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viernes, febrero 3, 2023

Análisis: Presupuesto del Estado de Guatemala multiplica espacios para la corrupción, según el ICEFI

Ciudad de Guatemala, 11 noviembre (Diestra).- El análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) al Decreto del Congreso de la República número 54-2022, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, confirma numerosos y diversos errores y anomalías, agudizando y multiplicando los espacios para la corrupción y el abuso de los recursos públicos, especialmente durante el año electoral.

En su comunicado del 11 de octubre de 2022, el Icefi dio a conocer las anomalías que caracterizaron el trabajo de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la Republica para el estudio y análisis del proyecto de presupuesto para 2023. El Instituto lamentó que esa comisión de trabajo demostró prisa y desinterés para conocer las recomendaciones de los centros de pensamiento y entes académicos, concediendo en algunos casos solamente 5 minutos para presentar análisis y recomendaciones técnicas. La CFPM no solo no enmendó las debilidades detectadas en la propuesta original presentada por el Organismo Ejecutivo, sino que la empeoró con errores y añadidos técnicamente
cuestionables.

El Icefi advirtió un error de subestimación de por lo menos Q7.9 millardos en la proyección de ingresos tributarios para 2023; mientras la CFPM hizo una corrección de solamente Q1.6 millardos. En la versión finalmente aprobada por la alianza oficialista en el Congreso de la República, el techo presupuestario global se incrementó en Q1.5 millardos, pero este ajuste
no se operó en la proyección de ingresos tributarios sino en el uso de recursos de caja, proveniente de deuda pública bonificada colocada en exceso en 2022.

A criterio del Instituto, las principales consecuencias de la negativa del Congreso a corregir la proyección de ingresos tributarios son:

a) una excesiva deuda pública bonificada aprobada para 2023, ya que por lo menos Q 6.0 millardos en realidad son innecesarios y se hubieran podido omitir si el Congreso hubiese corregido la proyección de ingresos con criterios técnicos, por lo que, en 2023, una vez más, los contribuyentes deberán cubrir costos financieros elevados en la forma de intereses y comisiones que se pagarán innecesariamente a la banca privada;

b) una meta de recaudación demasiado baja, relajando los criterios para evaluar el desempeño de la Superintendencia de Administración Tributaria; y,

c) un cálculo erróneo de los aportes constitucionales a las municipalidades, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, al Organismo Judicial, entre otros entes con aportes constitucionales.

El Icefi le recomendó a la CFPM revisar las prioridades del gasto público corrigiendo anomalías, entre otros, en el Ministerio de Educación (Mineduc), recomendando la supresión del seguro médico escolar privado, por oneroso e inefectivo, y los Q723.3 millones para aumentos salariales, adicionales al escalafón magisterial, la mayoría asociados al pacto colectivo de condiciones de trabajo con el magisterio nacional. En el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), se recomendó revertir los recortes presentados por el Ejecutivo en las asignaciones presupuestarias para actividades prioritarias de los programas de Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica y Prevención de la mortalidad materna y neonatal.

Además, en el MASPAS la asignación presupuestaria para servicios de prevención y
tratamiento de COVID-19 se reduce en Q637.8 millones (42.7%) respecto al presupuesto vigente de 2022, pero, en contraste, hoy en Guatemala permanecen casi 55,000 niños y niñas huérfanas porque sus padres fallecieron por COVID, sin atención por parte del Estado.

En el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), se expuso la necesidad de revertir los recortes a las asignaciones presupuestarias para Asistencia y dotación de alimentos, y para la Agricultura Familiar para el fortalecimiento de la economía campesina. En el Ministerio de Gobernación, se expuso lo poco oportuno del significativo incremento de recursos para la construcción de cárceles, mientras subsisten enormes rezagos en la provisión de infraestructura educativa y sanitaria.

En su dictamen, la CFPM desatendió estas recomendaciones, pero dentro de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro (OEACT) incrementó en Q1,545.0 millones los aportes a varias entidades autónomas y descentralizadas, y Q50.0 millones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), entre otros. La versión aprobada del presupuesto para 2023, incrementó la asignación, entre otras: a las OEACT en Q1,465.0 millones adicionales a los del dictamen de la CFPM; a la Contraloría General de Cuentas en Q50.0 millones; al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Q800.0 millones; y, de manera muy preocupante, en Q600.0 millones a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) para el fortalecimiento de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, pese la falta de especialidad de los Codede para ejecutar programas contra la desnutrición infantil, lo que constituye un grave riesgo de abuso y corrupción, en el año electoral.

Pese a que el Icefi recomendó suprimir las ampliaciones preautorizadas que contravienen la Ley Orgánica del Presupuesto, en su dictamen la CFPM no solo desatendió esta recomendación, sino que agregó varias a las originalmente recomendadas
por el Ejecutivo para el Micivi, al TSE, al Organismo Judicial, al Ministerio de Energía y Minas y a los Codede. Para los Codede, además, volvió a relajar la obligación de reportar el avance físico de las obras mediante medios tecnológicos en línea.

Dentro de las ampliaciones presupuestarias preautorizadas incluidas por la CFPM destaca la destinada al pago a exmilitares por aprobación de la Ley Temporal de Desarrollo Integral, según la cual el Ministerio de la Defensa nacional elaborará un padrón de beneficiarios; el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales diseñará el programa y el Ministerio de Desarrollo Social efectuará los pagos, un esquema demasiado engorroso, y con ello, vulnerable a abusos y corrupción en el año electoral. Además, estas ampliaciones presupuestarias fueron aprobadas sin especificar monto, lo cual a criterio del Icefi podría ser inconstitucional.

El Icefi lamenta la aprobación de otro presupuesto estatal plagado de errores y anomalías. En breve, trasladará a la sociedad su análisis a profundidad del presupuesto aprobado, promoviendo una reflexión social técnica y amplia con el fin de hacer conciencia en la ciudadanía sobre la necesidad de adecuar el presupuesto público a las necesidades sociales
y cerrar caminos a la opacidad, la ineficiencia y el malgasto del dinero público, especialmente en el año electoral.

 

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