Foto archivo nacion.com
Ciudad de Guatemala, 29 julio (Diestra).- El Observatorio de Periodistas de la máxima entidad de prensa del país, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), divultó este viernes un informe en el que denuncia un retroceso a la libertad de expresión, y asegura que durante el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, que se inició el 14 de enero de 2020, se han registrado 350 ataques contra este gremio.
Según el documento, prosiguen limitaciones al derecho de informar y criminalización a dicha labor. En Guatemala existe un continuo irrespeto a los derechos y libertades fundamentales de lapoblación, siendo la libertad de expresión uno de los principios vulnerados por las autoridades públicas, señala.
De acuerdo al informe, desde el Estado se impulsa una campaña de persecución en contra
de periodistas, voces críticas al régimen y participantes de las manifestaciones ciudadanas, lo cual se refleja, entre otras acciones, en los procesos de criminalización iniciados por el Ministerio Público (MP) y apoyados por el Organismo Judicial (OJ), las campañas de acoso en redes sociales, la negativa de brindar información o retenerla por parte de empleados públicos y más recientemente, la utilización de un discurso estigmatizante que apela a la burda defensa de la “soberanía” y pretende implantar en el imaginario colectivo como “enemigos de la democracia” a sectores críticos como la prensa.
Las estadísticas sobre violencia contra la prensa respaldan esta denuncia. Solo durante el
primer semestre del 2022, el Observatorio de los Periodistas registró 66 actos de restricciones, violencia y agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación.
Mientras que durante el actual Gobierno se tienen registros de 350 ataques contra la prensa, todos ocurridos después del 14 de enero de 2020, cuando tomó posesión Giammattei, revela.
Respecto a la libertad de expresión, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) dado a conocer en junio de 2021 destacó la “continuidad de un escenario de riesgos a la labor periodística en Guatemala, con (…) episodios de hostigamiento e
intimidaciones, agresiones en el marco de manifestaciones sociales y obstrucciones a la
cobertura periodística de actos oficiales”.
La CIDH resaltó los reportes recibidos por actos de seguimientos, intimidaciones y acoso judicial a periodistas que investigan temas de interés público, como la corrupción.
El Gobierno ha hecho de la opacidad, la violación a los derechos humanos y la intolerancia a la libertad de expresión parte de sus principales características y ha buscado incesantemente suprimir cualquier crítica que cuestione su imagen de líder y evidencie
las numerosas acusaciones de corrupción ocurridas durante su mandato.
Foto. pulso
Estas características son compartidas por otros organismos estatales que mediante diversas argucias han buscado entorpecer la labor periodística o criminalizar a los periodistas por sus publicaciones o críticas. Para estos fines, el Estado, pero principalmente la Presidencia, ha utilizado al MP para cazar a los críticos del régimen, en los que sobresalen periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia.
Agrega que la continuidad de María Consuelo Porras Argueta, como Fiscal General, es uno de los «peores golpes» que asestó el Gobierno a la democracia y la institucionalidad del país.
Porras Argueta convirtió al MP en una estructura encargada de cazar a los críticos del Estado y ella pasó a ser la principal operadora encargada de procurar impunidad para políticos, funcionarios, exfuncionarios y militares responsables de violaciones a derechos humanos, actos de corrupción y delitos contra la humanidad.
La Fiscal General persigue con fiereza a periodistas y participantes de manifestaciones
ciudadana, mientras maniobra para que procesados en casos de alto impacto, como el caso del exdiputado Julio Juárez, acusado del asesinato del periodista Danilo Sapon López, ocurrido en marzo de 2015, salgan libres de prisión y sin ninguna responsabilidad, según el informe.
Actos como este podrían repetirse en un futuro cercano, con procesados por agresiones o crímenes contra comunicadores, y envían un mensaje negativo de que responsables de atacar a la prensa permanecerán en la impunidad. A la vez, disminuirá aún más la poca confianza del gremio hacia el ente investigador, alerta.
Como el MP, la policía es utilizada como un aparato represor y persecutor de los críticos del
Estado. Durante el actual gobierno, el Observatorio de los Periodistas ha conocido 43
agresiones en las que están involucrados mayormente agentes de la PNC, así como elementos del ejército y policías municipales.
Durante este año los actos que involucran a las fuerzas de seguridad suman 7 y 3 de ellos ocurrieron en una semana, a mediados de junio, detalla.
Aunque el Ministerio de Gobernación ha querido hacer creer que estos actos son aislados, como Comisión de Libertad de Prensa de la APG consideramos que estos hechos forman parte de una política oficial para censurar y reprimir a la prensa, dice
Las acciones descritas con anterioridad son propias de regímenes autoritarios y dictatoriales que buscan eliminar la libertad de expresión para evitar las críticas, la fiscalización social, la auditoria ciudadana y la investigación de los medios de comunicación. Sin libertad de expresión es imposible reivindicar el goce de otros derechos y ejercer las libertades de movilización o protestas ciudadanas.
El actual escenario refleja el declive del Estado guatemalteco, que, paulatinamente, se convirtió en un Estado autoritario con pocos espacios de democracia.
El actual Gobierno se encamina a convertirse en una dictadura, como una de las tantas que asoló Guatemala el siglo pasado: la criminalización de periodistas, el exilio de críticos al régimen, la sumisión entre Poderes, un sistema de justicia no independiente, la creación de “enemigos” del Estado, la utilización de discursos de odio, la imposición de censura y autocensura a los medios de comunicación, son características inconfundibles de autoritarismo e intolerancia.
La APG y su Comisión de Libertad de Prensa hacen un llamado al gremio periodístico para
mantener la unidad y la denuncia de los actos en su contra; y solicita a la comunidad
internacional su solidaridad y acompañamiento para evitar la instauración de una dictadura en Guatemala, el cierre de espacios de organización y limitaciones a la libertad de expresión.
