La Opinión
El gobierno del presidente Joe Biden descartó presentar una apelación sobre un programa en la frontera que le permitía liberar a inmigrantes, mientras esperaban una decisión sobre sus casos, luego de que un juez federal en Florida determinara que era ilegal.
Se trata del programa llamado “parole + ATD”, es decir, libertad condicional más la integración del inmigrante al programa de alternativo a la detención.
La semana antepasada, el juez de Distrito, Kent Wetherell II, culpó al presidente Biden por la crisis fronteriza y le dio una ventana de siete días para presentar la apelación, periodo que terminó el miércoles, reportó el Miami Herald.
Defensores de inmigrantes advirtieron que esta decisión podría provocar hacinamiento en la frontera.
Esta victoria para Moody lo es también para el gobernador Ron DeSantis, quien ha sido uno de los principales críticos de la política migratoria de Biden, aunque enfrenta investigaciones y demandas por el traslado irregular de no ciudadanos de Texas a Massachusetts, a la isla Martha’s Vineyard.
En su decisión, el juez Wetherell señala que la ley migratoria es clara al indicar que un inmigrante debe permanecer bajo detención, mientras espera una decisión sobre su petición de asilo.
“Si dicho extranjero indica la intención de solicitar asilo o temor de persecución, el extranjero ‘será detenido’ en espera de una determinación final de asilo o temor creíble de persecución”, escribió en su opinión de 109 páginas.
