Por René Aguilar. Revista Diestra/Fotos PNC archivo
Ciudad de Guatemala, 30 agosto (Diestra).- Las extorsiones son un negocio indetenible en Guatemala que se escribe con tinta de sangre. Son un sinónimo de vida o deceso. Si pagas vives y trabajas o de lo contrario se firma la sentencia a muerte. De esto no escapan los pequeños negocios, que a veces son los principales blancos de las estructuras que se dedican a estos delitos en el país, con más de 17 millones de habitantes, más de la mitad de ellos viviendo en la pobreza.
Los responsables de mantener atemorizada a la población al exigir la extorsión, ya sea diaria, semanal, quincenal o hasta mensual, son los miembros de las pandillas Mara Salvatrucha (MS) y del Barrio 18, y sus estructuras, pero también hay de los denominados «imitadores», según le comentó a Diestra la Revista, un agente de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) de la Subdirección General de Investigación Criminal de Policía Nacional Civil (PNC).
Y es que a estos grupos solo les basta con tirar un teléfono móvil en los negocios para amenazar a sus víctimas. El monto depende del tamaño del negocio. En las extorsiones están metidas las mujeres, que en su mayoría son las que vigilan, recogen el dinero o prestan sus cuentan bancarias para que depositen la cantidad que los denominados mareros les exigen a los guatemaltecos, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía contra la Extorsiones del Ministerio Público.
*Te va bien en tu negocio va. Te llamamos para que nos des solo un pago por todo el año para ayudar a los homies si no ya sabes, atenete a las consecuencias. Esta llamada la recibió en 2022 un propietario de una sevichería de la zona 18 de la capital la cual había abierto para agenciarse de dinero debido a la pandemia de la covid-19 que llegó a Guatemala en 2020. Sus pedidos por internet para entregar a domicilio. Poco su venta una vez a la semana, los viernes o sábado, pero tras la amenaza, eliminó su cuenta de Facebook y se quedó sin empleo de nuevo. La investigación que realizó DIPANDA estableció que los responsables eran los «imitadores», es decir gente que se hace pasar por pandilleros para atemorizar a sus víctimas.
La extorsión es uno negocio millonario al que solo el transporte público le genera unos 300 millones de quetzales al año, según estimaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Pero en Guatemala son extorsionados todos los comercios, que van desde las tortillerías, panaderías, tiendas, puestos de venta de mercados, fábricas, almacenes, camiones repartidores de productos o hasta los recolectores de basura. Los integrantes de estas estructuras a medio año exigen a sus víctimas el pago del bono 14 y al final del año el aguinaldo como si fueran trabajadores de la economía formal.
“Las extorsiones son un delito que también afecta a la seguridad en Guatemala”, de acuerdo con el investigador Wálter Menchú, director ejecutivo del Centro de Observancia en Seguridad Ciudadana del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Este centro de pensamiento privado hace cada mes un análisis de los casos de extorsiones que se registran en el país centroamericano, donde miles de personas y comercios son extorsionados por los pandilleros o delincuentes que les exigen dinero a cambio de no matarlos.
En 2021, un total de 659 personas fueron condenadas en Guatemala por el delito de extorsión, mientras que otras 1.631 fueron vinculadas a un proceso penal por la misma causa, de acuerdo con datos del Ministerio Público (MP) divulgados en diciembre pasado.
El CIEN sostiene que las denuncias por extorsiones sobrepasan las 1.000 cada mes y que la tasa interanual, hasta julio del 2022 fue de 80.8 por cada 100.000 guatemaltecos. La denuncias descendieron durante ese mes a 1.164, la cifra más baja de los siete primeros meses de este año.
