Ciudad de Guatemala, 11 julio (Diestra).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra casi a punto de oficializar los resultados del escrutinio de las elecciones generales celebrada el 25 de junio pasado en Guatemala, una vez la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha declarado improcedente la ejecución de un amparo en favor de unos partidos políticos que pidieron el recuento de votos.
Los magistrados del TSE, presidido por Irma Palencia, se encuentran verificando las actas enviadas por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) para que todo esté conforme a la ley y también resolviendo varias recursos de nulidad que se presentaron.
El portavoz del Tribunal Electoral, Gerardo Ramírez, dijo que se espera que durante la jornada de este martes los magistrados oficialicen los resultados de los comicios generales y se proceda a la designación de los cargos para dar paso a la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 20 de agosto.
El nuevo balotaje se realizará entre los dos candidatos presidenciales más votados luego de que en la primera vuelta del 25 de junio ninguno de los más de 20 aspirantes logró el 50 por ciento más uno de los votos válidos.
La segunda vuelta sería entre los socialdemócratas Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla.
Uno de los magistrados del TSE, Gabriel Aguilera, y la propia presidenta de ese organismo, Irma Palencia, han reiterado que el 20 de agosto próximo se celebrará el segundo balotaje y que la población guatemaltecas debe confiar el Tribunal Supremo Electoral.
El lunes la CSJ reveló que había declarado improcedente la ejecución de un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) en favor de varios partidos políticos que pidieron la revisión de las actas del escrutinio por estar en desacuerdo con los resultados de la elección.
Sin embargo, manifestó que el TSE cumplió con las audiencias de revisión, lo cual abrió las puertas para que se oficialicen los resultados, aunque no se descarta que los inconformes recurran a nuevas acciones legales para detener el proceso. Foto archivo TSE
