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“López Obrador tiene un desastre en sus manos” fue la respuesta del gobernador de Florida Ron DeSantis al presidente de México luego de que este lo acusara a él y a su homologo de Texas por las leyes migratorias.
López Obrador dijo el pasado lunes “Florida llena de migrantes esta tomando medidas represalias contra los propios migrantes porque quiere ser candidato… Eso es inmoral”
“¿Qué no puede hacer otra propuesta para convencer a la gente? ¿Por qué tiene que valerse del dolor de la gente, del dolor del migrante, de la necesidad de la gente, para sacar raja política?”, cuestionó López Obrador.
Sin embargo, (Haz lo que yo digo y no lo que yo hago) México ha tomado medidas duras para frenar el flujo por su territorio. El Instituto Nacional de migración ordenó este viernes a las oficinas de todo el país que no concedan permisos para el tránsito de migrantes por territorio mexicano
La disputa es a raíz de que El Congreso de Florida aprobó el martes un proyecto de ley de inmigración anunciado en febrero por el gobernador Ron DeSantis, aunque finalmente fue adoptada con algunas modificaciones en comparación con la propuesta original.
La propuesta legislativa fue aprobada por la Cámara de Representantes, que está controlada por el Partido Republicano, y recibió apoyo exclusivamente de los republicanos.
La semana pasada, el Senado también aprobó la propuesta y ahora se encuentra en la oficina del gobernador para ser firmada como ley.
La norma adoptada no contempla la propuesta inicial de penalizar a quienes provean transportación a inmigrantes indocumentados y, en su lugar, sanciona con algún tipo de multa, de trata humana, a quienes, sabiéndolo, proporcionen el traslado de esas personas.
Además, la disposición legislativa proporciona 12 millones de dólares para el programa de reubicación de migrantes de DeSantis, que atrajo la atención nacional el año pasado cuando el gobernador llevó a un grupo de migrantes de Texas a Martha’s Vineyard, Massachusetts, en una medida destinada a protestar contra la política federal de inmigración.
La propuesta también demanda que las empresas con más de 25 empleados usen E-Verify, un sistema federal que determina si los empleados pueden trabajar legalmente en los EEUU.
Asimismo, prohíbe que los gobiernos locales proporcionen dinero a organizaciones que emiten tarjetas de identificación a personas que se encuentran ilegalmente en el país, e invalida las licencias de conducir de otros estados en poder de inmigrantes indocumentados.
El proyecto originial incluía convertir en delito grave de tercer grado, punible con hasta cinco años de prisión, una multa de 5.000 dólares y cinco años de libertad condicional, transportar, ocultar o albergar a sabiendas a un extranjero ilegal dentro o hacia el estado.
Adicionalmente, interpretar como un delito grave de segundo grado, punible con hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares, si el inmigrante ilegal era menor de 18 años.
El gobernador DeSantis ha hecho de la inmigración una prioridad máxima y ha adoptado posiciones sobre la inmigración indocumentada que algunos analistas consideran orientadas a ganar el apoyo de los votantes republicanos en las primarias.
Por otro lado, la representante demócrata Susan Valdés ha criticado el proyecto de ley y dijo que «este proyecto de ley tiene un impulso político y es un proyecto de ley antiinmigrante que dañará e incluso matará a los inmigrantes indocumentados».
Los aliados republicanos del gobernador en la cámara estatal reflejaron en gran medida su retórica, tras afirmar que Florida no puede resolver el problema en Washington, pero que el estado se pueden tomar medidas para controlar la inmigración.
Cabe destacar que los republicanos controlan una gran mayoría en el Congreso floridano.
