Frente a las oficinas de la congresista Norma Torres en Ontario, California, un grupo de aproximadamente 70 personas que son parte de una coalición de organizaciones proinmigrantes, lideradas por la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), lanzó la campaña “Abramos las Puertas a la Residencia Permanente a través del Registro”, un esfuerzo legislativo para dar alivio migratorio a 8 millones de inmigrantes indocumentados.
La congresista demócrata de Inland Empire, Norma Torres, es una de los seis autores de la medida HR 8433, Renovando las provisiones de migración del Acta de Migración de 1929, que actualizaría el proceso de ajuste del estatus migratorio en el Acta de Nacionalidad y Migración (INA), más conocido como registro.
“Lo que estamos proponiendo es incluir una enmienda a lo que ya es ley. La propuesta es de menos de una página”, explicó Angélica Salas, líder de CHIRLA en entrevista con La Opinión.
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Dijo que hay oportunidad de aprobar la enmienda al registro, sobre todo después de las elecciones de noviembre, pierdan o ganen los demócratas.
“No es una reforma migratoria sino lo que estamos proponiendo es hacer cambios a un pedacito de la ley de migración que ya existe”.
Desde luego, aclaró que se requerirán de al menos 60 votos para aprobar la enmienda al registro, incluyendo los de algunos republicanos, pero dijo que eso es parte del trabajo de las organizaciones que abogan por este cambio.
“Confiamos en tener votos republicanos porque algunos de ellos están apoyando a los trabajadores agrícolas para que arregle su estatus migratorio”.
Pero sin duda reconoció que aunque los demócratas les han prometido muchas veces una reforma migratoria y no les han cumplido, es tiempo de presionarlos para que no sigan ignorando a la comunidad inmigrante.
“Entiendo que hay escepticismo y que la gente ya no cree, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Yo no estoy dispuesta a no hacer nada porque veo el sufrimiento de nuestra gente todos los días a través de sus sueños truncados y las familias separadas; y DACA ya no existe”.
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Enfatizó que no pueden quedarse callados sino reconstruir el ánimo y la voluntad de luchar para beneficiar a 8 millones de inmigrantes.
En la actualidad, explicó Salas, el registro permite la regularización a quienes llevan 7 años en el país, hasta antes de 1972. La propuesta es actualizarlo, para que sea hasta 2015, contando 7 años atrás de estancia en el país para dar la residencia a personas con buen carácter moral y que contribuyen al país.
Los otros autores de la HR 8433 son los congresistas Zoe Lofgren y Lou Correa de California, Grace Meng y Adriano Espaillat de Nueva York y Jesús “Chuy” García. Ha recibido el respaldo de 54 miembros de la Cámara de Representantes; y es apoyada por más de 120 organizaciones.
El registro se promulgó por primera vez a través de la Ley de Registro de 1929 y permitió que ciertos inmigrantes que habían estado continuamente presentes en Estados Unidos desde el 3 de junio de 1921 solicitaran la residencia permanente.
Desde entonces, la fecha límite de elegibilidad para el registro ha sido modificada en varias ocasiones. La última vez que se actualizó la disposición fue en 1986. Para calificar se requiere que un inmigrante haya vivido en Estados Unidos desde el 1 de enero de 1972.
Walter Ventura, beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS), dijo que la enmienda al registro, los beneficiaría para que sus familias pudieran vivir con tranquilidad, sin el temor de ser deportados y que sus hijos queden abandonados.
“Es tiempo de que nos retribuyan a los trabajadores esenciales todo lo que hicimos en la pandemia, ya que hemos perdido familiares y compañeros de trabajo”.
Invitó a todos a unirse, incluyendo a los congresistas.
“Sabemos que no va a ser fácil ganar esta lucha, pero si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos ganar, porque es algo justo, cambiar la ley para que 8 millones de personas sean beneficiadas”.
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Carlos Cubillo, beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) desde hace 10 años, y trabajador comunitario, dijo que al cambiar el registro, ayudarían a que mucha gente que es leal a este país y que contribuye a esta economía, logre sus sueños.
“Ellos consideran a este país como su hogar. Este no es un problema de migración sino de derechos humanos. Merecemos un proceso en el que podamos aplicar por la residencia con camino a la ciudadanía”.
Subrayó que así como apoyaron al presidente Biden a que llegara a la presidencia, ocupan que les regrese el favor y los ayude a empujar a modificar la ley del registro.
“No podemos esperar otros 36 años. Tenemos que cambiar esa ley para que esté lo más cerca del 2022”.
Dijo que además esta ley beneficiaría a los estudiantes que se están graduando de la secundaria y le han echado muchas ganas. “Merecen la oportunidad de ser residentes”.
Lourdes Bautista, residente de Ontario, California, y madre inmigrante de tres hijos, dos de ellos beneficiarios de DACA y una niña menor nacida en este país, dijo que emigraron hace 20 años con la esperanza de un mejor futuro.
“Nos hemos dedicado a trabajar y ayudar a nuestros hijos en la escuela para que puedan desarrollar sus talentos y aportar a la comunidad”.
Bautista dijo que ella es parte de los 11 millones de inmigrantes que han luchado por un alivio migratorio que les permita desarrollarse y les dé libertad.
“El presidente Biden no ha luchado fuerte y se ha quedado corto para cumplir con las promesas que nos ofrecieron. No hemos visto los resultados que tanto nos prometió”.
Dijo que ahora es el tiempo de que les cumpla, apoyando una actualización del registro. “Aquellos que quieran gobernar deben ver a la migración no como una crisis continúa sino como un proceso civil normal y ordenado para que quienes han trabajado y aportado obtengan una tarjeta verde”.