad jurídica, ¿alzarán su voz con la misma firmeza con que lo han hecho en otras coyunturas, o preferirán guardar silencio? La interrogante no es menor, especialmente cuando algunos de esos mismos organismos han enfrentado cuestionamientos internos que han puesto a prueba su propia credibilidad. El reciente caso de una alta funcionaria de la OEA, cuya visa diplomática fue revocada por el gobierno de Estados Unidos en medio de investigaciones y señalamientos de presuntos actos de corrupción vinculados a Surinam, demuestra que ninguna institución está exenta del escrutinio público. La defensa de la legalidad y la transparencia no puede aplicarse de forma selectiva. Si la democracia, la independencia judicial y el respeto a la ley son principios universales, entonces deben defenderse con la misma energía, sin importar quién ocupe el poder, quién sea el señalado o qué intereses políticos estén en juego.
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