Ciudad de Guatemala, 19 enero (Diestra).- El recién estrenado presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha citado a una reunión a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, quien intentó revertir los resultados del proceso electoral para impedir su investidura.
El Gobierno informó que el presidente envió una carta a Porras en la que la invita a reunirse con él el próximo 24 de enero en el Despacho Presidencial. a las 10 hora de Guatemala.
Sobre la carta
En la carta, el mandatario solicita un informe sobre los siguientes aspectos fundamentales:
- Avance de los procesos penales a cargo del Ministerio Público promovidos en virtud de orden dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta se ha declarado la responsabilidad del Estado por denegación de justicia a las víctimas y se ha condenado al Estado de Guatemala al pago de reparación e indemnización.
- Criterios de la política de persecución penal respecto del derecho humano de la libertad de expresión y prensa. Esto ante el reciente caso en el que el MP pretendió iniciar un proceso penal contra varios periodistas y columnistas de elPeriódico. Esta acción fue desestimada por la jueza de primera instancia por inobservancia de los preceptos constitucionales y convencionales que rigen la materia
- Existencia de una investigación penal relacionada con el proceso de la compra de vacunas contra el COVID-19 y sobre las que trascendieron anomalías como: posibles pagos de sobornos con fondos del erario. Inexistencia de planificación para una campaña de vacunación y retrasos en la entrega del producto por parte del proveedor, lo cual vulneró el derecho a la vida y la salud.
- Protocolo de actuación del MP al momento de ser notificadas al estado de Guatemala medidas cautelares decretadas por la CIDH para personas consideradas víctimas de afectación de sus derechos fundamentales.
En la misiva, el Gobierno señala que con la información brindada se girarán instrucciones a los funcionarios del Organismo Ejecutivo que colaboran con el sector de seguridad y justicia.
El objetivo es asegurar el cumplimiento de sus atribuciones dentro del marco constitucional vigente. Asimismo, los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos según la Política General de Estado, apunta.
Desde el 2 de octubre pasado y durante más de 100 días, las autoridades ancestrales guatemaltecos iniciaron sendas protestas para exigir la renuncia de la fiscal general, del titular del la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, entre otros, por su intervención en el proceso electoral.
Arévalo, que entonces era presidente electo, denunció que Porras lideraba un supuesto plan para impedir su investidura con las acciones realizadas por la FECI, que incluso secuestró del Tribunal Supremo Electoral las actas de los resultados de las votaciones.
Porras se mantuvo firme en el cargo y Arévalo dijo que le iba a pedir su renuncia, aunque el puesto de la fiscal general está blindado desde 2019 y solo se le puede destituir con causa justificada y con sentencia firme de un tribunal.
En la carta, el presidente, que asumió el 14 de enero para un periodo de cuatro años, empero, no menciona la petición de renuncia.
Fotos: Gobierno de Guatemala
