Ciudad de Guatemala, 8 noviembre (Diestra).- A unos dos meses de que cumplan su periodo de cuatro años, los actuales diputados al Congreso de Guatemala tienen unas brasas calientes en sus manos y que por resoluciones judiciales tienen que resolver en estos días.
Inicialmente el Organismo Legislativo deberá conformar este mismo miércoles, al azar, una Comisión Pesquisidora para que investigue y recomiende sk se le retira o no la inmunidad al vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, por supuestamente haber nombrado ilegalmente a una persona en la Secretaría de Bienes de Extinción de Dominio en 2020.
El desafuero de Castillo, quien debe dejar el alto cargo el 14 de enero de 2024, está en manos del Congreso. A través de un comunicado divulgado por la Vicepresidencia, Castillo dijo que el antejuicio en su contra es «espurio» y «político) porque la Contraloría General de Cuentas no detectó ningún hallazgo durante la investigación.
Asegura que el nombramiento lo realizó en base a la Ley de Extinción de Dominio, que la persona nombrada llegó los requisitos legales, y que previo a su nombramiento también se hizo el proceso de oposición.
Castillo sostiene que el proceso en su contra es «espurio, ilegítimo y político» y que el Congreso ya tiene conocimiento de las acciones planteadas por su persona y que las debe de resolver antes de instalar la Comisión Pesquisidora.
Desafuero contra magistrados electorales:
Otro asunto que debe de resolver el Parlamento guatemalteco es si levanta o no la inmunidad a los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a tres suplentes, señalados por el Ministerio Público (MP) de cometer anomalías en la compra de un sistema informático para las elecciones generales celebradas este año -25 de junio y 20 de agosto-.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite al antejuicio y trasladó el expediente al Organismo Legislativo para que sean los diputados quienes decidan si les quitan la inmunidad a los funcionarios electorales.
Elección de cortes:
Los diputados también tienen que elegir antes de que termine este año a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia )CSJ) y de las Cortes de Apelaciones, según le ordenó en una resolución la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de Guatemala.
Esta elección se tuvo que realizar en 2019 cuando los actuales magistrados cumplieron su mandato, pero ya pasaron otros cuatro años, que se cumplieron en octubre pasado, sin que el Congreso realizara la elección.
En el 2020 la fiscal general y jefa del MP, María Consuelo Porras, presentó un amparo en contra del Congreso y fue hasta ahora que la CC resolvió y ordenó al Parlamento realizar la elección antes del 30 de noviembre o de lo contrario que se declare en sesión permanente para hacer la selección antes del 15 de diciembre próximo.
