La captura en Miami de una presunta operadora vinculada al conglomerado militar GAESA ocurre en medio del endurecimiento de las acciones de Washington contra La Habana, mientras la crisis económica y energética profundiza el aislamiento del régimen cubano.
Por Diestra La Revista
Miami, FL. La presión de Estados Unidos contra el régimen cubano escaló nuevamente este jueves con el arresto en Miami de Adys Lastres Morera, hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, señalada por Washington como una de las operadoras financieras vinculadas al conglomerado militar cubano GAESA. Según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la detenida obtuvo residencia permanente en 2023, pero no solicitó ciudadanía estadounidense y permanecerá bajo custodia hasta ser deportada. Las autoridades estadounidenses consideran que su permanencia en territorio norteamericano representaba riesgos para la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos.
El director de Investigaciones de Seguridad Nacional, John Condon, aseguró que permitir la permanencia de Lastres Morera enviaría un mensaje equivocado sobre la capacidad de las redes vinculadas al régimen cubano para operar dentro del sistema financiero y social estadounidense. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó personalmente la medida y afirmó que la detenida administraba activos inmobiliarios y colaboraba con la estructura económica del Gobierno cubano. Rubio sostuvo que él mismo revocó la residencia permanente de Lastres Morera y advirtió que Estados Unidos no permitirá que personas consideradas amenazas a la seguridad nacional disfruten privilegios dentro del país.
El caso vuelve a colocar bajo el foco internacional al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el gigantesco conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y considerado por Washington como el verdadero núcleo económico del poder en la isla. GAESA controla sectores estratégicos como hoteles, telecomunicaciones, comercio minorista, remesas, zonas francas, banca estatal y proyectos inmobiliarios. Entre sus empresas más conocidas figuran Gaviota, CIMEX y TRD. Autoridades estadounidenses estiman que el conglomerado administra cerca del 70% de los activos del Estado cubano, valorados en aproximadamente 20 mil millones de dólares, mientras la población enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos, agua y medicinas.
El endurecimiento de las acciones contra Cuba ocurre en uno de los momentos más tensos entre Washington y La Habana en décadas. Apenas un día antes, el Departamento de Justicia anunció cargos contra el expresidente cubano Raúl Castropor el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, ataque en el que murieron cuatro exiliados cubanos. Paralelamente, el Pentágono confirmó la presencia del portaviones USS Nimitz en aguas internacionales del Caribe cercanas a Cuba, en una señal que analistas interpretan como una demostración de presión estratégica y militar en medio de la creciente crisis regional.
La situación interna cubana también se agrava por el colapso energético y financiero de la isla. Desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela —principal proveedor de petróleo subsidiado a Cuba— el Gobierno cubano enfrenta severas limitaciones para sostener su red eléctrica y el abastecimiento de combustible. A ello se suma la política de cerco energético impulsada por el presidente Donald Trump, que incluye amenazas de sanciones y aranceles contra países o empresas que suministren crudo a La Habana. México también suspendió recientemente sus envíos preferenciales de petróleo, mientras las autoridades cubanas admiten que las reservas de combustible prácticamente se agotaron.
En un mensaje dirigido al pueblo cubano, Rubio responsabilizó directamente al presidente Miguel Díaz-Canel y a GAESA de la crisis que vive la isla. El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que millones de cubanos enfrentan apagones de hasta 22 horas diarias mientras la cúpula militar y política mantiene privilegios y controla enormes recursos económicos. Además, planteó una posible “nueva vía” en las relaciones entre ambos países, condicionada a que las Fuerzas Armadas reduzcan su control sobre la economía cubana, una exigencia que golpea directamente el corazón financiero y político del régimen.
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