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lunes, noviembre 16, 2026

El poder y la obligación de responder

Zacapa e Izabal ponen a prueba la capacidad del Gobierno para proteger a la población y la voluntad del Congreso para exigir responsabilidades.

Centro de Estudios del Poder | Informe de análisis

La investidura concede autoridad. El poder se ejerce cuando esa autoridad se usa para proteger a la población, hacer cumplir la ley y mejorar la vida de quienes dependen de las decisiones del Estado. Quien ocupa un cargo público debe responder por el uso de sus facultades. Si la evaluación de su gestión demuestra que perdió la capacidad de conducir y corregir el rumbo, hacerse a un lado es parte de su responsabilidad. La continuidad de una persona en el cargo debe justificarse por lo que aporta al país.

La prueba de Zacapa

En menos de dos meses, Zacapa registró tres ataques que exigen una explicación de las autoridades. Ocho personas murieron en Huité. En Río Hondo fueron asesinados el diputado Julio Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil. El 13 de noviembre, un comando armado irrumpió en el caserío El Tocino, donde la Policía reportó cinco muertos. Entre las víctimas estaba un presunto colaborador de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias «Haroldito», según una fuente policial citada por el medio guatemalteco Prensa Libre. El objetivo del comando sigue bajo investigación.

El presidente Bernardo Arévalo decretó Estado de Sitio por 30 días en los departamentos Zacapa e Izabal. La medida puede contener nuevos ataques y facilitar operaciones inmediatas. Su eficacia dependerá de lo que el Gobierno haga con ese tiempo: proteger a las comunidades, identificar a quienes ordenan los ataques y actuar contra las redes que los financian y abastecen. Antes de que venza el plazo, el Congreso debe exigir un balance público de esas acciones y de la capacidad que quedará instalada para sostenerlas.

Huité y la responsabilidad del mando

El Ministerio de la Defensa negó inicialmente que sus efectivos hubieran participado en el enfrentamiento de Huité. Después, el ministro Henry David Sáenz Ramos reconoció que hubo presencia militar y que los soldados dispararon, aunque sostuvo que fueron disparos disuasivos. Luego el presidente Arévalo encargó al General  Sáenz una investigación interna y, el 8 de octubre, el Gobierno anunció que remitió el informe al Ministerio Público y relevó al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y al comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Zacapa. Si el presidente decidió relevar a dos mandos, debe explicar qué responsabilidad política atribuye al ministro bajo cuya autoridad operaban y por qué considera que debe seguir en el cargo.

Cuando una comisión depende de la misma cadena de mando cuya actuación examina, surge un problema de independencia. El Ministerio Público debe contrastar el informe de Defensa con los peritajes, los testimonios y los registros de las órdenes impartidas. El caso está bajo reserva judicial. Dentro de ese límite, el Fiscal General debe decir qué avances puede comunicar y cómo se informa a las familias. Tras años de señalamientos sobre el llamado «pacto de corruptos», la independencia del Ministerio Público se pone a prueba en su capacidad de investigar hasta el nivel de mando que indiquen las pruebas.

La continuidad de Sáenz también plantea una cuestión sobre la carrera militar. La Corte de Constitucionalidad resolvió que superar los 33 años de servicio activo, por sí solo, no impide ejercer el cargo de ministro. El Congreso debe pedir los registros de vacantes, relevos y evaluaciones para establecer si su permanencia retrasó el trámite de ascenso de coroneles y otros oficiales. Si quienes acrediten un perjuicio acuden a la Corte por la vía correspondiente, esta debe examinar de fondo si se respetó el procedimiento legal. Para un oficial próximo al retiro, una demora indebida puede cerrar la posibilidad de ascender al grado inmediato superior.

La decisión de los 160 diputados

El Congreso debe declararse en sesión permanente, resolver si ratifica, modifica o imprueba el Estado de Sitio y escuchar a los ministros de Gobernación y Defensa, al Fiscal General y a los responsables de inteligencia civil y militar. Al Gobierno debe exigirle un plan con responsables, plazos y resultados verificables. A la fiscalía debe pedirle que informe, dentro de los límites de la reserva, sobre el curso de las investigaciones.

Si el pleno encuentra razones para respaldar la gestión de los ministros, debe exponerlas ante el país y fijar una fecha para evaluar sus resultados. Si la fiscalización revela fallas graves de conducción, corresponde interpelar a los ministros responsables y llevar a votación la falta de confianza. Al menos cuatro diputados deben plantearla tras la interpelación y se requieren 81 votos para aprobarla.

El criterio para decidir quién debe continuar es su capacidad demostrada para proteger a la población y corregir las fallas de su gestión. Si un ministro ya no puede enderezar el rumbo, debe hacerse a un lado. Si el presidente decide mantenerlo, los 160 diputados tienen la obligación de fiscalizar esa decisión y, cuando corresponda, votar.

 

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