En el Estado de Florida 294 están detenidos por cometer delitos sexuales, entre ellos una mujer.
Por: Lisa María Lou | Diestra
Lunes, febrero 17, 2025.
En el Estado de la Florida, donde cobró vigencia la pena de muerte para aquellas personas que sean encontradas culpables del delito de abuso sexual contra menores de 12 años de edad, están detenidos cuatrocientos nueve guatemaltecos (409), de los cuales 26 fueron sentenciados a la máxima pena, cadena perpetua. De estos cuatrocientos nueve (409), doscientos noventa y cuatro (294) están detenidos por cometer delitos sexuales, según registros del Departamento de Correcciones de Florida (FDC
Doscientos noventa y tres hombres y una mujer. Ciento veintidós (122) guardan prisión por haber cometido cualquier acto sexual con un niño de 12 años de edad o más, pero menor de 18, que se explica como delito sexual con menores. Noventa y ocho (98) están encarcelados por agresión sexual que describe a un delito de violación o asalto sexual. Y setenta y cuatro (74) por comportamiento lascivo que se define como actos sexuales o contacto con cualquier persona menor de 16 años. Además de la sentencia de cárcel estas personas se incluyen en registros públicos de agresores sexuales.
Estas estadísticas se conocen en momentos en que El Estado de Florida aprobó una legislación que establece la pena de muerte obligatoria para inmigrantes indocumentados condenados por delitos capitales: asesinato en primer grado y violación de menores.
La medida, promovida por el Gobernador Ron DeSantis, ha generado puntos encontrados derivado de su constitucionalidad y posibles implicaciones legales.
Además de la pena de muerte obligatoria para ciertos delitos, la ley introduce sanciones más severas para inmigrantes indocumentados y establece nuevos delitos relacionados con la entrada ilegal al estado.
Se asignaron poco más 298 Millones de dólares para su implementación, autorizando la contratación de más agentes de seguridad dedicados a la supervisión de migrantes.
La legislación crea una Junta Estatal de Aplicación de la Inmigración, compuesta por el Gobernador, el Comisionado de agricultura, el Fiscal General y el Director Financiero, que coordinará las actividades de aplicación de la ley migratoria en el Estado.
También se eliminó la disposición que permitía a estudiantes indocumentados acceder a matrículas universitarias a tarifas estatales, revocando una ley de 2014 que otorgaba este beneficio. La ley también tipifica como delito menor la permanencia en el Estado para inmigrantes indocumentados mayores de 18 años, con penas de hasta nueve meses de cárcel para los infractores y sanciones más severas para reincidentes.
