La intimidación contra magistrados constitucionales y el silencio del poder ponen nuevamente a prueba la fortaleza del Estado de Derecho en Guatemala.
OPINIÓN
Guatemala.- La Constitución Política de la República no pertenece a un partido político, a un gobierno ni a una corriente ideológica. Es el pacto fundamental que garantiza la convivencia democrática de Guatemala y establece límites claros al ejercicio del poder. Cuando esos límites son ignorados o se pretende modificarlos para satisfacer intereses particulares, la democracia comienza a erosionarse desde sus propios cimientos.
La reciente conformación de la nueva Corte de Constitucionalidad no produjo el resultado que esperaba el actual gobierno ni los sectores políticos que durante los últimos años han impulsado una agenda orientada a concentrar mayor influencia sobre las instituciones del Estado. Lejos de consolidar una Corte alineada con sus intereses, la integración del máximo tribunal constitucional terminó configurando un equilibrio que hoy representa un verdadero contrapeso al poder político. Ese resultado, propio de un sistema republicano, pareciera haber provocado la frustración de un sector pequeño (de izquierda radical) en número, pero particularmente agresivo en sus métodos y en su discurso.
Existe un viejo refrán mexicano que dice: «Jalisco nunca pierde, y cuando pierde, arrebata.» La frase describe a quienes se niegan a aceptar una derrota y buscan imponerse a cualquier costo. Lamentablemente, esa expresión parece ajustarse al comportamiento de quienes, aun sabiendo que la Constitución contiene disposiciones y principios que no pueden alterarse al capricho de un gobierno, insisten en promover cambios e interpretaciones acomodadas para que la Carta Magna responda exclusivamente a sus intereses políticos.
La Constitución establece procedimientos para su reforma, pero también protege principios esenciales que constituyen la columna vertebral del Estado de Derecho. Ninguna ideología, sea de izquierda o de derecha, puede colocarse por encima de esos límites. Cuando se pretende utilizar la Constitución como un instrumento político y no como la norma suprema que obliga a todos por igual, se está debilitando la República.
Más preocupante aún resulta la circulación de audios y mensajes difundidos en redes sociales que, según denuncias públicas, contienen llamados a ejercer presión contra la Corte de Constitucionalidad e incluso amenazas dirigidas contra algunos de sus magistrados. En una democracia auténtica, ninguna diferencia jurídica puede resolverse mediante la intimidación. Las resoluciones judiciales se combaten con argumentos jurídicos, nunca mediante amenazas o actos de violencia.
Por ello, el Estado de Guatemala tiene la obligación constitucional de garantizar la integridad, la independencia y la seguridad de los magistrados Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Julia Rivera, quienes, según diversas denuncias públicas, han sido objeto de ataques y amenazas por no responder a la agenda impulsada por sectores cercanos al oficialismo. Si existen personas organizando actos de intimidación o promoviendo acciones contra estos magistrados, corresponde al Ministerio Público y a las autoridades competentes investigarlos con toda la fuerza de la ley. Permitir que un juez constitucional sea amenazado por el contenido de sus resoluciones constituye un atentado contra la República misma.
En este escenario, el presidente Bernardo Arévalo se encuentra en la línea más delgada de la legalidad constitucional. Su deber no consiste únicamente en gobernar, sino en garantizar el respeto irrestricto a la Constitución, proteger la independencia de los organismos del Estado y condenar de manera firme cualquier intento de intimidar a quienes integran la Corte de Constitucionalidad. La omisión, la pasividad o cualquier conducta que pudiera interpretarse como tolerancia frente a quienes amenazan el orden constitucional podría generar profundas consecuencias políticas y jurídicas. El juramento presidencial obliga a defender la Constitución, no a guardar silencio cuando esta es objeto de ataques.
La historia de Guatemala ofrece un precedente que ningún gobernante debería olvidar. En mayo de 1993, durante el denominado Serranazo, el entonces presidente Jorge Serrano Elías rompió el orden constitucional al intentar disolver los demás organismos del Estado. Fue precisamente la Corte de Constitucionalidad la que, mediante resoluciones históricas, preservó la vigencia de la Constitución y evitó el colapso de la democracia guatemalteca. Aquella decisión confirmó que ningún mandatario está por encima de la Carta Magna y que la función esencial de la Corte consiste precisamente en impedir que el poder político destruya el orden constitucional.
Ese episodio dejó una lección que conserva absoluta vigencia: el Presidente de la República no solo debe abstenerse de violar la Constitución, sino impedir que terceros intenten hacerlo mediante presiones, amenazas o campañas dirigidas contra los magistrados constitucionales. La defensa de la Constitución no admite neutralidades ni cálculos políticos. Quien ocupa la primera magistratura del país tiene la obligación de actuar con firmeza cuando el Estado de Derecho está bajo amenaza.
Resulta igualmente preocupante el silencio que, hasta ahora, mantienen buena parte de los organismos internacionales que durante años afirmaron defender el Estado de Derecho en Guatemala. La Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea deberían pronunciarse con la misma energía con que lo han hecho en otros momentos de la historia reciente del país. La defensa de la institucionalidad no puede depender de la afinidad ideológica con el gobierno de turno. Los principios democráticos solo conservan credibilidad cuando se aplican de manera uniforme y sin excepciones.
Paradójicamente, la actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad, la magistrada Gladys Annabella Morfín Mancilla (siendo quien preside actualmente el tribunal), conoce perfectamente el valor histórico de preservar la institucionalidad democrática. La Corte no está llamada a responder a intereses políticos coyunturales, sino a garantizar la supremacía constitucional. Esa ha sido siempre su misión y así debe continuar siendo.
Guatemala enfrenta enormes desafíos: inseguridad, narcotráfico, falta de inversión, pobreza y migración. Ninguno de esos problemas encontrará solución debilitando a la Corte de Constitucionalidad o intentando someterla a presiones políticas. La verdadera fortaleza de un país radica en que sus instituciones sean independientes, aun cuando sus decisiones incomoden al gobierno de turno.
Los países amigos de Guatemala deberían observar con atención estos acontecimientos. No para intervenir en la política interna, sino para respaldar un principio universal: el respeto al Estado de Derecho y a la independencia judicial. La Constitución no puede convertirse en un documento moldeable al gusto de quienes circunstancialmente ejercen el poder.
La democracia comienza a morir cuando las instituciones dejan de ser respetadas. Y termina de desaparecer cuando quienes tienen el deber de defenderlas deciden guardar silencio. Guatemala ya vivió esa experiencia en 1993 y logró superarla gracias a una Corte de Constitucionalidad que hizo prevalecer la ley sobre el poder. Treinta y tres años después, la historia vuelve a recordarnos que la Constitución debe estar por encima de cualquier proyecto político, de cualquier gobierno y de cualquier ideología. Esa sigue siendo la única garantía de libertad para todos los guatemaltecos.
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