Seybert, del tribunal federal de distrito de la localidad Central Islip, este de Nueva York, le impuso 87 meses de cárcel, un poco más de siete años, que cumplirá en una cárcel federal.

La jueza accedió a la petición de condena de la Fiscalía, que alertó de que los delitos de Santos iban desde la «creación de una biografía totalmente ficticia» hasta el «cruel robo de dinero a donantes ancianos y discapacitados» para las elecciones de 2022.

«Las víctimas de Santos fueron gente real que sufrió pérdidas reales», dijo el fiscal jefe John Durham tras el anuncio de la sentencia. «Llegó a buscar ancianos que sufrían deterioro cognitivo», agregó.

«Va a ser castigado por su asombroso fraude, por los abusos cometidos en nuestro proceso electoral, por burlarse de nuestras instituciones democráticas y, lo que es más importante, por traicionar y defraudar a sus partidarios, a sus votantes, a sus donantes, a las agencias federales, a las agencias estatales», agregó.

«Un mentiroso patológico»

«La codicia desenfrenada de Santos y su voraz apetito por la fama le permitieron explotar el mismo sistema mediante el cual seleccionamos a nuestros representantes», denunciaron los fiscales en un memorando de sentencia».

Según los fiscales, a pesar de que Santos se declaró culpable de dos cargos de fraude grave el pasado mes de agosto, el excongresista es «un mentiroso patológico» que realmente no siente arrepentimiento por lo que hizo. Muestra de esto es, a juicio de la Fiscalía, el podcast que el excongresista lanzó recientemente.

Este programa –llamado ‘Pants on Fire with George Santos’, una expresión que alude a cuando se descubre a una persona mintiendo– es, según los fiscales, «una cristalización perfecta de su falta de arrepentimiento genuino y sus esfuerzos sordos por seguir convirtiendo mentiras en dólares».

Santos, expulsado a finales de 2023 de la Cámara de Representantes, se declaró el pasado mes de agosto culpable del delito de robo de identidad agravado y fraude electrónico, lo que le permitió evitar un juicio penal que estaba programado para apenas unas semanas después de aquella declaración.

Antes, en mayo de 2023, se había declarado inocente de trece cargos federales, incluidos siete cargos de fraude electrónico, tres de blanqueo de capitales, uno de robo de fondos públicos y dos por hacer declaraciones materialmente falsas a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

George Anthony Devolder Santos, de 36 años y de padres brasileños, se había declarado culpable de estos delitos, pasibles de hasta 22 años de cárcel, el 19 de agosto de 2024.

También tiene que restituir casi 378.000 dólares y pagar una multa de 205.000, como se había comprometido en su acuerdo de culpabilidad.

La fiscalía había acusado a Santos de mentir al Congreso estadounidense sobre su riqueza personal, «inventando millones de dólares en activos que nunca existieron y escondiendo sus ingresos reales».

Sin arrepentimiento

Aunque en su acto de contrición admitió que permitió «que la ambición nublara mi juicio», el fiscal Durham escribió una carta a la jueza el pasado 17 de abril en la que le pedía un castigo «significativo», ya que, a juzgar por su actividad en las redes sociales, «Santos sigue demostrando que no se arrepiente de sus delitos».

«Sus acciones hablan más alto que cualquier palabra, y piden a gritos una sentencia carcelaria significativa en este caso», sostuvo el fiscal.

Era «necesario» y «correcto», no solo ante los demás sino por el «reconocimiento de las mentiras que me dije a mí mismo durante estos últimos años», dijo Santos al reconocer su culpabilidad.

Santos estaba acusado de mentir al Comité Federal Electoral, usurpación de identidad, lavado de dinero y desvío de dinero de la campaña electoral a su cuenta personal.

Utilizó las tarjetas de crédito de sus donantes sin autorización para comprarse ropa de marca, realizar pagos, pagar la entrada de un coche y retirar dinero de los cajeros, según la fiscalía.

También cobró ayudas durante la pandemia de coronavirus a las que no tenía derecho y prestaciones por desempleo, pese a que tenía un empleo remunerado.

La fiscalía lo acusó en mayo de 2023 de 10 cargos, que fueron ampliados a 23.

La expulsión

Tras negarse a renunciar a su escaño cuando fue imputado, la Cámara de Representantes lo expulsó en diciembre de 2023, lo que lo convirtió en el sexto congresista obligado a abandonar su cargo en la historia de la institución.

La comisión de ética de la cámara lo acusó de haber «desacreditado gravemente» al órgano legislativo.

Santos se presentó a la elección legislativa de noviembre de 2022 como la «nueva cara del Partido Republicano».

Para ello construyó una figura de candidato llena de mentiras sobre su educación, religión, activos y salarios.

También falseó su historia familiar, al asegurar que era descendiente de judíos sobrevivientes del Holocausto que huyeron de la barbarie nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press