OPINION:
¿Por qué un crimen que ha provocado condenas nacionales e internacionales no ha generado una movilización ciudadana comparable a las protestas de otros momentos de la historia reciente de Guatemala?
Por Diestra La Revista
¿Qué habría ocurrido en Guatemala si el asesinato del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa se hubiera producido durante un gobierno conservador? ¿Estarían hoy las calles ocupadas por manifestantes? ¿Se escucharían las voces de indignación frente al Palacio Nacional? ¿Habrían reaccionado con la misma intensidad los movimientos sociales, las organizaciones y los sectores que en otros momentos salieron a exigir justicia, transparencia y respeto a la vida?
Son preguntas inevitables ante un crimen que ha estremecido al país y que obliga también a reflexionar sobre la coherencia de quienes, en distintas etapas de la historia reciente, hicieron de la protesta ciudadana una bandera moral y política.
El asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, junto con la muerte de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, no solo constituye un hecho criminal de extrema gravedad; también retrata la dimensión de la violencia que golpea a Guatemala. El ataque, perpetrado en un complejo deportivo y ante la presencia de numerosas personas, dejó al descubierto no solo la capacidad de actuar de los sicarios, sino también la vulnerabilidad en la que vive la ciudadanía.
Solórzano Foppa fue una voz crítica. Denunció, cuestionó, incomodó y utilizó plataformas públicas para señalar fallas del sistema, entre ellas la fuga de peligrosos pandilleros que el Estado no pudo o no quiso explicar con claridad. Su asesinato, por tanto, no puede verse únicamente como una estadística más en el país de la violencia, sino como un hecho que exige una respuesta institucional contundente y una reacción social proporcional a su gravedad.
Sin embargo, lo que también llama la atención es la dimensión del silencio. No porque no hayan existido comunicados, pronunciamientos o expresiones de rechazo, sino porque no se ha producido una movilización social equivalente a la que probablemente se habría visto en otro contexto político. Y allí surge una reflexión incómoda: muchos de los sectores que en el pasado tomaron las calles hoy mantienen afinidades políticas con el gobierno actual o, al menos, una relación menos confrontativa con él. Esa realidad abre una pregunta de fondo: ¿la exigencia de justicia depende de la gravedad del hecho o de quién ocupa el poder? La defensa de la vida, el rechazo a la impunidad y la exigencia de resultados no deberían variar en función de las simpatías ideológicas de quienes gobiernan.
También resulta inevitable cuestionar el papel de ciertos liderazgos, organizaciones y sectores que históricamente se presentaron como guardianes de la democracia, los derechos humanos y el cumplimiento de la ley.
La ausencia de una movilización fuerte deja la impresión de que el silencio se ha convertido en una forma de respuesta política. Y ese silencio termina siendo peligroso, porque transmite la idea de que algunos crímenes merecen más indignación que otros, dependiendo del momento y de las conveniencias del poder. Peor aún, contribuye a la normalización de la violencia en un país donde la muerte cotidiana ya parece incapaz de estremecer conciencias con la misma fuerza de antes.
A ello se suma el manejo oficial del caso. La pronta captura de dos jóvenes, seguida de cuestionamientos y de la posterior falta de mérito judicial, dejó más dudas que certezas. En lugar de fortalecer la confianza ciudadana, el caso alimentó la percepción de improvisación, debilidad investigativa y utilización precipitada de resultados para enviar mensajes de eficacia.
Si el crimen fue cometido ante decenas o centenares de testigos, si hubo una lluvia de disparos y si la víctima era una figura pública de alto perfil, lo mínimo que espera la sociedad es una investigación seria, sólida y creíble. Lo contrario profundiza la desconfianza y agrava la sensación de que, aun frente a hechos de alto impacto, las instituciones no logran responder con la firmeza que el país exige.
La indiferencia parcial de algunos medios también merece análisis. Es cierto que en Guatemala el miedo existe y que cuestionar al poder o a las estructuras criminales puede tener costos muy altos. Pero precisamente por eso el periodismo está llamado a sostener sus principios sin dobleces, a preguntar con la misma firmeza sin importar quién gobierne y a evitar que la cercanía ideológica se convierta en silencio editorial. Cuando la crítica se modula por simpatía política, la sociedad pierde una de sus herramientas fundamentales de vigilancia democrática.
Por eso, la pregunta final sigue siendo tan incómoda como necesaria: ¿quiénes integran realmente ese llamado “pacto de corruptos” del que tanto se ha hablado en Guatemala? ¿Es una categoría reservada solo para los adversarios políticos o incluye también a quienes callan, relativizan o acomodan sus principios cuando el poder lo ejercen sus aliados? Porque el silencio también protege, también encubre y también puede convertirse en una forma de complicidad.
El silencio no puede asesinar dos veces a Juan Francisco Solórzano Foppa ni borrar de la memoria a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. Ambos merecen justicia. Ambos merecen verdad. Y Guatemala merece una sociedad capaz de reaccionar con la misma firmeza frente a cualquier gobierno, sin selectividad moral, sin cálculos ideológicos y sin temor a llamar las cosas por su nombre. Porque cuando una sociedad deja de indignarse con la misma fuerza ante la injusticia, el verdadero peligro ya no es solo la violencia de las balas, sino LA RESIGNACIÓN DE LAS CONCIENCIAS.
Diestra La Revista
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