El Gobierno de Guatemala, en trapos de cucaracha
Por Diestra La Revista
El asesinato del abogado guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa debe generar repercusiones inmediatas. Una de ellas debería ser la decisión del presidente Bernardo Arévalo de separar de sus cargos a los responsables de la seguridad pública. Mantenerlos por más tiempo sería permitir que continúe el deterioro de un país que parece hundirse cada día más en el fango de la criminalidad. Si el mandatario no toma decisiones, corre el riesgo de cargar políticamente con las consecuencias de una crisis que sus responsables de seguridad no han logrado contener.
Es entendible que en Guatemala la ciudadanía tenga la percepción de que poco o nada sucede con los asesinos que cobran vidas todos los días. Sin embargo, en este caso, las fuerzas de seguridad anunciaron en tiempo récord la captura de dos jóvenes mayas, señalados como presuntos responsables del crimen. ¿Eficiencia policial o una respuesta apresurada ante la presión pública? Solamente los tribunales, mediante pruebas contundentes y respetando el debido proceso, podrán determinar si son culpables o inocentes. Confiar ciegamente en las actuaciones del Ministerio Público, en medio de los cuestionamientos que enfrenta esa institución, representa otro riesgo para la credibilidad de la investigación.
¿Por qué se llegó a esta situación? Porque, a juzgar por los acontecimientos que golpean al país, la cúpula de seguridad pública parece haber perdido la batalla frente a la criminalidad. El crimen organizado ha demostrado una capacidad de acción que pone en entredicho los mecanismos de prevención, inteligencia y respuesta del Estado. Y ahora, con el asesinato de una figura tan pública, polémica y conocida como Juan Francisco Solórzano Foppa, las debilidades institucionales quedan nuevamente expuestas.
Las últimas encuestas conocidas han reflejado un deterioro en la aceptación ciudadana del presidente Arévalo. Y aunque desde distintos sectores se cuestiona el presunto uso de recursos públicos para financiar a quienes defienden y adulan al Gobierno en las redes sociales, ninguna campaña digital puede sustituir los resultados que la población espera. Esas voces que permanentemente celebran las decisiones oficiales podrían estar haciendo más daño que beneficio a la administración.
Señor presidente, Bernardo Arévalo: los aplausos de sus defensores en las redes sociales no detienen las balas, no reducen la criminalidad y mucho menos devuelven la vida a quienes han sido asesinados. Gobernar no consiste en administrar una imagen pública, sino en responder a las necesidades de una nación que reclama seguridad, justicia y resultados.
Para muchos guatemaltecos, el próximo cambio de gobierno comienza a perfilarse como una esperanza. Para otros, esa salida avanza con la lentitud de la tortuga frente a la liebre, mientras los problemas nacionales se multiplican y las soluciones parecen alejarse. La espera se vuelve interminable cuando cada jornada deja nuevas víctimas y las autoridades continúan ofreciendo explicaciones que no siempre se traducen en resultados.
También es necesario reconocer que quienes llevaron a Bernardo Arévalo al poder pudieron haberse equivocado al evaluar sus capacidades para gobernar Guatemala. Esa es una conclusión política que cada ciudadano tendrá derecho a formular a partir de los resultados de su administración. Las expectativas de cambio contrastan hoy con las dificultades de un Gobierno cuyas acciones parecen insuficientes para alcanzar el bien común, principio fundamental que debe orientar el ejercicio del poder público.
Y mientras las necesidades nacionales continúan acumulándose, las denuncias y sospechas de corrupción alimentan una percepción cada vez más preocupante sobre el manejo de los recursos del Estado. La administración que prometió una nueva forma de hacer política enfrenta el desafío de demostrar, con hechos y transparencia, que sus decisiones no reproducen las prácticas que tanto cuestionó antes de llegar al poder.
Ojalá Guatemala no llegue al extremo de presenciar una nueva confrontación social en sus calles. Sería catastrófico para un país que ya ha pagado demasiado caro sus crisis políticas e institucionales. Pero tampoco puede ignorarse el creciente malestar ciudadano. Cuando las instituciones pierden credibilidad, cuando la inseguridad domina la conversación nacional y cuando las respuestas gubernamentales resultan insuficientes, la inconformidad encuentra distintas formas de manifestarse.
Y aun cuando existan señalamientos sobre presuntas influencias del Ejecutivo en funcionarios de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia o el Ministerio Público, cuyas acusaciones requieren de pruebas. Ninguna institución debería actuar siguiendo instrucciones políticas de ningún gobierno. La independencia judicial y la separación de poderes no son concesiones del presidente: son obligaciones constitucionales que deben respetarse.
El pueblo no es ciego. Observa lo que ocurre, conoce sus dificultades y percibe cuando el país comienza a deslizarse por una pendiente peligrosa. Cada asesinato, cada episodio de violencia y cada promesa incumplida profundizan la distancia entre gobernantes y gobernados.
El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa no puede convertirse simplemente en otra noticia que desaparezca de los titulares después de unos días. Debe ser esclarecido hasta sus últimas consecuencias, sin fabricar culpables, sin proteger responsables y sin utilizar políticamente una tragedia. También debe provocar una revisión profunda de las políticas de seguridad y de la responsabilidad de quienes las dirigen.
El mandatario Bernardo Arévalo todavía tiene la obligación constitucional de gobernar, pero también la responsabilidad política de reconocer cuándo sus funcionarios no están ofreciendo los resultados que el país necesita. Sostener indefinidamente una estructura de seguridad cuestionada por sus resultados no constituye una demostración de firmeza; puede convertirse en una carga cada vez mayor para su propia administración.
Guatemala no puede seguir resbalando hacia un abismo de violencia, incertidumbre y desconfianza institucional. El presidente debe comprender que el tiempo político no es infinito y que la paciencia ciudadana tampoco lo es.
Señor presidente: Guatemala no necesita más explicaciones, más discursos ni más aduladores. Necesita decisiones, seguridad y resultados.
Porque la percepción de que el país se está deteriorando crece, las consecuencias se acumulan y la paciencia se agota.
Y cuando la paciencia de una nación llega a su límite, ninguna campaña de propaganda puede reemplazar la autoridad que solamente se conquista gobernando.
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