Lógicamente los funcionarios externan que son grupos políticos que desean desestabilizar al actual Gobierno, y estos grupos remarcan en la incompetencia de las autoridades encargadas de la seguridad pública.
Por: Diestra
Los residentes de Vancouver, en Canadá, se congregaron el domingo en distintas vigilias en homenaje a las 11 víctimas del atropello masivo que tuvo lugar el sábado durante la celebración del festival Lapu Lapu que honra la tradición filipina en el país norteamericano.
Mientras que en Guatemala el mismo sábado, 8 personas, entre ellas dos niños de 7 y 12 años de edad, fueron acribilladas por un grupo de gente armada en un céntrico sector de la Ciudad de Guatemala. No hubo vigilia y menos voces de rechazo ante una ola de violencia que afecta al país centroamericano, donde los hechos violentos relacionados con armas de fuego están aumentado.
¿Cuál es la diferencia de ambos hechos lamentables? ninguno lo pensaría, pero la diferencia radica en la indiferencia de la sociedad guatemalteca. Hay grupos en este país más preocupados por la detención de dos exdirigentes de una agrupación indígena que hace política pública, que los crecientes asesinatos donde los menores de edad empiezan a formar, alarmantemente, las cifras mortales de la criminalidad.
Otro hecho registra el asesinato de un niño de 9 años, que fue degollado con un machete por un adulto, asesinato registrado en una comunidad del oeste del país.
Guatemala enfrenta una esperial violenta, enfrentada entre grupos ideológicos que pelean por sus propios intereses, y no por lograr acuerdos que lleven al país por una ruta sin violencia.
Lógicamente los funcionarios externan que son grupos políticos que desean desestabilizar al actual Gobierno, y estos grupos remarcan en la incompetencia de las autoridades encargadas de la seguridad pública.
Analistas sugieren crear una mesa de diálogo para buscar como sociedad, una ruta que detenga la violencia en Guatemala.
Otros, recomiendan solicitar al vecino Presidente Nayib Bukele, que logró reducir la delincuencia en El Salvador, que apoye y traslade sus fórmulas efectivas para que se implementen, no solamente en Guatemala, sino también en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, porque la región muestra alarmantes indicadores de muertes violentas, que han superado las cifras que dejaron los enfrentamientos armados hasta los años noventa.
La solución no está a la vuelta de la esquina, pero lo que sí es altamente visible es la incompetencia de los encargados de los Ministerios de Gobernación y de Seguridad Pública.
En Guatemala, el enfrentamiento entre el Presidente y la Fiscal General, ya se interpreta como un berrinche del gobernante, porque si el Ministerio Público es inoperante, debe mostrarlo y buscar consensos para corregir el rumbo de la entidad, que lógicamente no se resolverá con colocar en dicho cargo a un amigo y, en otro caso, con aliado que le brinde protección.
Frente a la escalada de violencia que afecta a Centro América, con excepción de El Salvador, no hay más salida en la que todos los sectores aporten ingredientes para detener este ambiente. La función pública es política, pero nunca se debe preferir la política partidista para gobernar, porque al final no se gobierna.
