OPINIÓN:
Son como el frijol: cuando salen a hablar, salen pedos
Hay políticos que parecen tener una extraordinaria habilidad para encontrar culpables de los problemas que ocurren bajo su propia administración. Cuando las circunstancias los colocan frente a sus responsabilidades, prefieren regresar al pasado, señalar a quienes ya no tienen bajo su cargo las instituciones y construir explicaciones que les permitan escapar del presente.
Los diputados del movimiento Raíces parecen empeñados en mantener esa costumbre. Tras el asesinato del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, han llamado al presidente Bernardo Arévalo a declarar un estado de excepción. La propuesta surge en medio de una tragedia que golpea nuevamente a una familia marcada por episodios dolorosos y por una historia de confrontaciones políticas.
Resulta inconcebible que estos políticos, o aspirantes a serlo, busquen siempre a quién trasladarle la responsabilidad. Mientras plantean medidas extraordinarias, alrededor de este asesinato existen preguntas que todavía no reciben respuestas satisfactorias. Algunas son demasiado graves para ignorarlas. Ojalá que las omisiones no sean deliberadas.
La fuga de los cabecillas del Barrio 18
Juan Francisco Solórzano Foppa fue una de las voces que puso bajo escrutinio público la fuga de veinte cabecillas de la pandilla Barrio 18, registrada en octubre del año pasado. De acuerdo con los balances conocidos, diez fueron recapturados, uno murió y nueve continuaban prófugos.
Aquel episodio provocó una crisis de enormes proporciones para el Gobierno. No se trató de una simple falla administrativa, sino de un acontecimiento que puso en discusión los controles penitenciarios, la seguridad nacional y las responsabilidades de los funcionarios encargados del sistema.
Sin embargo, pareciera que aquella crisis no produjo las consecuencias políticas e institucionales que su gravedad exigía.
En sus últimas intervenciones públicas, Solórzano Foppa había anunciado que revelaría nuevos elementos relacionados con aquella fuga y con las actuaciones de funcionarios del Ministerio de Gobernación. Ese antecedente merece atención dentro de la investigación de su asesinato, sin que por sí solo permita establecer un móvil o identificar responsables.
La pregunta es inevitable: ¿qué información adicional pretendía divulgar y quiénes podían resultar comprometidos por esas revelaciones?
Un estado de excepción frente a una crisis de credibilidad
Los diputados de Raíces proponen un estado de excepción. Pero ¿por qué no exigen con la misma energía una investigación exhaustiva sobre las capturas de los hermanos Choc Toz?
La Policía Nacional Civil anunció su detención apenas diez minutos después del ataque contra Solórzano Foppa. Una rapidez que, presentada inicialmente como eficiencia, terminó sometida a un serio cuestionamiento cuando un juzgado declaró falta de mérito y ordenó la libertad de ambos jóvenes.
La decisión judicial no establece automáticamente que las capturas fueran ilegales. Sin embargo, obliga a revisar los fundamentos de la actuación policial y las circunstancias en que se produjo.
Más grave todavía es la denuncia de los hermanos de que los agentes habrían colocado un arma en una mochila para justificar su detención.
Si esa acusación se comprueba, estaríamos frente a posibles conductas delictivas cometidas por quienes tienen precisamente la obligación de hacer cumplir la ley.
No podemos afirmar que eso ocurrió sin una investigación. Pero tampoco podemos aceptar que una denuncia de semejante gravedad quede sepultada bajo el silencio institucional.
¿De dónde salió el arma? La pregunta que nadie debería ignorar
Hay un elemento particularmente inquietante en las capturas de los hermanos Choc Toz: el origen del arma que, según denunciaron, los agentes de la Policía Nacional Civil habrían colocado en su mochila para justificar la detención. Si esa denuncia resulta cierta, no estaríamos únicamente ante un procedimiento irregular, sino frente a una posible fabricación deliberada de pruebas. Y entonces surge una pregunta que las autoridades deben responder sin evasivas: ¿de dónde salió esa arma?
Si los agentes la llevaban previamente en la autopatrulla, ¿por qué estaba allí? ¿Era un arma registrada como parte del equipo policial? ¿Había sido incautada en otro procedimiento? ¿Quién autorizó su traslado? ¿Existía un registro de su procedencia? Y, sobre todo, ¿cómo habría terminado dentro de las pertenencias de dos jóvenes que aseguran no haber tenido relación alguna con el asesinato?
La posibilidad de que un arma hubiera sido transportada deliberadamente para atribuírsela a personas inocentes, de llegar a demostrarse, tendría consecuencias devastadoras para la credibilidad de la institución policial. Porque ya no se trataría solamente de determinar si hubo una detención ilegal. Habría que investigar si existió una actuación planificada para construir artificialmente una acusación.
¿Por qué mentir? ¿Qué pretendían esconder? ¿Buscaban presentar resultados inmediatos ante la presión pública? ¿O existía alguna otra finalidad que todavía desconocemos? Ninguna de esas hipótesis puede darse por comprobada, pero todas las circunstancias que rodearon el hallazgo del arma deben quedar sujetas a una investigación independiente.
Y si el arma efectivamente estaba dentro de una autopatrulla antes de las detenciones, las preguntas serían todavía más delicadas. ¿Desde cuándo la transportaban? ¿Quién tenía conocimiento de su existencia? ¿Por qué no estaba documentada, si ese fuera el caso? ¿Se utilizó anteriormente en otro procedimiento? ¿Qué registros permitirían reconstruir su recorrido?
No basta con afirmar que se decomisó un arma. Debe demostrarse dónde apareció, quién la encontró, quién la manipuló y cómo fue preservada. Las grabaciones disponibles, las comunicaciones policiales, los informes de los agentes y los peritajes podrían resultar determinantes.
La denuncia de los hermanos debe comprobarse, pero también debe verificarse la versión de los policías. La resolución de falta de mérito no demuestra por sí sola que se haya sembrado el arma; tampoco elimina la obligación de investigar una acusación de semejante gravedad.
Porque si una institución encargada de perseguir delincuentes llegara a utilizar evidencias fabricadas para incriminar personas, el daño no terminaría con la liberación de los afectados. Alcanzaría la confianza ciudadana, la legitimidad de futuras capturas y la propia investigación del asesinato de Solórzano Foppa.
Muchas preguntas. Pocas respuestas. Pero, sobre todo, demasiadas dudas.
Y mientras esas dudas permanezcan sin esclarecerse, cualquier discurso oficial sobre eficiencia policial estará inevitablemente acompañado por una pregunta mucho más importante: ¿quién está investigando a quienes investigaron?
Los escoltas: una explicación que necesita respuestas
Solórzano Foppa contaba con protección de agentes de la Policía Nacional Civil. Tras el asesinato, se explicó que los escoltas se encontraban pendientes de la seguridad de su hijo.
La explicación plantea interrogantes.
¿Quién dispuso la ubicación de los agentes? ¿Cuáles eran las instrucciones concretas del dispositivo? ¿Qué protocolos debían aplicar ante una agresión armada? ¿Qué ocurrió durante los segundos decisivos del ataque?
Solórzano Foppa ya no puede confirmar cuáles fueron las instrucciones que impartió o recibió respecto de su seguridad.
Es cierto que proteger a un menor puede representar una prioridad inmediata durante una emergencia. Pero también es cierto que los integrantes de las fuerzas de seguridad reciben entrenamiento para responder a situaciones de riesgo.
Por eso resulta insuficiente dar por cerrado el asunto con una explicación general. La actuación de los escoltas debe reconstruirse técnicamente, con los informes, las comunicaciones y las evidencias disponibles.
De una captura cuestionada a una posible responsabilidad institucional
La liberación de los hermanos Choc Toz no debería ser el final de la revisión del procedimiento policial. Debería marcar el comienzo de una investigación independiente sobre las denuncias formuladas.
Si se determina que existieron detenciones ilegales, implantación de pruebas o abuso de autoridad, los agentes involucrados deberán responder ante los tribunales conforme a la ley.
Pero las responsabilidades tampoco deberían detenerse necesariamente en quienes realizaron las capturas.
Es indispensable establecer qué conocían sus superiores, quién validó los informes, qué información recibió la dirección de la Policía Nacional Civil y cuáles fueron las decisiones adoptadas por la cúpula del Ministerio de Gobernación.
El presidente Bernardo Arévalo tampoco puede quedar al margen de la exigencia de explicaciones políticas sobre el funcionamiento de las instituciones bajo su administración. Eso no significa atribuirle responsabilidad penal ni afirmar que conocía una supuesta ilegalidad. Significa exigir que su Gobierno esclarezca lo sucedido y adopte las medidas que correspondan.
La responsabilidad penal debe establecerse individualmente, mediante pruebas y debido proceso. La responsabilidad política, en cambio, exige responder públicamente por la supervisión y el funcionamiento de las instituciones.
Hasta el momento de redactar esta opinión, no contamos con confirmación de que el Ministerio Público haya solicitado órdenes de captura contra los agentes involucrados por las irregularidades denunciadas. Esa ausencia de información pública hace todavía más necesaria una explicación oficial.
¿Y los verdaderos responsables del asesinato?
Aquí aparece otra de las grandes preguntas.
Si los hermanos capturados no pudieron ser ligados a proceso con los elementos presentados, ¿qué ocurrió con las demás líneas de investigación durante las horas posteriores al crimen?
¿Se concentraron recursos en una hipótesis que terminó debilitada ante el juzgado? ¿Se perdieron oportunidades de identificar o perseguir a otros sospechosos? ¿Pudo alguna irregularidad comprometer evidencias importantes?
No sabemos todavía si esas circunstancias permitieron que los responsables del asesinato escaparan con mayor facilidad. Pero es una posibilidad que debe examinarse mediante la reconstrucción de las actuaciones policiales.
La institución que debería ofrecer certezas enfrenta ahora nuevas preguntas sobre la calidad de sus procedimientos y la integridad de sus agentes.
Y cuando la confianza ciudadana en la Policía ya está deteriorada, cada actuación cuestionada profundiza el problema.
La cortina de humo
Por eso resulta tan cuestionable que los diputados de Raíces coloquen un estado de excepción en el centro del debate, mientras las preguntas sobre el procedimiento policial siguen sin respuesta.
Una medida extraordinaria no sustituye una investigación criminal. Tampoco explica cómo fueron detenidos dos jóvenes, qué ocurrió con el arma denunciada, quién supervisó el procedimiento o qué responsabilidades podrían derivarse de las actuaciones de los funcionarios.
Un estado de excepción, planteado sin responder primero a estos interrogantes, corre el riesgo de convertirse en una cortina de humo política: una demostración de autoridad que desvía la atención de los problemas de fondo.
El Gobierno no necesita únicamente anunciar medidas más severas. Necesita demostrar que sus instituciones son capaces de actuar dentro de la ley, preservar las pruebas y esclarecer un asesinato sin fabricar culpables.
Porque el silencio oficial frente a denuncias graves termina erosionando la credibilidad de todo el sistema.
Cuando hablan, el problema se hace más grande
Los diputados de Raíces deberían comprender que la seguridad pública no se recupera buscando culpables en administraciones anteriores ni proclamando soluciones extraordinarias cada vez que estalla una crisis.
La seguridad exige instituciones confiables, funcionarios responsables, investigaciones profesionales y consecuencias legales cuando se comprueban abusos.
El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarra exige verdad y justicia. Las denuncias de los hermanos Choc Toz también exigen una investigación seria.
No son asuntos excluyentes. Precisamente porque se trata de un crimen grave, ninguna irregularidad puede quedar sin examinar.
El Estado no puede violar la ley para aparentar que está haciendo justicia. Y si sus agentes cometieron delitos, la respuesta no puede ser protegerlos mediante el silencio.
Un estado de excepción no resolverá por sí solo las preguntas que rodean este asesinato. Tampoco sustituirá las responsabilidades que deben establecerse en la Policía, el Ministerio de Gobernación y las instancias encargadas de investigar.
Mientras tanto, algunos políticos continúan haciendo lo que mejor saben: buscar a quién echarle la culpa.
Y como se repiten con los sonidos tétricos del palacio legislativo: cuando salen a hablar son como los frijoles, porque salen pedos.
